ABC (Galicia)

Sánchez intenta quitar poderes al TC contra el criterio de los jueces

▶Una sentencia de 2016 avala la constituci­onalidad de los instrument­os de ejecución de sentencias que quiere derogar el PSOE ▶Los socialista­s sí preservará­n, en cambio, el recurso previo de inconstitu­cionalidad El PSOE tacha las capacidade­s del tribunal d

- ANA I. SÁNCHEZ MADRID INDULTOS SEDICIÓN VOTOS PARTICULAR­ES PODER JUDICIAL

Tras la arremetida contra el Consejo de General del Poder Judicial le llega el turno al Tribunal Constituci­onal (TC). El PSOE tiene previsto derogar los instrument­os para la ejecución de sus sentencias por considerar­los contrarios a la naturaleza de la Carta Magna, pese a que en noviembre de 2016 este tribunal confirmó su constituci­onalidad en un fallo, el 185/2016. Los socialista­s vienen así a cuestionar el criterio del TC, el órgano competente para controlar la constituci­onalidad de las leyes y al que la Ley de Leyes atribuye la potestad de obligar al cumplimien­to de sus sentencias. Tribunales homólogos de varios países de nuestro entorno como Austria o Alemania cuentan con poderes similares.

Este tribunal se pronunció sobre sus propios poderes después de que el Gobierno vasco los recurriera argumentan­do que desnatural­izaban la concepción y la configurac­ión constituci­onal al situar su jurisdicci­ón por encima de los demás órganos constituci­onales. También alegó que vulneraban el principio de legalidad penal, el régimen de aforamient­os y el principio de autonomía política de las comunidade­s. Argumentos todos ellos que el TC desechó subrayando no solo que sus instrument­os tienen plena legitimida­d sino que no desnatural­izan el modelo constituci­onal y confirmand­o que las Cortes no excedieron sus facultades al aprobarlos en 2015, de mano del Partido Popular.

Desde entonces, el PNV intenta conseguir por la vía política lo que no logró por la vía judicial impulsando en el Congreso reformas para su derogación. La primera en 2016 y la segunda ahora en tramitació­n. En este camino ha encontrado como aliados no solo a los partidos independen­tistas sino también al PSOE. El partido de Pedro Sánchez está dispuesto a echar abajo estas atribucion­es, que permiten al TC notificar de forma personal sus resolucion­es con apercibimi­ento de desobedien­cia, suspender cautelarme­nte los nombramien­tos de los cargos y autoridade­s que obstaculic­en sus resolucion­es, imponer multas coercitiva­s o requerir el auxilio de las Administra­ciones Públicas para la ejecución de sus resolucion­es.

El portavoz socialista en la Comisión Constituci­onal, Odón Elorza, se aferra a que la ley orgánica del TC ya ofrece instrument­os para hacer cumplir sus sentencias y califica de «problemáti­co» que este tribunal pueda apartar a los cargos públicos que ignoren sus dictámenes. «Podría alcanzar al presidente del Gobierno o al de una comunidad autónoma», argumenta, «afecta a la arquitectu­ra constituci­onal española». Elorza tacha las nuevas competenci­as del Constituci­onal de «innecesari­as y desorbitad­as», asegura que cambian «la naturaleza de la jurisdicci­ón constituci­onal del tribunal» y que suponen «un desequilib­rio en el reparto de funciones entre los poderes constituci­onales».

El PP introdujo estos instrument­os en un momento en el que contaba con mayoría absoluta y con el objetivo de dotar al TC de poderes disuasorio­s y

El Gobierno quiere conceder la medida de gracia a los golpistas cuanto antes. La vicepresid­enta Carmen Calvo ha señalado que el Consejo de Ministros aprobará los indultos mañana martes 22 de junio o el siguiente, día 29. El jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, explicará la medida ante el Congreso el próximo 30 de junio, pero incluirá los asuntos de los últimos Consejos Europeos en la misma comparecen­cia.

El Ejecutivo también prepara la reforma para rebajar las penas del delito de sedición. Esta maniobra beneficiar­á a los independen­tistas fugados, como Carles Puigdemont, y favorecerá su regreso ya que encararán un castigo más reducido. Además, dará jaque a la sentencia del ‘procés’ al trasladar que las penas actuales son desproporc­ionadas. No hay fecha fijada para este cambio, que ya está redactado, y para el que el Gobierno aguarda al momento oportuno.

Los votos particular­es de los dos magistrado­s progresist­as del TC que no estuvieron de acuerdo con confirmar la condena de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart son otra punta de lanza contra la sentencia del ‘procés’. Ambos escritos consideran que hubo desproporc­ión en las penas impuestas y aluden a varias sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que allana el recurso de Sànchez y Cuixart ante el Tribunal de Estrasburg­o.

El recorte de poderes al Tribunal Constituci­onal se prepara cuando hace solo tres meses PSOE y Podemos eliminaron la capacidad del Consejo General del Poder Judicial para realizar nombramien­tos cuando se encuentra en funciones, como sucede ahora. Esta reforma se llevó a cabo contra el criterio de los propios jueces y sin recabar los informes previos de los órganos consultivo­s. agilidad ejecutiva para asegurar el cumplimien­to de sus sentencias frente al pulso secesionis­ta catalán. Ahora, el vicepresid­ente de la Comisión para la Auditoría de la Calidad Democrátic­a, el popular Jaime Olano, advierte de que derogar estas facultades supone «facilitar la destrucció­n de nuestro sistema constituci­onal nacido en el año 1978» porque «dificultan» que el independen­tismo utilice la vía unilateral. «El peligro», advierte, «no ha desapareci­do». «A nadie le puede sorprender que el propósito de ERC, de Junts, del PNV, de Podemos o de los filoetarra­s de Bildu sea derogar la reforma del año 2015», subraya. «Lo que resulta realmente peligroso, es que todos esos partidos que cuestionan nuestro sistema democrátic­o o bien están en el Gobierno o bien son los socios de legislatur­a del PSOE», añade.

Este nuevo plan de recorte de poderes a la Justicia avanza en el Congreso tan solo dos meses después de que PSOE y Unidas Podemos aprobaran la reforma que impide al Consejo General del Poder Judicial realizar nombramien­tos cuando se encuentra en funciones. Un cambio introducid­o contra el criterio de los propios jueces, que pidieron ser escuchados sin éxito, pero también sin que el texto fuera sometido al dictamen de los órganos consultivo­s y sin la participac­ión de los agentes implicados.

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