El espejo del supremacismo letón en el que se mira Cilevics
El autor del informe que ha dado lugar a la resolución aprobada ayer en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa es el socialista letón Boris Cilevics, representante de un país en el que existen miles de no ciudadanos; es decir, personas a las que el Estado nacionalista se niega siquiera a aceptar su existencia. A pesar de ser miembro de la Unión Europea, Letonia practica una vergonzosa política de segregación contra personas que han nacido en su territorio antes de la independencia pero a los que se niega su condición de ciudadanos. Se trata de una legislación supremacista con la que soñarían los más radicales independentistas.
Letonia proclamó su independencia en 1918 y 21 años más tarde fue ocupada por la Alemania nazi. En 1944 los alemanes fueron desalojados por los soviéticos y el pequeño país fue absorbido por la Unión Soviética, de la que formó parte durante más de 50 años, tiempo en el que rusos y letones se mezclaron como en otros lugares de aquella superpotencia. Pero cuando se proclamó la restauración de la independencia letona en 1991, las leyes del nuevo país establecieron que solo eran letones aquellos que figuraban en el censo en 1944 o sus descendientes directos. Aunque el acuerdo por el que Moscú reconocía su independencia asumía que todos los residentes legales serían reconocidos como ciudadanos, las nuevas autoridades decidieron que los no letones de origen no serían reconocidos como ciudadanos aunque hubieran nacido en Letonia. Alrededor del 10% de la población, más de 200.000 personas, viven en ese país con un documento en el que se especifica que son ‘no ciudadanos’. La única forma de obtener la nacionalidad de Letonia es pasar un examen de lengua letona y otro de ciudadanía en el que se tiene que aceptar una versión simplista de la historia en la que los rusos tienen el papel de perversos ocupantes, mucho más perniciosos que los nazis. Es decir, todos aquellos ciudadanos de origen ruso (un tercio de la población) que quieran ser considerados como ciudadanos, deben renunciar a su cultura y a su identidad. En caso contrario, no pueden trabajar ni como bomberos ni como funcionarios, ni votar ni viajar fuera de la UE con ese pasaporte de ‘no ciudadanos’.