La ley de vivienda plantea prórrogas obligatorias de los alquileres
▶ Los propietarios en áreas ‘tensionadas’ no podrían recuperar su casa en tres años
Otra de las grandes hoteleras que ya se ha desprendido de alguna propiedad es Riu, que tiene más de un 80% de sus establecimientos en propiedad. En concreto, vendió su hotel ubicado en la playa del Inglés, en Gran Canaria, a la cadena Servatur por una cantidad que supera los 30 millones de euros. Otras inmuebles que se dispone a vender son los hoteles que cuenta en Madeira, Panamá y Lanzarote, aunque fuentes de la compañía aseguran a ABC que la compañía no aceptará una oferta a la baja.
No es casualidad que Canarias sea uno de los destinos donde mayor movimiento hay de ventas. La situación turística en las islas no es la mejor ante las restricciones de países emisores, lastrando a una región cuya comercialización turística está en su mayor medida en manos de los turoperadores. «Canarias va a seguir sufriendo mucho», expresa Ivar Yuste, que cree que las rebajas de precio y las mayores ventas se localizarán en las islas.
Barcelona es otro de los destinos donde podría haber más movimientos. Aunque al contrario de Canarias, los precios suben por la moratoria hotelera que impuso Ada Colau, que limitó la apertura de nuevos hoteles o apartamentos turísticos. De ahí que NH esté a punto de vender el Gran Hotel Calderón. Aun así, los expertos señalan que habrá que ver si los indultos a los políticos catalanes avivarán de nuevo los disturbios en las calles. Un hecho que podría ahuyentar la inversión hotelera en Cataluña.
Cuatro meses después de la fecha límite que Unidas Podemos y PSOE fijaron para llevar al Congreso la nueva ley estatal de vivienda, la coalición de Gobierno sigue sin cerrar un acuerdo, pero ya han encontrado un punto en común donde empezar a entenderse. Concretamente, en la congelación de los contratos de alquiler en las áreas que sean denominadas como ‘tensionadas’. Una definición todavía abierta, pero que inicialmente abarcaría a los distritos de las grandes capitales donde haya existido un crecimiento exponencial de los precios en los últimos años.
En estas zonas, la medida no solo conllevará la congelación de los precios, sino que también los contratos serán prorrogados obligatoriamente mientras esas zonas permanezcan bajo esa denominación, según apuntan a este periódico fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El periodo propuesto, en principio, sería de tres años.
Es decir, una vez la norma entre en vigor, el inquilino podrá mantener el mismo contrato durante ese periodo, aunque eso suponga superar los cinco años que estipula la ley (siete en el caso de las personas jurídicas) con derecho a disponer de esa vivienda en alquiler.
En definitiva, en numerosos casos, el propietario podría no recuperar su vivienda hasta que el inquilino cumpla su octavo año de contrato, tres años más de lo que dicta la ley de arrendamientos actual, en caso contrario a que no pueda demostrar que necesita esa propiedad. Una medida, que según apuntan algunas fuentes del sector, evitaría que cientos de caseros retiren sus bienes inmobiliarios del mercado de alquiler residencial, para ponerlo en el de compraventa o el de alquiler turístico, al querer huir de la limitación de precios.
Algo que está sucediendo en Cataluña desde la entrada de la normativa que regula los precios de los alquileres en septiembre del año pasado. Porque como señaló el portal inmobiliario Idealista, lejos de solucionar el problema de acceso a la vivienda, la oferta de pisos disminuyó hasta marzo en buena parte de los 60 municipios de la comunidad donde se aplicó la norma. Destacando sobre todo Barcelona, donde el ‘stock’ de vivienda se redujo más del 10% en tan solo seis meses. Por diferenciar, en Madrid, la otra considerada como gran
Pero la negociación de la norma no está ni mucho menos cerrada. Como ya adelantó la semana pasada este periódico, Unidas Podemos continúa en su afán de regular los precios a la baja estableciendo unos topes por debajo de los valores actuales en las zonas que se denominen como ‘tensionadas’.
En cualquier caso, la intervención del precio es la medida que más preocupa a las inmobiliarias. Expertos del sector, como el director de estudios de Pisos.com, Ferran Font, valoran que se dé un paso adelante en la creación de una ley que regule el mercado, pero avisa de que la congelación de las rentas «es una medida que genera dudas desde el principio, pues leyes parecidas como la de Berlín ya han sido declaradas inconstitucionales, más allá de provocar efectos contrarios a los deseados como son la disminución de la oferta, economías sumergidas, mayor obsolescencia del parque de alquiler...». Además, Font cree que la medida llega tarde, pues precisamente en las zonas más tensionadas «es donde se registran tendencias bajistas, con caídas de alrededor del -15% en capitales como Madrid o Barcelona», subraya.
También lo prevé el director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, que aunque cree que la congelación es «un mal menor» a una intervención directa de los precios, «se corre el riesgo de que los arrendadores no vean atractivo el mercado del alquiler o bien que no puedan mantener el coste de obras y opten por la venta y se reduzca así el parque del alquiler».