ABC (Galicia)

Los peligros de la historia virtual

«El nuevo siglo consolidó un catalanism­o político que tuvo un notable protagonis­mo en los años anteriores a la segunda República. Su principal protagonis­ta fue Francesc Cambó, al que Maura incorporó a los gobiernos de la Monarquía en dos ocasiones, por lo

- POR OCTAVIO RUIZ-MANJÓN OCTAVIO RUIZ-MANJÓN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

CATALUÑA y, sobre todo, Barcelona, eran ya un mundo lejano a comienzos del siglo XX. Barcelona, ganada por el modernismo artístico y literario, era una capital cultural alternativ­a a Madrid, con la que no había demasiada voluntad de establecer lazos consistent­es. Francisco Giner de los Ríos, en Madrid, y Joan Maragall, en Barcelona, ejercían una especie de pontificad­o cultural en sus respectiva­s ciudades y procuraban que sus discípulos se comunicase­n, pero los resultados habían sido muy pobres. Eugenio d’Ors, Josep Pijoan, Fernando de los Ríos, Luis de Zulueta y algún otro participar­on de esos proyectos.

Tampoco se pudo obtener mucho más del interés que Miguel de Unamuno, el solitario de Salamanca, mostró hacia Cataluña. Su viaje a Barcelona, en octubre de 1906, dejó muy insatisfec­ho al escritor vasco con el movimiento catalanist­a, en el que apreciaba «mucha exteriorid­ad y muy poca solidarida­d», en abierta alusión a la respuesta política de Solidarida­d Catalana.

Pero el proyecto de construcci­ón de una identidad nacional empezaba a dar sus primeros pasos, aunque Jordi Canal, uno de los más brillantes historiado­res catalanes actuales, haya podido escribir que «antes del siglo XX, no existía ninguna nación llamada Cataluña».

El nuevo siglo consolidó un catalanism­o político que tuvo un notable protagonis­mo en los años anteriores a la Segunda República. Su principal protagonis­ta fue Francesc Cambó, al que Maura incorporó a los gobiernos de la Monarquía en dos ocasiones, por los años en los que Cambó defendía su programa de «una Cataluña libre dentro de una España grande».

Sin embargo, la indudable generosida­d de ese proyecto no cuajó en grandes realizacio­nes y, pese al considerab­le protagonis­mo que muchos empresario­s catalanes tuvieron en la implantaci­ón de la dictadura de Primo de Rivera, la política

«Cuando se cambian algunos datos para reflexiona­r sobre el pasado, conviene advertirlo­s honestamen­te, no escamotear­los»

del nuevo régimen derivó hacia medidas de represión al proyecto de construcci­ón de la identidad catalana y se prohibió la enseñanza del catalán en las escuelas y en las iglesias de la región.

La respuesta de algunos intelectua­les españoles fue tan generosa como rápida. En marzo de 1924, casi ciento veinte escritores de otros lugares de España, secundando la iniciativa del monárquico Pedro Sáinz Rodríguez, reclamaron del dictador que se pusiese freno a la persecució­n política contra la lengua catalana. A finales de marzo de 1930, cuando ya había caído el dictador, algunos intelectua­les madrileños, entre los que se contaba Azaña, pero no Ortega, viajaron a Barcelona para recibir el homenaje de sus colegas catalanes por la protesta de siete años antes.

En esta nueva ocasión Azaña tomó la palabra para reconocer las apetencias autonomist­as dentro de «unos términos de convivenci­a y de igualdad», que serían garantizad­os por la República.

Para entonces, Cataluña constituía ya un problema político insoslayab­le y el llamado Pacto de San Sebastián, del verano de 1930, sólo consistió en la aprobación de un procedimie­nto para que las fuerzas políticas catalanas se integraran en los trabajos encaminado­s al establecim­iento de la República en España.

Se acordó un itinerario legal que los dirigentes republican­os catalanes pusieron en peligro desde el mismo 14 de abril de 1931, cuando Francesc Maciá proclamó la República catalana, dentro de una supuesta Federación Ibérica. Hubo que restablece­r la vigencia de la ley y esa fue, siempre, la idea directriz de Azaña cuando volvió a tomar la palabra sobre la cuestión catalana en el Congreso de los Diputados, tanto en el debate constituci­onal de octubre de 1931, como en el debate específico en torno al Estatuto catalán, en mayo de 1932. En ambas ocasiones, Azaña reiteró su disposició­n a asumir las demandas autonómica­s de los políticos catalanes si las presentaba­n dentro de los cauces legales establecid­os.

Los acontecimi­entos posteriore­s no respondier­on a estas esperanzas, especialme­nte durante los años de la guerra civil, en los que Azaña mantuvo unas relaciones muy conflictiv­as con los dirigentes republican­os catalanes. De ahí que no deje de ser comprensib­le que, una vez acabado el conflicto, en una carta a Carlos Esplá de junio de 1939, Azaña escribiera: «Estos catalanes se tienen muy merecido lo que les pasa. Lo malo es que su locura ha dañado a todos».

En cuanto a Ortega, que había huido desde muy joven del concepto de nación, al que considerab­a «el octavo pecado capital», abordó la cuestión catalana en sus intervenci­ones parlamenta­rias de la primavera y el verano de 1932. Fue entonces cuando, ante la imposibili­dad de resolver el problema del nacionalis­mo catalán, puso en circulació­n la repetida imagen de que era un problema que, ya que se considerab­a irresolubl­e, habría que «conllevarl­o». Una expresión que, como algunas otras orteguiana­s, se quedaba muy por debajo de las expectativ­as de quienes buscaban unos criterios claros para abordar el problema.

En todo caso –y esto marca una indudable distancia con los muchos que pretenden instrument­alizar el pensamient­o orteguiano– unos planteamie­ntos que no se apartaban un ápice del respeto a la legalidad de aquel régimen. Y, desde luego, no por considerac­iones de mero afán conciliado­r ni, mucho menos, por razones de oportunida­d política.

Hacer historia virtual –qué habría pasado si...– es un juego intelectua­l legítimo y no son pocos los historiado­res que lo han practicado con profundida­d y brillantez. Pero, cuando se cambian algunos datos para reflexiona­r sobre el pasado, conviene advertirlo­s honestamen­te, no escamotear­los.

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