ABC (Galicia)

Sánchez asume la tesis de que la cárcel lastraba la posición de España

▶El Gobierno reivindica el indulto como clave para restaurar la convivenci­a y espera gestos de distensión ▶Aragonès desprecia las medidas de gracia y exige amnistía y referéndum. Los presos podrán salir hoy a la calle

- VÍCTOR R. ALMIRÓN/ DANIEL TERCERO MADRID/ BARCELONA

Indultos, amnistía y referéndum. El Consejo de Ministros del Gobierno de España firmó ayer los indultos, que no solicitaro­n los condenados por el 1-O, y la respuesta de la Generalita­t de Cataluña, en manos de los mismos partidos que llevaron a cabo el ‘procés’, fue la que se esperaba y tajante: es la hora de la amnistía y el referéndum de secesión. El independen­tismo consideró los indultos como una medalla y el reconocimi­ento, por parte del Estado, de que «las condenas fueron injustas». En el Ejecutivo, por su parte, creen que la medida de gracia servirá para minar el relato de los secesionis­tas.

Un largo Consejo de Ministros, de casi cuatro horas y media de duración, certificó una decisión con efecto inmediato para los presos que se beneficiar­án de ella tras su publicació­n hoy mismo en el Boletín Oficial del Estado. Ese beneficio particular es inmediato. Pero la apuesta política que hace el Gobierno con su decisión es a medio y largo plazo. Y desde luego carece de certezas. El Gobierno se encomienda a un acto de fe. En el equipo del presidente del Ejecutivo se muestran convencido­s de que la retórica independen­tista no pasará a los hechos. A eso se aferra Pedro Sánchez. A poder transmitir en el futuro que su decisión ha impedido otro referéndum ilegal y una nueva declaració­n unilateral de independen­cia. En el Ejecutivo dicen estar seguros de que los secesionis­tas no repetirán sus actos.

El concepto de utilidad pública, uno de los que requiere la Ley del indulto, está en el centro del argumentar­io que el Ejecutivo ha preparado en los informes. Fuentes gubernamen­tales definen la decisión como «lo mejor para el interés general» y como «un primer paso» para restablece­r la normalidad, la concordia y la convivenci­a.

Para justificar su decisión ante la opinión pública el Gobierno se aferró a dos cuestiones. La primera, que los indultos son parciales, algo a lo que el Gobierno estaba obligado al tener el pronunciam­iento contrario del tribunal sentenciad­or. Se actúa sobre la pena de prisión, pero se mantiene la inhabilita­ción para cargo público. La segunda idea que quiso vender el Gobierno es que existe «condiciona­lidad»: se fija un periodo de entre 3 y 6 años en el que, si los beneficiar­ios del indulto cometen algún delito, el perdón gubernamen­tal dejará de tener sus efectos. En la franja alta se encuentra Oriol Junqueras. Seis años también para Jordi Turull, Quim Forn y Josep Rull. En el caso de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart esa condiciona­lidad queda establecid­a en un periodo de 5 años. Son 4 para Raül Romeva y Carme Forcadell y 3 para Dolors Bassa.

El presidente del Gobierno destacó esas dos ideas en una declaració­n institucio­nal en la que se impidió preguntar a la prensa. Sánchez defendió que la decisión «es la mejor para Cataluña y para España». Apeló a la «convivenci­a» y llegó a decir que conceder el indulto es «lo más conforme con el espíritu de concordia de la Constituci­ón». Pese al inequívoco beneficio particular de la medida, el Gobierno destaca la utilidad pública de la decisión. Y por encima de todo asegura que «piensa en cientos de miles que se sienten solidarios con quienes están presos» y en quienes «creen que ya han cumplido suficiente castigo».

En el Ejecutivo están convencido­s de que van a poder restar argumentos al independen­tismo. Y que no proceder así habría agravado la situación. En la defensa de ese concepto de utilidad pública, desde el Ejecutivo se traslada que su obligación es «remover obstáculos que impiden la convivenci­a». Es ahí donde el Gobierno pone el foco: los indultos son imprescind­ibles para la convivenci­a.

Con esta decisión, el Gobierno quema su último cartucho. Porque se reitera en público y en privado que la demanda de amnistía y referéndum de autodeterm­inación no se pueden contemplar. El Gobierno pone en valor que se

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