La Generalitat asegura que los indultos son un reconocimiento por parte del Gobierno de «que las condenas fueron injustas»

toma la iniciativa por su parte y que «ahora le toca al independentismo». Y plantea que esas dos propuestas serán rechazadas en la mesa de diálogo. «A diferencia del indulto, esas propuestas no son legales. Y tampoco son deseables», manifiesta un alto cargo del Gobierno.

A partir de aquí, el Gobierno no quiere trasladar todavía cuál es su propuesta. Tanto la «Agenda del Reencuentro», presentada a comienzos de 2020 en la cumbre en Barcelona entre Quim Torra y Sánchez, como la Declaración de Barcelona pactada por PSOE y PSC en 2017, son la hoja de ruta socialista. Ambos textos inciden en la idea de un nuevo encaje para Cataluña en España, de la mano de más recursos.

Aunque el Gobierno considera «muy graves» los hechos de 2017 y los atribuye a la violación de la legalidad de los líderes independentistas, consideran que su estancia en prisión «era algo muy excepcional». Defienden que el hecho de que hubiera penas tan elevadas para líderes políticos «hacía que no se entendiese bien» en el contexto internacional. Y creen, por tanto, que su permanencia en prisión solo contribuía a la «desafección y victimismo del independentismo». Los independentistas, claro, ven esto de otro modo. Y lo interpretan como la debilidad del Estado al asumir, en su opinión, una desproporcionada respuesta judicial.

Sánchez se la juega. Enmienda una vez más su palabra. Y lo hace esperando que, si la intensidad del choque con los independentistas baja, él pueda atribuirse los méritos. «En este momento la prisión era el principal escollo para hablar», dicen. Justifican esta decisión política porque el hecho de que estas nueve personas estuvieran encarceladas «era un callejón sin salida que se planteaba siempre» en cualquier intento de negociación con los independentistas: «Esperamos que los indultos ayuden a generar un clima propicio para poder hablar. Los indultos son el inicio del camino».

Sin embargo, la respuesta del independentismo a la firma de los indultos fue doblar la apuesta. Pere Aragonès (ERC), presidente de la Generalitat, señaló, en primer lugar, que la decisión adoptada por el Gobierno supone «un reconocimiento de que las condenas fueron injustas»; segundo, que los indultos «en ningún caso acaban con una represión contra los que queremos decidir libremente si Cataluña ha de convertirse en una república» y, por último, que no habrá cambio de objetivo

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a corto plazo: «Continuaremos determinados hasta conseguir la amnistía, convencidos de que con la autodeterminación representan los grandes consensos» en Cataluña.

En esta línea, Aragonès, que ahora mismo se ve como el deseo moderado que no existe, recordó, en una comparecencia en el Palacio de la Generalitat acompañado del resto de miembros del Govern catalán, que «es la hora de la amnistía y del derecho a la autodeterminación» y «la hora de un referéndum acordado», que debe ser, además, en opinión de la Generalitat, con «el aval internacional».

Fuentes oficiales del Govern catalán consultadas por ABC aseguraron, ayer, que los indultos no se pidieron, por lo que no se tendrán en cuenta en la mesa de diálogo entre gobiernos.