No habrá anuncio del vencedor en Perú hasta mediados de julio
▶ La Justicia rechaza la petición de un fiscal de prisión preventiva para Keiko Fujimori
Mientras Perú se encuentra a la espera de que la máxima entidad electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, proclame oficialmente al sucesor o sucesora del presidente interino, Francisco Sagasti, un juez negó la petición de prisión preventiva contra Keiko Sofía Fujimori, que la habría hecho regresar por cuarta vez a la cárcel.
Fuentes del organismo electoral señalaron a ABC que la proclamación se prevé para la segunda semana de julio, fecha en que se espera que se resuelvan las cerca de 200 apelaciones en respuesta a las 266 peticiones denegadas de anulación de actas, (en promedio un acta tiene 150 votos), presentadas por ambos partidos. A partir de hoy se empezarán a ver las apelaciones por el pleno de la máxima autoridad electoral peruana, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que preside Jorge Salas Arenas.
Una vez finalizado dicho proceso de revisión de las apelaciones, el JNE declarará al próximo presidente o presidenta de Perú.
El 6 de junio pasado, Fujimori se enfrentó en el balotaje electoral al líder de extrema izquierda, Pedro Castillo. El 15 de junio, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó el recuento completo de los votos, en el que Pedro Castillo gana la elección presidencial por tan solo 44.058 sufragios.
Esta situación es inédita en Perú desde que regresó la democracia en 1980. Nunca antes se tuvo que esperar a que el JNE se pronuncie para que se declare al presidente electo y empiece ya la transición de un gobierno a otro. Tras la petición de anulación de votos por parte de ambos partidos, se esperará el pronunciamiento final del JNE.
«Tenemos la responsabilidad, quien quiera que gane, de iniciar el proceso de transición de gobierno a gobierno. Uno de nuestros encargos fue garantizar en ocho meses de trabajo que se realicen elecciones limpias y transparentes que consideramos se han realizado en nuestro país», explicó la primera ministra, Violeta Bermúdez.
El juez Víctor Zúñiga rechazó la petición del fiscal José Domingo Pérez de revocar la libertad de Keiko Sofía Fujimori por haber incumplido las reglas de conducta, al reunirse con testigos del caso como el excongresista y portavoz de Fuerza Popular, Miguel Torres y la excandidata presidencial y parte del equipo legal, Lourdes Flores Nano.
El juez Zúñiga sustentó su negativa en que el fiscal Pérez «no hizo la formalidad de exhortarla (a Fujimori) de la infracción de la regla», aunque agregó que «sí incumplió con las normas que se le impusieron en abril de 2020».
Por su parte, Keiko Fujimori se defendió al decir: «Es arbitrario, desproporcionado e injusto que se revoque la comparecencia con restricciones que cumplo escrupulosamente. Siempre voy a colaborar con la justicia. Soy absolutamente inocente y por eso estoy con la consciencia tranquila. Confío en el sistema de administración de justicia».
A la hija mayor del expresidente Alberto Fujimori Fujimori (1990-2000) se le acusa de haber recibido presuntamente dineros ilícitos de la empresa brasileña Odebrecht y varias empresas peruanas en las campañas presidenciales en el 2011 y en el 2016, donde se enfrentó y perdió en la segunda vuelta, frente a Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski; respectivamente.
Keiko Fujimori, de 46 años, ha estado en prisión preventiva en tres ocasiones debido al proceso que se le sigue en el caso Lavajato, en el que se investigan por los presuntos sobornos de Odebrecht a expresidentes y políticos peruanos desde el año 2001 hasta la fecha. Fujimori ha compartido un vídeo a través de redes sociales en el que ha denunciado «la intencionalidad política y electoral» del fiscal Pérez , ya que este se ha realizado «cuando se pidió la revisión de las actas electorales» en vez de «en toda la campaña electoral».
El horno peruano no está para echar más leña al fuego o convertir las calles de Lima –y el altiplano– en un infierno. Víctor Zúñiga, juez encargado del caso, contra Keiko Fujimori, donde se la acusa de lavado, centrifugado y planchado de activos, además de organización criminal, lo debió tener muy claro al rechazar que la procesada vuelva a prisión. La Fiscalía, en plena batalla de los todavía oficialmente candidatos por la impugnación, observación o llámalo como quieras, de un puñado de actas electorales, quería ver de inmediato entre rejas a Fujimori (Keiko). Con la ley en la mano, argumentaba que se reunía con testigos del caso, algo expresamente prohibido cuando en abril del pasado año (2020) se le dio ‘el alta’ de la cárcel, porque la pandemia estaba haciendo estragos y los reos de guante blanco y preventivos como ella, desfilaron hacia la libertad vigilada.
La imagen de la mujer que se resiste a aceptar la derrota en las urnas, por 44.000 votos, con las muñecas esposadas de vuelta a su celda, hubiera provocado algo más que tumultos en el Perú si el juez hubiera accedido a la petición del fiscal. El momento, ese instante en que el magistrado –y la política– debe valorar cómo seguir para que se haga justicia sin provocar la ira nacional, no era el adecuado. El juez ponderó el escenario en su totalidad y advirtió a la hija de Alberto Fujimori que se mantenga lejos de los afectados/testigos del caso Odebrecht, la empresa que habría financiado ilegalmente varias de sus campañas (y de tantos otros). En caso de no cumplir y reincidir, le avisa de que no habrá otra prórroga en este turbulento partido. Dicho esto, Keiko sabe que, irremediablemente, volverá al calabozo. Ese destino únicamente lo podría evitar con el asilo político de algún país cercano (luego llegaría Japón) pero Iván Duque no está por la labor y Guillermo Lasso parece que, de momento, tiene otras prioridades en su Gobierno. Colombia y Ecuador no están ahora en su mejor momento y mucho menos para hacer saltar nuevas chispas que provoquen más incendios o desaten nuevas guerras a costa de otra Fujimori.
La vuelta de Keiko a su celda hubiera provocado algo más que tumultos