Anticorrupción pide imputar a Galán en el caso Villarejo
▶ Ve indicios de cohecho activo y falsedad en los encargos al comisario
La búsqueda de responsabilidades en la pieza separada número 17 de la treintena que investigan al comisario Villarejo en la Audiencia Nacional va camino de tocar techo. La Fiscalía Anticorrupción presentó ayer un escrito ante el Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que solicitó la imputación del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, en relación a la contratación de los servicios del polémico mando policial cuando aún estaba en activo y por los que la eléctrica pagó en total algo más de 1,1 millones de euros entre 2004 y 2017.
Según informaron a ABC en fuentes jurídicas, la petición de imputación va acompañada de la solicitud de citar también en calidad de investigados a otros tres altos ejecutivos de la compañía. Se trata del número dos de Galán, Francisco Martínez Córcoles; así como del expresidente de Iberdrola España, Fernando Bécker, y del exresponsable del gabinete de presidencia de la compañía, Rafael Orbegozo.
Para Anticorrupción, en los cuatro casos concurren indicios de un delito continuado de cohecho activo, así como de un delito contra la intimidad y de otro continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particulares, habida cuenta de que Villarejo aún estaba en activo cuando se produjo el grueso de las contrataciones y de que las facturas se expidieron con conceptos ambiguos para enmascarar la realidad de los trabajos que se le encomendaban. Los fiscales añaden un elemento más y es que en esos proyectos se accedió a datos reservados de las personas que estaban siendo objeto de investigación, de acuerdo a las mismas fuentes.
Esos proyectos, de los que constan 17 facturas –aunque se investiga si se realizaron pagos a través de otra empresa de seguridad–, van desde desactivar la oposición social y política a la construcción de una central en Arcos de la Frontera hasta un supuesto espionaje al que era presidente de Endesa, Manuel Pizarro. El presidente de ACS, Florentino Pérez, consta asimismo como perjudicado ante indicios de que en 2009 fue igualmente investigado.
El interlocutor de Villarejo era el entonces jefe de Seguridad de la eléctrica, Antonio Asenjo, quien si bien ha reconocido haber despachado con Galán algunos asuntos objeto de los trabajos, siempre ha negado tenerle al corriente de quién los estaba realizando. De hecho, defiende que pensaba que Villarejo estaba excedente.
En total, hay media docena de imputados por estos hechos, incluido el exdirectivo José Antonio del Olmo, que era el responsable de visar las facturas en Iberdrola y que viene señalando que Galán debía estar al tanto.
Él mismo se anticipó a este previsible paso de Anticorrupción con un escrito ante el juez Manuel García Castellón en el que se ponía a disposición, como a toda la cúpula de la eléctrica, para declarar sobre el asunto, eso sí, en calidad de testigo. Ahora, lo que decidirá el instructor en las próximas horas es si le cita como imputado.
La proliferación de las investigaciones del juez García Castellón entre grandes personalidades del Ibex es motivo de desconcierto y preocupación. Primero fue el BBVA, a causa de las andanzas del anterior presidente; luego en Repsol afectó tanto a su presidente actual como al presidente de la Fundación. Ayer, la fiscalía le pidió que añada a la lista al presidente de Iberdrola y a varios de sus más allegados ejecutivos. Claro que es obligado recordar aquello de la presunción de inocencia, pero nadie puede ignorar el impacto que provoca el mero inicio de las investigaciones. Tampoco se pueden apilar todas ellas en una causa general –pues son distintos en su origen, motivos y gravedad–, más allá de su común inconveniencia, su desafortunada coincidencia en el tiempo y la aparición en todos ellos de un comisario siniestro a quien no debieron contratar nunca.
Hoy en día, las empresas, todas las grandes y muchas de las medianas, se han dotado de sistemas de buen gobierno que incluyen una prolija batería de normas dirigidas a impedir la comisión de delitos societarios y toda una serie de actuaciones previstas para castigarlos cuando se producen. Las comisiones de ética y cumplimiento han venido a reforzar la actuación de las tradicionales y más habituales comisiones de auditoría. Sin duda alguna es una evolución positiva que se integra en los usos y costumbres mercantiles internacionales. Pero, para que sean creíbles, han de demostrar que cumplen su función cuando se producen casos que terminan judicializados, aunque sea a nivel indiciario. Todos los órganos de gobierno deben velar por el buen nombre y el bien hacer de las empresas a las que representan. La reputación es una de sus primeras y más importantes responsabilidades y su defensa no puede resumirse en un mero apunte de ‘embellecimiento’ de las memorias de las sociedades.
Iberdrola aseguró que todas sus actuaciones están dentro de la legalidad. Ninguna noticia sería mejor, para sus empleados, sus accionistas, sus proveedores y el entorno que la acoge, que la confirmación judicial definitiva de ello. Con el respeto debido a la actuación y a los tiempos de la justicia, también cabria recordar que el mero inicio de estas investigaciones causa un serio perjuicio a las empresas afectadas, lo que aconseja su rápida tramitación, con las garantías y las seguridades procesales que exige lo delicado de estos asuntos.