Le convoca el 7 de julio junto a otros tres ejecutivos bajo sospecha de que conocían los contratos
El juez imputa a Galán por cohecho y falsedad en los encargos a Villarejo
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado citar como imputados al presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, y a los directivos y exdirectivos Fernando Becker, Francisco Martínez Córcoles y Rafael Orbegozo por delito continuado de cohecho activo, delito contra la intimidad y falsedad en documento mercantil en relación a los proyectos que para la eléctrica realizó el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Deberán comparecer los próximos 6 y 7 de julio, según informan en fuentes jurídicas a ABC. La compañía lo ve como una «oportunidad» para esclarecer los hechos.
En un auto notificado ayer, el instructor acepta así la petición de la Fiscalía Anticorrupción ante la existencia de indicios delictivos en los diferentes trabajos que la empresa encargó al Grupo Cenyt de 2004 a 2017 por importe estimado en 1,1 millones de euros a través del entonces Jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.
A lo largo de 23 páginas de auto, el instructor detalla los diversos proyectos desarrollados en ese periodo que obran ya en la investigación y que para Iberdrola tenían «naturaleza de confidenciales», dado que «los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas», pues « para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos». Por eso, la imputación por falsedad en documento mercantil.
Castellón. De ahí la imputación por delito contra la intimidad. Conforme recuerda el juez, en aquel momento Villarejo estaba en activo en la Policía Nacional, Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado en Iberdrola –hasta abril de 2006 en que fue nombrado presidente–, Becker era director de recursos humanos y Martínez Córcoles, director de generación.
Para el instructor, hay indicios de que en el proyecto «Arrow» Iberdrola intentó ocultar los trabajos facturando a través de otra empresa que les prestaba servicio, Castellana de Seguridad (Casesa), y que según reveló la Agencia Tributaria, pagó 407.740 euros en 2004 al grupo Cenyt. No obstante, el grueso de los indicios nacen de la declaración y la documentación aportada por Del Olmo, que era director de control y que en 2004 dejó por escrito que había detectado irregularidades.
Conforme resume el juez en el auto, consta que esas facturas que «podrían enmascarar servicios prestados en verdad por Cenyt no estaban asociadas a pedido alguno, lo que no estaba permitido en aquella época, contraviniendo de este modo la normativa interna de la compañía que regulaba la tramitación de facturas». En esas fechas el Código Penal aún no recogía la responsabilidad de las personas jurídicas.
Otro de los encargos a Villarejo que incluye el auto es «Black Board», desarrollado entre 2004 y 2005, y que buscaba información «sensible» sobre Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, que poder utilizar contra él. De nuevo, en esta encomienda, consta el acceso a «tráficos de llamadas entrantes y salientes» de los investigados y las mismas irregularidades en las facturas, según el auto.
Por último, figuran «Posy», de 2009, con el supuesto objetivo de investigar al presidente de ACS, Florentino Pérez, de cara a «un escenario de conflicto con Iberdrola»; «Gipsy», sobre dos directivos de la eléctrica bajo sospecha; «Wind», sobre una empresa con la que iban a promover una infraestructura en Rumanía y uno más, en 2017, que le da continuidad. Para entonces, el comisario ya estaba jubilado.
Los títulos de Iberdrola cayeron ayer en Bolsa un 3,56%.