La Academia de Ciencias de EE.UU. expulsa al biólogo Francisco Ayala acusado de acoso

Sin herramientas o sin miembros designados, la mayoría de las autonomías tienen los organismos sin crear

La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha expulsado al biólogo español Francisco J. Ayala tres años después de que fuese declarado culpable por acoso sexual. Ayala, quien renunció a su puesto como profesor en la Universidad de California Irvine (UC Irvine) en 2018 después de una investigación universitaria en la que se probaron los hechos, es el segundo miembro de la Academia en ser destituido tras la renovación de los estatutos de la organización hace dos años, en los que se incluyó la posibilidad de destituir a sus miembros si violan el nuevo código de conducta.

«Me siento aliviada porque ahora, para las víctimas de acoso o violencia sexual, el camino hacia la justicia puede ser más fácil», escribía en un comunicado a la revista ‘Science’ Jessica Pratt, profesora asociada de UC Irvine y una de las mujeres que presentó una denuncia contra el español.

F. AYALA

MADRID

La ley de eutanasia está en vigor desde ayer, pero solo unas pocas comunidades autónomas tienen creadas y en funcionamiento las comisiones que deciden si una persona puede morir o no. Tampoco están listos ni el manual de buenas prácticas ni la formación necesaria de los profesionales sanitarios para aplicar este nuevo derecho en España. Y es que, en plena pandemia, el Gobierno de Pedro Sánchez solamente ha dado un plazo de tres meses para que las comunidades tengan preparados los organismos necesarios para la puesta en marcha de la ley; cuando en otros países ha precisado años.

Ayer, el día límite, solo cinco comunidades estaban en disposición de aplicar la ley que les exige el Ejecutivo y aprobada el 18 de marzo. Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia y País Vasco son las únicas autonomías con las comisiones creadas y sus respectivos miembros nombrados, uno de los requisitos para que empiecen a funcionar. La mayoría de las regiones restantes –Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra y Comunidad Valenciana– todavía no han oficializado los nombramientos ni se ha realizado la reunión de constitución de la comisión apta. Únicamente han publicado en sus respectivos boletines oficiales autonómicos el decreto para su creación. Y, por último, otras como Madrid, Galicia o Asturias la creación de este órgano no se ha materializado todavía. tiene que actuar hasta 15 días después de que el paciente solicite a su médico responsable ayuda a morir, puede que ni siquiera en dos semanas las autonomías más rezagadas puedan tener en funcionamiento al órgano que tomará la decisión.

Según establece la Ley Orgánica sobre la Regulación de la Eutanasia (LORE), cada Comisión de Garantía y Evaluación deberá contar con un mínimo de siete miembros entre los que se incluirán personal médico, de enfermería y juristas. Sin embargo, la ley no especifica ni orienta a las comunidades sobre las especialidades que deberían reunir los perfiles profesionales. En algunos órganos, como el extremeño, está previsto que lo compongan profesionales de ámbitos diferentes como la neurología, medicina interna, salud mental, anestesia, oncología, los cuidados paliativos, la medicina familiar y comunitaria, juristas y representantes del Comité de Bioética, pero no es una situación que se dé en toda España.

Por ello, los neurólogos reclamaron ayer la presencia de al menos un médico especialista en Neurología con formación adecuada y acreditada por una sociedad científica, como la Sociedad Española de Neurología o SEN, entre los miembros de cada comisión de garantías y evaluación. Los psiquiatras piden lo mismo, ya que en los países donde está regulada la eutanasia, los pacientes con enfermedades neurológicas o psiquiátricas suponen entre el 15 y el 20% de las peticiones.

Entre los flecos que quedan pendientes pese a que ya ha entrado en vigor se encuentra el ‘Manual de buenas prácticas’. Este documento es el que establece las recomendaciones sobre qué fármacos utilizar y otros aspectos clave como los modelos para que la prestación de la eutanasia sea homogénea en España. Se trata del formulario de solicitud, la hoja de información sobre la eutanasia, el consentimiento informado o las recomendaciones para el ejercicio de la objeción de conciencia por los profesionales sanitarios. El plazo para que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) apruebe este protocolo acaba el 25 de septiembre y la ministra de Sanidad, Carolina Darias, anunció el pasado miércoles que estaría disponible «próximamente», pero no concretó la fecha.

Además, está pendiente la formación de los profesionales sanitarios. La Comisión de Formación Continuada todavía está coordinándose con las comunidades en torno a la oferta, que deberá recoger todos los aspectos necesarios para que los médicos puedan