«España abrió una puerta con la eutanasia que no podrá cerrar»
▶ España podría seguir los pasos de Países Bajos y Bélgica donde la muerte asistida aumenta sin cesar
uando Juan Pablo II tomó las riendas de la correcta interpretación del Vaticano II, se decía que los obispos españoles tenían tortícolis de mirar a Roma. ¿Sabemos hacia dónde miran ahora? Esta semana, en la que se ha producido uno de los actos más graves de la reciente historia política y jurídica de España, los obispos miembros de la Comisión Permanente –órgano de seguimiento– de la Conferencia Episcopal estaban reunidos en Madrid. Después de un intenso debate sobre los indultos, la conclusión fue que el obispo Secretario para todos los incendios, monseñor Luis Argüello, saliera a ‘lidiar’ con el tema en la rueda de prensa cuando le preguntaran los periodistas, con la indicación de hacer piruetas argumentales para no dejar en evidencia a los obispos catalanes y para dar un paso más que pudiera contentar a los constitucionalistas. Algo que no ocurrió.
Salvadas las excepciones, la sensación de que los obispos, en esta cuestión, han abandonado España, por no decir que han abandonado a España, es desalentadora. En determinados medios católicos en los que crece la desafección hacia algunas actuaciones episcopales circulaba un erróneo tuit que decía: «Es forzoso reconocer que la Iglesia católica en este país tiene un largo historial de deslealtad nacional. A esto se debe en parte la dificultad para construir el Estado nación en el XIX».
Al margen de que este comentario se equivoca en sus implícitos históricos y conceptuales, si los obispos no afrontan, de forma clara, cuestiones tan graves para el presente y el futuro, no es porque no tengan magisterio precedente, sino porque hay una voluntad, consentida o no, mayoritaria o no, de mirar para otro lado. Esto implica que la sociedad española, no solo los católicos, pierde una referencia de juicio moral que hasta ahora era factor determinante del ‘ethos’ público, que no es solo político. Si los obispos no hablan claro, que no se quejen después.
Si una de las cuestiones capitales de los siglos XIX, XX y XXI es articular España como un verdadero Estado nacional, ¿no tienen nada que decir los obispos?
CDesde que las autoridades belgas decidieron despenalizar la eutanasia en 2002 las cifras de personas a las que se ha aplicado esta fórmula para acabar con su vida no ha dejado de aumentar. Según los últimos datos disponibles, en 2018 y 2019 se registraron 2.359 y 2.656 muertes, respectivamente. Es decir, que se mantiene la progresión constante de más de un 10% anual. En Países Bajos, el número de casos de muerte asistida ha pasado de menos de 2.000 a más de 6.500 cada año. La constante en ambos países es la banalización generalizada de esta práctica.
Carolie Roux, directora general adjunta de la organización francesa Alliance Vita, subraya que «en España se ha abierto una puerta que ya no se podrá cerrar en el futuro y eso supone que va a cambiar la mirada hacia los demás». Desde esta organización, que no recibe ningún tipo de ayuda pública, analizan la evolución de la práctica de la eutanasia en el mundo.
En 2002, una ciudadana británica acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque quería que los médicos le aplicaran la eutanasia en contrra del criterio del Gobierno. Los jueces se abstuvieron de opinar porque «un derecho a la muerte no es el reverso del derecho a la vida», dijeron.
Al contrario de la idea que se difunde, esta práctica «es aceptada en muy pocos países, y aunque se dice que se ha extendido mucho, no es verdad». En concreto, en Europa se hacen en Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Suiza y ahora España. «Nosotros –dice Roux– hemos observado sobre todo los casos de Bélgica y Países Bajos y en ambos ha habido claramente una trayectoria atropellada para ir ampliando cada vez más los supuestos y para aplicarlos de forma cada vez más laxa».
Si los obispos no hablan claro, que no se quejen después
Respecto al futuro, recomienda que en España se mantenga su escrutinio sobre un fenómeno que en cualquier caso tiene resultados irreversibles. «Hay que ser muy vigilantes y obligar a las autoridades sanitarias a que cada año se publiquen las cifras con la mayor cantidad de datos posibles, para que se sepa qué ha pasado en cada caso y por qué se ha tomado esa decisión, para saber si realmente no había otra alternativa. De lo contrario, en España pasará como en Bélgica, que se ha banalizado la práctica y ya no se sabe realmente qué ha pasado en la mayoría de los casos».