Ofensiva contra el Tribunal de Cuentas para salvar a ERC
▶Casado frenará la renovación del órgano fiscalizador si el Gobierno no garantiza la independencia judicial ▶Sánchez recuerda que las resoluciones pueden recurrirse en los tribunales y Montero aboga por eliminar las causas «Eliminar» las causas
MADRID
Una vez aprobados los indultos a los condenados por el golpe a la legalidad de 2017 en Cataluña, el objetivo del Gobierno se ha fijado ahora en el Tribunal de Cuentas, donde se investiga una malversación de fondos públicos de unos 5 millones en la acción exterior de los independentistas, que podría acabar en sanciones y el embargo de los principales líderes del ‘procés’.
Las presiones desde el Gobierno al Tribunal de Cuentas continuaron ayer, mientras que el Partido Popular advirtió de que no permitirá la renovación de este órgano fiscalizador si Pedro Sánchez no garantiza la independencia judicial. El mandato del Tribunal de Cuentas caduca los próximos 17 y 18 de julio. Su renovación estaba incluida en las negociaciones que han llevado a cabo el Gobierno y el PP de manera irregular en los últimos dos años y que saltaron por los aires cuando desde La Moncloa se mostró su nulo interés en reforzar la independencia judicial, requisito imprescindible para los populares.
Fuentes del PP explicaron a ABC que no ven «oportuna» la renovación del Tribunal de Cuentas en este momento, al tener fundadas sospechas de que el Gobierno pretende formar un órgano a su medida para desactivar la investigación contra la «corrupción» de los independentistas y «desempedrar» así el camino.
Se refieren a las polémicas palabras el pasado viernes del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, cuando aludió a las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas como «piedras en el camino» para el diálogo con el Gobierno de Cataluña. El presidente del Gobierno manifestó ayer en la Ser su «absoluto respeto» por la labor de este tribunal. Y aseguró que «nunca» han dado ni van a dar «instrucciones» desde el Gobierno. «Hay que recordar que el Tribunal de Cuentas no es un órgano judicial, es una instancia administrativa. Ahora mismo siguen los procesos de trabajo, no hay resolución en firme, y esas resoluciones se pueden recurrir ante los tribunales», expresó el presidente del Gobierno. «A partir de ahí, tendremos que respetar lo que se resuelva por parte de esta instancia que no es judicial sino administrativa», siguió. Por su parte, en TVE, la ministra de Igualdad, Irene Montero,
Pedro Sánchez
Presidente del Gobierno abogó por «eliminar» las causas contra los independentistas para «dejar protagonismo absoluto» a la «política, el diálogo y el acuerdo». Según recogió Europa Press, Montero lo defendió de la siguiente forma: «Permítame que sea prudente, creo que es mejor hacer que decir, pero soy bastante clara cuando digo que soy partidaria de eliminar todo lo que no sea eminentemente, protagónicamente político».
En todo caso, el Partido Popular negociará la renovación del Tribunal de Cuentas dentro del mismo paquete en el que incluye el Consejo General del Poder Judicial. Según advirtió ayer Pablo Casado, hoy mismo se sentaría a hablar si el Gobierno se compromete de forma expresa a garantizar la independencia judicial. Pero después de comprobar de lo que es capaz Sánchez para obtener el apoyo de sus socios, en Génova se ponen en el peor escenario. Creen que el Gobierno hará todo lo posible por contentar a los independentistas y evitar su embargo, y utilizará la renovación del Tribunal de Cuentas para acusar al PP de bloqueo.
«El escenario es similar al que utilizaron con el Consejo General del Poder Judicial», comentan los populares.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, abogó ayer por «eliminar» las causas contra los independentistas que investiga el Tribunal Cuentas para «dejar protagonismo absoluto» a la «política, el diálogo y el acuerdo».
El juicio queda en manos de la magistrada Margarita Mariscal de Gante. Después, se puede presentar un recurso de apelación ante una sala formada por tres consejeros: dos fueron elegidos por el PSOE y uno por el PP. Finalmente, cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
Así, ven al Gobierno capaz de promover un cambio legislativo que le permita renovar el órgano fiscalizador sin contar con el PP. Y en ese caso, los populares actuarían de nuevo con una denuncia en Europa. El Tribunal de
«Tendremos que respetar lo que se resuelva por parte de esta instancia»