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La Moncloa creía tenerlo resuelto con más ventajas económicas a Cataluña de las que ya tiene. Pero se ha cruzado un asunto que dificulta el avance

EL parto de los montes: en su esperado encuentro, Pedro Sánchez y Pere Aragonès han acordado que su esperada ‘mesa de diálogo’ para resolver la cuestión catalana se reunirá a finales de septiembre. Lo que significa que está verde, puede que muy verde. Se veía venir. El ‘president’ de la Generalitat pide al presidente español algo que no puede darle, un referéndum de autodeterminación, al no ser suyo, sino de todos los españoles, y Sánchez pide a Aragonès algo que tampoco puede darle, que rebaje sus demandas independentistas, que es el alma y el cuerpo del nacionalismo catalán.

La Moncloa creía tenerlo resuelto con más ventajas económicas a Cataluña de las que ya tiene, ahora que los fondos de reconstrucción europeos van a empezar a llegar a chorros. Pero se ha cruzado un asunto que dificulta el avance. Le llaman, queriendo relativizarlo, «piedras en el camino», y son los dineros que se gastaron los independentistas en montar el gran espectáculo del otoño de 2017, tanto fuera como dentro de Cataluña; desde las nuevas ‘embajadas’ en los países más exóticos, pero fáciles de comprar, a los periodistas que se prestasen a defender sus reivindicaciones, pasando por la orgía montada en torno al referendo ilegal de 1 de octubre de 2017, incluido el numerito que escenificaron dos de ellos sobre la capota de un coche de la Guardia Civil, animando con altavoces a la multitud enfebrecida que cercaba la delegación de Hacienda en Barcelona y que dejó chiquitas las noches de San Juan.

En total, el Tribunal de Cuentas cifra en 5.417.899 de euros la cantidad gastada irregularmente por la Generalitat entre 2011 y 2017, incluyendo la votación ilegal de 2014, cuando Artur Más era ‘president’, al que ya le han pasado factura, como se la pasarán al resto. La suma de Junqueras y Puigdemont alcanza 1,9 millones de euros, dándoseles un mes para pagar, si no quieren que les embarguen sus bienes. Ya han protestado y argüido que esas sumas procedían de las que la Hacienda española entrega a Cataluña, por lo que no ha habido dinero negro por medio. Se les ha contestado que, precisamente, su empleo en lo que no estaba destinado es lo que resulta delictivo. Recordando de paso que el indulto de los condenados cubre el cargo de sedición, no el de malversación de caudales públicos.

Ante lo que han saltado las alarmas en el Palau de la Generalitat. Y Pere Aragonès se ha apresurado a añadir a la amnistía y referéndum que las negociaciones «incluyan también soluciones para las personas que fueron condenadas ilegalmente». Es decir, que el Gobierno apriete las clavijas al Tribunal de Cuentas para que se olvide del caso. Y es que «el patrimonio familiar es lo primero», según decía uno de ellos. Valientes nacionalistas.