El secesionismo exige librarse del coste económico del ‘procés’
▶La Generalitat pone a trabajar a sus servicios jurídicos de forma «discreta» para «minimizar el impacto» ▶La Abogacía del Estado, al no estar legitimada, no puede presentar demanda tras la liquidación
Hoy acabará la citación del Tribunal de Cuentas para informar de la liquidación provisional a las 42 personas implicadas en el gasto de la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 vinculada al ‘procés’ independentista. El monto es, según figura en el acta de liquidación provisional consultado por ABC, de 5,4 millones de euros. Tras escuchar a las defensas y los letrados de la Generalitat, hoy será el turno de la Fiscalía, la Abogacía del Estado y, en calidad de acción pública, Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana. En quince días se conocerá la liquidación definitiva y el inicio del proceso para recabar las fianzas.
Los 5,4 millones de euros se distribuyen entre los implicados y la cifra es solidaria en función de las presuntas irregularidades y el periodo temporal de desempeño del cargo de cada uno de la cuarentena de implicados. Así, Artur Mas y Andreu Mas-Colell tendrán que abonar 2,8 millones de euros cada uno. Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, 1,9 millones cada uno. Raül Romeva, 2,1 millones. Francesc Homs, 2,9 millones. Albert Royo, 3,6 millones. Mireia Vidal, 3,1 millones. Rosa Vidal, 1,8 millones. Joaquim Nin, 163.889,75 euros. Amadeu Altafaj, 66.609,94. Francesca Guardiola, 3.039,42 euros. Y así hasta los 42 presuntos responsables de los gastos indebidos, incluyendo, por ejemplo, los exdelegados de la Generalitat en las llamadas ‘embajadas’ catalanas.
A medida que este martes se confirmaban las cantidades a devolver (el organismo constitucional del Tribunal de Cuentas repara el gasto indebido, ni multa ni sanciona), el independentismo aumentó la presión sobre el Gobierno para que, una vez concedidos los indultos a los nueve presos condenados por sedición, mueva ficha y libere, también, de responsabilidad económica a los responsables del gasto de dinero público destinado a la promoción en el extranjero del ‘procés’.
El asunto, como había avanzado el Govern catalán, se trató en la reunión que mantuvieron por la tarde, en la Moncloa, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, y Pere Aragonès, presidente de la Generalitat. Aragonès aseguró que este proceso supone una «persecución» al secesionismo y dijo que le había propuesto a Sánchez resolver la situación con la aplicación de una amnistía: «La amnistía es la solución global». De todas formas, la Abogacía del Estado tiene poco margen en este caso y ni tan solo está legitimada para mantener una demanda concreta ya que la parte afectada es la Generalitat. Juan Carlos Campo, ministro de Justicia, intentó explicarlo en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: «El funcionamiento del Tribunal de Cuentas, que no tiene una naturaleza jurisdiccional, lo que dice la doctrina y lo que se hace cada día es que una vez hay la liquidación provisional, la Abogacía no presenta demanda».
En la línea de Aragonès, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, avanzó que el Govern catalán ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos autonómicos para «minimizar al máximo el impacto» económico en las 42 personas implicadas. En esta línea, Plaja señaló, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo Ejecuti