Aragonès emula a Torra: «No vamos a renunciar, que nadie se confunda»
▶El Gobierno obvia la dureza del ‘president’ y apela al «momento de recuperar la confianza» ▶La Mesa de Diálogo se reunirá la tercera semana de septiembre y la comisión bilateral en el mes de julio
Se aproxima el momento de la verdad. En la tercera semana de septiembre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña volverán a sentarse a la mesa de diálogo, ese artefacto al que el PSOE accedió para que ERC apoyase la investidura de Pedro Sánchez. Que no tiene ningún sostén jurídico, pero que se configura como un espacio en el que resolver el «conflicto político de fondo» entre Cataluña y el conjunto del Estado. Porque ese marco de discusión también fue aceptado por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Llevar esa reunión hasta la tercera semana de septiembre, justo después de la Diada, fue el principal acuerdo que alcanzaron ayer Pedro Sánchez y Pere Aragonès en una reunión que se prolongó durante dos horas y media. Esa cita tendrá lugar en Barcelona, después de que el primero, y único hasta la fecha, se celebrase en Madrid unas semanas antes de que se declarase el primer estado de alarma por la pandemia. También acordaron que se reúna la comisión bilateral entre el Estado y la Generalitat, ésta sí contemplada en el estatuto de autonomía, y que es un espacio de gestión y discusión con el que cuentan otras autonomías. Este segundo foro se citará ya en el mes de julio.
Este esquema de negociación estaba ya identificado antes del parón por la pandemia. Pero su consolidación es un primer éxito para Pere Aragonès, que logra vender la idea de «dos ámbitos diferenciados» de negociación. En esta comisión bilateral es donde se hablará de infraestructuras, de traspasos de competencias y de cuestiones económicas. Mientras la «mesa de diálogo» queda circunscrita a un debate en el que no se atisban posibilidades de acuerdo salvo claudicación de una de las partes. Esto cortocircuita la perspectiva más global con la que acude el Gobierno, que plantea centrarse en las cuestiones menos derivadas del choque institucional y del debate territorial. La «agenda del reencuentro» que Pedro Sánchez planteó a Quim Torra en febrero de 2020 consta de más de cuarenta puntos en los que el Gobierno está dispuesto a llegar a acuerdos en demandas históricas de la Generalitat de Cataluña. Pero una buena parte de ellos se van a sustanciar en la comisión bilateral, quedando el otro foro centrado en exclusiva en el «conflicto político». Y ahí el nuevo presidente catalán identificó dos cuestiones irrenunciables. En primer lugar «fin de la represión» en forma de amnistía como «solución global» a todas las causas abiertas contra los independentistas. Una solución que debe alcanzar a los fugados como Carles Puigdemont y también a las causas abiertas en el Tribunal de Cuentas por la malversación de dinero público en el proyecto independentista.
Pere Aragonès comparecía en el centro cultural Blanquerna pasadas las ocho de la tarde. Un espacio que actúa como sede de la delegación de la Generalitat de Cataluña en Madrid. Ese fue el primer mensaje. Persistir en la distancia institucional que instauró en su día Artur Mas y no comparecer en La Moncloa, como hacen el resto de presidentes autonómicos. Aragonès se presentaba en Madrid con mensajes que por momentos parecían más destinados a reivindicarse en el mundo independentista. Por eso se mostró duro y reivindicativo en Madrid, hasta el punto de que quienes asistieron a las comparecencias de Quim Torra tras reunirse con Pedro Sánchez no observarían ninguna diferencia. De hecho, Torra sí accedió a comparecer en una ocasión en La Moncloa.
Aragonès no dio tregua. Tras la concesión de los indultos, con los que el Gobierno pretendía rebajar la tensión y mejorar su capacidad negociadora, desde la Generalitat no se dan muestras de moverse de sus posiciones. «La negociación más compleja que habrá hecho el Gobierno de la Generalitat en toda su historia contemporánea», dijo Aragonès. El presidente de la Generalitat ha dicho que no será una negociación fácil porque «no vamos a renunciar, que nadie se confunda», insistiendo en «un referéndum sobre la independencia de Cataluña».
El presidente de la Generalitat dio muestras también de no estar dispuesto a ceder en la idea del referéndum de autodeterminación. Y en no abordar una reforma del Estatuto de autonomía: «No hemos transitado este camino para volver a 2010». Recordó que se acordó que los acuerdos alcanzados en esa mesa deben acabar «con el voto de los ciudadanos catalanes». Es el tipo de votación lo que separa a las partes. Pero Aragonès quiso vender en Madrid que su propuesta de referéndum de autodeterminación es integradora porque da voz a quienes apoyan la independencia y a quienes no lo hacen. Y desde ese planteamiento justificó que su propuesta ya es un «punto intermedio» en su anhelo, que es el reconocimiento de la independencia, y que por eso no renunciarán: «Nuestro punto intermedio es el referéndum, porque nuestro objetivo es la independencia. Lo planteamos ya, de salida, y como planteamiento al que no vamos a renunciar».
Mientras, como si se tratase de reuniones distintas, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, comparecía después en La Moncloa intentando que el debate no se interpretase como un choque entre dos posiciones irreconciliables. «Tiempo», «sosiego» y «confianza». El Gobierno se aferra a que el paso del tiempo aporte también «reposo» y «tranquilidad». Pero a la vez se insiste a la Generalitat en la necesidad de plantear «soluciones viables» y en no insistir en el debate sobre elementos en los que no hay acuer