Un juez avala los insultos en Twitter a un exjefe de la UME por ser cargo público
▶ Admitido el recurso del exteniente Segura, quien le llamó «golfo» por una noticia sobre comidas en incendios El exteniente Segura se considera víctima de «una estrategia estatal de represión» por alertar sobre la corrupción
le constaba que éste despachase con Rajoy. No lo sabía, pero le extraña.
Sin atribuirles a ellos directamente responsabilidad, sí acertó a decir que por lo que hiciese o no el Ministerio del Interior ella no responde, pues no tenía ni por qué estar informada: «Las labores policiales son labores policiales», zanjó, según las fuentes consultadas. No le habría parecido descabellado, no obstante, que se investigase a Bárcenas en 2013, con la que estaba cayendo. Dijo que no entiende por qué nadie indagó de dónde venían los millones que tenía en Suiza o por qué no se llegó a practicar un registro de su domicilio.
En todo caso, por Interior no habla pero por el PP sí responde. Y su respuesta es que la Kitchen «no tiene nada que ver con el partido», que no tenía «ningún interés» en información que pudiera haberse llevado Bárcenas ni tampoco «necesidad» de arrebatársela. Para empezar, porque en Génova siempre pensaron que el extesorero mentía y que esos audios de Mariano Rajoy y Javier Arenas que ahora dice haber tenido alguna vez, nunca existieron. Se explayó en este punto, con una batería de referencias para evidenciar que el extesorero ha dicho en estos años lo mismo y lo contrario hasta quedar «como un mentiroso».
Centró el tiro en su «decimocuarta» versión, como testigo por la operación Kitchen: que los audios estaban en las cajas de la mudanza de su despacho de Génova y que tardó dos años en abrir y mirar dentro para ver que le faltaban. Fue a lo práctico Cospedal en este punto cuando aseguró que, además de lo inverosímil de una custodia tan laxa para material tan sensible, esas cajas estuvieron meses en la sede del PP y hubo de dar un ultimátum al extesorero para que las recogiera. De haber querido arrebatarle algo, aquel habría sido el momento, pero no había, insistió, preocupación.
Hubo otro aspecto de las sucesivas declaraciones de Bárcenas que rebatió en la comparecencia y es el relativo a los supuestos interlocutores que desde 2012 habría tenido con el PP, ya fuese para cambiar paz por silencio, ya fuese para declararse la guerra. Villarejo también tenía un par de nombres apuntados y Cospedal se desmarcó de todos. No le consta que en esas fechas el partido situase a ninguna persona en esa posición. Y ella, en aquella época, era el partido.
La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso de apelación del exteniente del Ejército de Tierra Luis Gonzalo Segura, a quien ha absuelto del delito de injurias graves tras llamar en Twitter «corrupto, golfo, negligente o todo junto» al general Miguel Alcañiz, entonces jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
De este modo, la Audiencia Provincial revoca una condena que dictó el 12 de marzo el Juzgado de Lo Penal nº23 de Madrid y de la cual informó ABC.
Según la nueva sentencia: el exteniente Segura «se hace eco de una noticia real, no inventada o abiertamente falsa. Se cumple el test de relevancia, pues el ejercicio de una responsabilidad pública como es la máxima dirección de la UME, exige el sometimiento a la crítica y con un plus respecto a otros destinos o funciones militares o civiles y finalmente se cumple el test de proporcionalidad pues las expresiones no son abiertamente insultantes, si bien sí son en parte hirientes, excesivas o injustas, pero aparecen directamente ligadas a la noticia y por tanto a la materia sobre la que versa la crítica».
Los hechos juzgados fueron denunciados por la propia ministra de Defensa, Margarita Robles, el 4 de julio de 2019 después de que el exteniente Gonzalo Segura publicara un tuit en el que criticaba, con los insultos referidos, al teniente general de la UME por supuestas deficiencias alimentarias que sufrieron los militares mientras participaban en las labores de extinción de incendios forestales en junio y julio de 2019.
«Que una de las tres comidas de militares que están apagando incendios sea un sándwich de cuatro lonchas de chorizo es una canallada. Miguel Alcañiz Comas, jefe de la UME, es un corrupto, un golfo, un negligente o todo junto porque esa comida no es de recibo y no cuesta 8€» o «Miguel Ángel, jefe de la UME, es un corrupto, un golfo, un negligente o todo junto por gastar 640.000 euros en raciones adaptadas para la UME y dar de comer sándwiches de chorizo a sus militares mientras estos se juegan la vida apagando incendios y además les descuenta 8 euros» decían los tuits publicados que incluían fotografía del teniente general de la UME, el escudo y los colores de la citada unidad. Por ello desde el Ministerio de Defensa se denunció.
El exteniente Segura se hacía eco así de informaciones que habían aparecido en medios digitales con titulares como: «Un sándwich de niño con 5 lonchas de chorizo: la comida de los militares en el incendio de Tarragona». Esta información se basaba en una denuncia anónima aparecida en el canal de Telegram de ‘Ciudadanos de Uniforme’.
El Ministerio de Defensa desmintió que esa fuera la comida que se había dado a los militares que apagaron el incendio. Y aportó información precisa a los portales de verificación de EFE o Maldita.es.
Más allá de la polémica por las lonchas de chorizo, la nueva sentencia consagra el amparo de la libertad de expresión en este específico caso y en el contexto que se publicó el tuit contra el exjefe de la UME. Tampoco cree la Audiencia Provincial que la vía penal sea la adecuada pues no son injurias graves.
«Toda persona que ejerce un cargo público de responsabilidad, sea por designación política, funcionarial, estatutaria, méritos o por cualquier motivo, está sujeto a dicho escrutinio de la opinión pública o de la opinión publicada», esgrime la sentencia de la Audiencia Provincial en lo que se refiere a los fundamentos de derecho.
Por su parte, el exteniente Gonzalo Segura, quien deberá asumir las costas del recurso, considera que denuncias como ésta por parte del Ministerio de Defensa ante unos tuits como los publicados en julio de 2019 forman parte de «una estrategia estatal de represión a un alertador de corrupción», tal y como expresa a ABC. Sobre este alegato, que también fue esgrimido por el exteniente, la Audiencia Provincial lo considera «superfluo» y no quiso entrar en ello.