Escrivá estudia que los funcionarios puedan trabajar hasta los 72 años
▶ Un plan avalado por los cuerpos de élite de la Administración pide generalizar el régimen de los jueces y notarios
Seguridad Social y Ministerio de Hacienda están analizando una propuesta para permitir que todos los funcionarios puedan prolongar de forma voluntaria su carrera laboral más allá del límite legal de 70 años que marca ahora la ley y llevar ese tope máximo hasta los 72 años, en línea con lo que ocurre ya con algunos colectivos concretos como los jueces y magistrados de la Administración de Justicia, los notarios y los registradores.
La propuesta viene con el aval de las organizaciones representativas de los cuerpos superiores de la Administración del Estado, cuyos miembros copan los puestos de mayor rango y responsabilidad dentro de la estructura no política del Gobierno, y fue elevada hace unas semanas al ministro del departamento encargado de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, por la federación que aglutina a todas ellas, Fedeca.
Fuentes de Fedeca subrayan la positiva recepción que la propuesta ha tenido por parte del ministro de Seguridad Social, que se comprometió a estudiarla con detenimiento. Fuentes de Seguridad Social reconocen que el Ministerio está analizando la propuesta «para evaluar su alcance y la viabilidad de articular la medida» y que también la ha trasladado al Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya «implicaría necesariamente la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público», en cuya reforma está trabajando el departamento que dirige María Jesús Montero.
La idea de fondo es extender al conjunto de los empleados públicos el régimen especial que la ley ya reconoce a algunos colectivos concretos y que les permite prolongar su vida laboral hasta los 72 años.
El marco regulatorio actual, definido en la Ley de Clases Pasivas del Estado, establece según se explica en la web de Seguridad Social que «la jubilación o retiro forzoso de los funcionarios se declarará de oficio a los 65 años de edad», si bien la norma habilita la posibilidad de que los funcionarios civiles puedan prolongar su vida laboral hasta los 70 años, siempre que así lo habiliten los responsables del órgano del que dependa el funcionario en cuestión. No es por tanto un derecho subjetivo, sino una opción.
Es decir, la carrera de los funcionarios civiles del Estado finaliza por defecto a los 65 años y solo en algunos casos puede prolongarse hasta los 70 años. Lo de los 72 años es ya un régimen especial que solo se reconoce a los colectivos antes mencionados.
Facilitar la transición
«Creemos que la propuesta es coherente con la subida que ha experimentado la edad legal de jubilación para los trabajadores del sector privado, desde los 65 a los 67 años, y además facilitaría el proceso de cambio generacional en la Administración, ya que daría más tiempo para incorporar a nuevos funcionarios», explica Jordi Solé, presidente de Fedeca, la federación que agrupa a las asociaciones de cuerpos superiores del Estado.
La Administración del Estado encara lo que se podría denominar como ‘el gran relevo’. Con un 65% de funcionarios mayores de 50 años en plantilla, según los propios datos que maneja Función Pública en la próxima década se jubilarán cerca de 100.000 funcionarios del Estado, lo que obliga a reponer casi el 60% de la plantilla. Mover hasta los 72 años con carácter general la edad hasta la que los funcionarios pueden permanecer de forma voluntaria en sus puestos de trabajo podría atenuar esa presión, argumentan desde Fedeca.
Permanecer en el puesto de trabajo es, además, mucho más atractivo para los funcionarios desde el 1 de enero de este año. La ley de reforma de las pensiones extendió a los empleados públicos el programa de incentivos diseñado por el ministerio de José Luis Escrivá para hacer más atractivo económicamente continuar trabajando más allá de la edad legal de jubilación, que incluye, entre otros estímulos, el pago anticipado de un cheque de hasta 12.000 euros por prolongar la vida laboral más allá de lo que establece la legislación.
La legislación actual fuerza el retiro de los empleados públicos a los 65 años y solo permite prolongar la vida laboral en algunos casos