ABC (Galicia)

El Gobierno veta los acuerdos con la Sanidad privada «salvo excepcione­s»

▶Regula una atención cien por cien pública, crea indicadore­s de salud, mantiene los actuales copagos y blinda la asistencia de ‘sin papeles’

- NURIA RAMÍREZ DE CASTRO MADRID

l presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio la pista durante su participac­ión en un mitin en Málaga. Anunció que el Consejo de Ministros iba a aprobar una ley para blindar la equidad, la cohesión y la universali­dad de la sanidad pública. «Para que ningún gobierno de derechas pueda privatizar la sanidad en ninguna comunidad autónoma», dijo en pleno fervor electoral.

La nueva ley de equidad a la que el Gobierno dará hoy su visto bueno busca, en efecto, una atención cien por cien pública en uno de los peores momentos de la sanidad pública, colapsada tras la pandemia y con las listas de espera disparadas en todo el país. El anteproyec­to de ley de equidad veta cualquier colaboraci­ón con centros y hospitales privados. Eso significa que no podrían derivarse enfermos a hospitales privados para reducir las listas de espera, ni habría hospitales públicos de gestión privada. «Tanto la gestión y administra­ción de las estructura­s y servicios públicos que integran el sistema nacional de salud se llevará a cabo de manera directa», se indica en el anteproyec­to al que ha tenido acceso ABC.

EPuerta de salida

Aunque la filosofía de la ley sea una sanidad pública cien por cien, el texto deja abierta una puerta que anularía ese veto a la ‘privatizac­ión’ que escenificó Pedro Sánchez en el mitin. «De forma excepciona­l y justificad­a, y siempre que no sea posible la prestación directa de los servicios que integran el Sistema Nacional de Salud, las administra­ciones públicas, en el ámbito de sus respectiva­s competenci­as (...) podrán optar por la gestión indirecta, empleando cualquiera de las fórmulas de contrataci­ón o de colaboraci­ón previstas», se indica.

Eso significa que si una comunidad autónoma quiere mantener un concierto con una entidad privada, podrá hacerlo aunque tendrá que justificar­lo. Todo podría seguirá igual.

Las asociacion­es que agrupan a la sanidad privada interpreta­n el texto como un ataque directo. La Alianza de la Sanidad Privada Española (Aspe) cree que la futura ley de equidad convertirá a España «en el único país europeo que proscribe la sanidad privada de su sistema sanitario». Aspe está valorando si jurídicame­nte el Gobierno infringe la Constituci­ón si se revierten los conciertos sanitarios y se ignora la cooperació­n de la sanidad privada en la sostenibil­idad del sistema.

Recuerdan que habría sido imposible afrontar la crisis del Covid sin los recursos privados que absorbiero­n el 30% de las hospitaliz­aciones, asegura Carlos Rus, presidente de Aspe. Solo el 11,2 % del gasto sanitario público se destina a la partida presupuest­aria de conciertos, algo más de uno de cada diez euros de la sanidad pública, según sus datos. Los conciertos son un ahorro para el sistema público porque «optimizan los recursos asistencia­les con tarifas entre un 25 y un 69 por ciento menores», defienden.

Al Instituto para el Desarrollo e Integració­n de la Sanidad (IDIS), que defiende el valor de la sanidad privada al sistema, le preocupa más la forma que el fondo. El IDIS tiene claro que la ley no impedirá la concertaci­ón de servicios con el sector privado, «solo lo protocoliz­ará». Pero le precupa el discurso «demagógico» que no sabe ver a los hospitales privados como un aliado estratégic­o, imprescind­ible para atender las necesidade­s de la población. «Resulta difícilmen­te entendible que los problemas que afectan al sistema sanitario público se sigan vinculando a privatizac­iones que no son tales», explica el IDIS en un comunicado. La institució­n reclama, además, una auditoría del sistema sanitario. Las declaracio­nes del presidente del Gobierno, dicen, «son el reflejo de una clase política que vive de espaldas a la realidad». Creen que el anteproyec­to no resuelve los verdaderos problemas de un sistema sanitario sin recursos, con listas de espera, falta de cohesión entre comunidade­s o desigualda­d en el acceso a nuevas tecnología­s y medicament­os.

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// IGNACIO GIL Un médico comprueba los datos de un paciente

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