El ex número 2 de Ximo Puig intentó tumbar la instrucción del caso Azud
▶ Siendo portavoz en las Cortes y abogado del principal imputado de la trama, pidió la nulidad de actuaciones
La dualidad de Manuel Mata como vicesecretario general del PSPV y portavoz del grupo socialista en las Cortes Valencianas –por un lado– y abogado del empresario Jaime Febrer, principal investigado del caso Azud –por otro– se tradujo en una duplicidad de intereses que desembocó en la dimisión de sus cargos públicos, el pasado 6 de mayo. De hecho, según la documentación a la que ha tenido acceso ABC, Manuel Mata, estando todavía en ejercicio público, trató de tumbar la investigación del caso Azud, donde varias administraciones públicas han sido presuntamente perjudicadas. Lo hizo solicitando a la juez la nulidad de actuaciones relativa a un registro en el domicilio de su defendido por, a su juicio, «quebranto grande de la cadena de custodia» de los ordenadores y otro material intervenidos.
En un recurso datado el pasado 17 de septiembre, el letrado aseveraba que una caja recabada por los agentes de la Policía Judicial «no tenía precinto alguno» y que dos bolsas que contenían sendos ordenadores «estaban sin cerrar».
El material pertenece a Jaime Febrer, el empresario considerado por los investigadores como el cabecilla de la presunta trama de pago de sobornos, y fue intervenido por la Guardia
Civil en el registro de su domicilio particular, en la ciudad de Valencia, el 13 de mayo del año pasado. La Fiscalía considera que el cliente del ex número 2 de Ximo Puig en el PSPV «de manera continuada ha venido, tras pagar por ello importantes cantidades de dinero y de regalos, colonizando diversas instituciones públicas». Añade el Ministerio Público que «su manera de proceder aparece unida a la compra de funcionarios encargados de tramitar y resolver resoluciones administrativas, realizando en su beneficio los propios pliegos de contrataciones y participando directamente en su redacción al objeto de favorecer sus propio intereses».
En su escrito, Manuel Mata aseveraba que «incurre en nulidad sobrevenida cualquier diligencia derivada de la información contenida en ambos ordenadores, practicada o pendiente de practicar, por vulnerar los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva sin indefensión».
Por contra, la Fiscalía se opuso a esta pretensión y la juez instructora, titular del Juzgado número 13 de Valencia, denegó la nulidad en un auto dictado el pasado 29 de septiembre. Razonaba la magistrada que cuando se percataron de que las bolsas estaban abiertas (no se quitaron los precintos, ya que éstos no habían sido colocados, explicó la Guardia Civil) ordenó precintar los ordenadores y una pericial que comprobara si los dispositivos electrónicos habían sido encendidos o manipulados con posterioridad a su intervención.
Por otro lado, la magistrada ha vinculado al histórico gerente del PSPV Pepe Cataluña con el pago de 400.000 euros por parte del entorno de Febrer a sociedades que trabajaban en campañas del partido, según adelantó «Las Provincias».
Manuel Mata acordó el mes pasado con Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, cesar en sus cargos públicos.