Cuba impone condenas de hasta 25 años de cárcel a participantes en las protestas del pasado julio
▶ Entre las 297 personas afectadas por las penas máximas por sedición y sabotaje hay jóvenes de entre 16 y 18 años
A casi un año del estallido social del 11 y 12 de julio (fechas identificadas como 11-J), la Fiscalía General de la República de Cuba (FGR) notificó que los tribunales habían condenado a 381 personas, de las cuales el 78% (297) recibieron penas de hasta 25 años de prisión. En el listado de condenados se hallan jóvenes de entre 16 y 18 años. La mayoría de los delitos por los que fueron acusadas y condenadas esas personas, según la Fiscalía, son sedición, sabotaje, robo con fuerza y violencia, atentado, desacato y desórdenes públicos.
«Cuba tergiversa los datos» y trata de «ocultar la verdad» con respecto a la cantidad de personas condenadas por su participación en las históricas manifestaciones, según aseguró la ONG Prisoners Defenders (PD). «Solo mencionan los casos de 76 sentencias. No mencionan a cientos de condenados del 11-J languideciendo en prisión, sentenciados a muchos años. Ocultan la verdad, ya no engañan a nadie», apuntó la ONG. El presidente de la organización, Javier Larrondo, acusó a la FGR de emitir un comunicado tendencioso que había pasado a ser ‘fake news’.
Engañan a la prensa
«Ya resulta sospechoso que la Fiscalía encargada de procesar a los manifestantes del 11-J no hable de los que están procesados y limite su reporte a 76 sentencias que han adquirido firmeza. Eso es una limitación absoluta. ¿Por qué no cuentan todo lo que están procesando? Todo esto para engañar a la prensa y que esta comunique que solo hay 381 personas sancionadas en Cuba [por el 11-J]. Y hay más de mil procesados y 726 sentenciados», aseguró.
De igual forma, Larrondo señaló que al menos 37 menores de edad habían sido procesados y 23 han sido ya sentenciados. «Faltaría ahora que Cuba suministrara información sobre los cientos de casos y situaciones de las otras decenas de causas penales en curso, muchas de ellas ya sentenciadas», añadió. Hasta mayo de este año, PD registraba al menos 1.046 personas encarceladas en Cuba por motivos políticos, en su mayoría tras las protestas del 11-J.
En la nota oficial, la FGR asegura además que a 84 personas se les cambió la privación de la libertad por otro tipo de sanciones, como trabajo correccional –con y sin internamiento– y limitación de libertad.
Sin embargo, las cifras no coinciden con las que han documentado y publicado distintas ONG desde el 11-J, entre ellas PD y el grupo de trabajo Justicia 11-J. Salomé García Bacallao, integrante de esta última organización, denunció que los datos de la Fiscalía se emiten «mientras el Tribunal Supremo de Cuba no ha publicado aún las sentencias de los juicios de casación de la mayoría de los manifestantes de [los barrios habaneros de] La Güinera y Toyo, acusados de sedición».
De acuerdo con los registros Justicia 11-J y el Centro de Información Legal Cubalex, hasta la fecha han sido juzgadas al menos 585 personas en relación con las protestas del 11-J, 204 más de las notificadas por la FGR, y entre los que se cuentan 24 menores. «Al menos 89 personas más están en espera de juicio con petición fiscal, incluyendo cinco menores de 18 años», precisó la activista.
«Todavía la FGR no ha respondido sobre el total de personas detenidas por las protestas del 11-J y los días siguientes. En enero informó que habían sido procesadas 790 personas. ¡Exigimos al Tribunal Supremo revisión de todas las causas y libertad inmediata sin cargos para todos!», escribió García Bacallao.
Dos artistas, presos políticos
Entre los procesados se encuentran el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara (LMOA) y el rapero Maykel Castillo (Maykel Osorbo), el primero detenido el 11-J, y el segundo, dos meses antes; se enfrentan a peticiones fiscales de 7 y 10 años de privación de libertad, respectivamente. Ambos han sido considerados prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional.
A finales de mayo, cuando eran procesados los activistas, AI emitió una Acción Urgente dirigida al mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel. «Tras haber examinado todas las pruebas disponibles, Amnistía Internacional considera que estos dos hombres se encuentran detenidos exclusivamente por ejercer su derecho a criticar a su Gobierno, y los ha adoptado a ambos, junto con otras personas detenidas en Cuba tras las protestas del 11 de julio, como presos de conciencia». Después de dos jornadas, el juicio de estos activistas concluyó el 31 de mayo. Todavía el Tribunal no ha emitido sentencia.
En abril del presente año trascendió que el Tribunal Provincial Popular de La Habana sentenció a 128 manifestantes del 11-J a penas que oscilan entre los 4 y 30 años de privación de libertad. Varias ONG han alertado sobre las excesivas condenas como efecto ejemplarizante.
Las ONG acusan al Gobierno de La Habana de «ocultar la verdad» con respecto al número real de personas condenadas