Sanidad supervisará a las regiones que deriven servicios a la privada
▶ Será el Consejo Interterritorial el que avale los conciertos que estén justificados
El «blindaje» de la sanidad pública continúa su andadura legislativa con división entre los socios del Gobierno. El Consejo de Ministros de ayer aprobó en segunda vuelta el anteproyecto de Ley que consolida la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud. Cuando entre en vigor (al salvar su tramitación parlamentaria), el Gobierno podrá supervisar en presencia de las comunidades autónomas –a través del Consejo Interterritorial de Salud (Cisns)– que las excepciones a la norma son razonables, en el marco de unas competencias transferidas a las regiones desde hace años. Para Unidas Podemos, ese margen es suficiente para plantarse, y según confirmaron ayer, si no se modifica este punto será difícil que dé su apoyo a la ley en el Congreso.
La norma parte de la premisa de que toda la cartera de la sanidad pública tiene que estar gestionada también por las propias administraciones. Las excepciones se concederán para «complementar», pero nunca para «sustituir» servicios sanitarios, siempre y cuando no sea posible la gestión sanitaria directa, según explicó ayer la ministra Carolina Darias, tras el Consejo de Ministros.
Las comunidades que deseen solicitar una de estas excepciones tendrán que cumplir una serie de requisitos y motivarlos, justificando la optimización de los recursos, así como la insuficiencia de sus propios medios para hacer frente a una necesidad. Cuando se recurran a fórmulas de gestión indirecta, será el propio Cisns, donde están representados tanto Sanidad como las 17 autonomías, el órgano que determine las pautas y si se permite la excepción para estos servicios tan concretos. La privada «nunca sustituiría a la pública», aseguró Darias.
En relación a las críticas recibidas por parte de Podemos, Darias recordó que «es una ley que emana del Consejo de Ministros, ha sido tremendamente enriquecida y participada. Del texto aprobado en primera vuelta al que se presenta hoy (por ayer) hay cambios sustanciales, hemos llegado hasta donde el ordenamiento jurídico nos permitía llegar», asumió la ministra del ramo.
Una cortina de humo
«Los sistemas sanitarios públicos son garantes de vida y constituyen uno de los pilares básicos del Estado de Bienestar. De ahí la importancia de seguir fortaleciéndolo», expuso Darias, y las reacciones no tardaron en llegar también por parte de las comunidades directamente implicadas. El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, aseguró ayer que «habrá que ver primero qué quiere impulsar el Ministerio» porque «del dicho al hecho muchas veces hay mucho trecho», informa Miriam Antolín. «Creo que la equidad ahora mismo está garantizada», subrayó, antes de expresar que «como siempre, puede ser un fuego de artificio o una cortina de humo para tapar alguna otra cosa». Vázquez insistió en que no cree que «en este país precisamente estemos peleando por la equidad en Sanidad», sino que «la tenemos conseguida desde hace años».
Sobre cómo podría afectar la nueva legislación a Castilla y León aseguró desconocerlo. «Me gustaría saber qué es lo que van a aprobar», manifestó, a la vez que señaló que espera que en el Interterritorial que se celebra hoy en Valencia informen a las comunidades al respecto, idéntica respuesta a la recabada en Castilla-La Mancha, que estudia aún el texto, informa María José Muñoz.
En Galicia, en cambio, creen que no habrá problema en que el Cisns avale sus conciertos privados. Preguntado por ABC, el Servicio Gallego de Salud (Sergas) considera que con un informe que justifique la pervivencia de los conciertos bastaría para que estos pudieran seguir vigentes en su territorio. De no ser así, la sanidad pública gallega tendría un problema grave, principalmente en el área sanitaria de Vigo, donde el concierto con el Hospital Ribera Povisa para su gestión concertada permite atender hasta 139.000 cartillas dentro de la sanidad pública.
Durante la renegociación de condiciones del año 2019 –consecuencia de que Povisa entrase en concurso de acreedores, tras alegar que la cápita por paciente público era inferior a los costes que asumía–, el Sergas vino a reconocer que carecía de los medios suficientes para poder asumir dentro del sistema público este volumen tan grande de pacientes. Povisa facturó a la sanidad gallega 75 millones de euros en 2018. Los datos del Presupuesto del Sergas para 2022 cifran en 137 millones de euros la partida destinada a conciertos con instituciones que ofrecen una atención especializada, informa José Luis Jiménez.