La imputación de Oltra aboca a una grave crisis al Gobierno de Ximo Puig
▶El TSJ valenciano cita a declarar a la vicepresidenta de la Generalitat por encubrir los abusos de su exmarido ▶Yolanda Díaz y el resto de aliados de izquierdas guardan silencio respecto al caso que afecta a su socia
La imputación de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, en el caso que investiga el presunto encubrimiento del caso de abusos sexuales a una menor tutelada por el que fue condenado a cinco años de cárcel su exmarido, Luis Eduardo Ramírez Icardi, aboca al Gobierno que preside el socialista Ximo Puig a su peor crisis desde que la izquierda alcanzó el poder en el verano de 2015.
A menos de un año de las elecciones autonómicas, el Ejecutivo que forman el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos se ha topado de bruces con la actuación de la Justicia. De hecho, a la citación de su vicepresidenta y portavoz como investigada por parte del Tribunal Superior de Justicia se suman la imputación de Francis Puig, hermano del presidente autonómico, en el marco de una causa por presunto fraude en el cobro de subvenciones de la Generalitat, y el llamado caso Azud, en el que la juez apunta a una posible financiación irregular de los socialistas valencianos en la campaña de los comicios de 2007.
En este contexto y con las encuestas apuntando hacia un empate entre los bloques de izquierdas y de derechas ante las elecciones previstas para mayo del próximo año, Ximo Puig afronta la recta final de la legislatura manteniendo en sus cargos de vicepresidenta, consejera de Igualdad y portavoz a su socia de Compromís Mónica Oltra, para no romper el Gobierno valenciano.
Las consecuencias del delicado horizonte judicial de la dirigente valencina van más allá de la política local, toda vez que su nombre va íntimamente ligado al de la iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz de aglutinar a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE bajo el paraguas de la plataforma bautizada como «Sumar». Al respecto, frente a la gravedad de los hechos que la Fiscalía atribuye a Mónica Oltra (prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos), ni la ministra de Trabajo ni el resto de referentes de su espectro ideológico como Ione Bellara, Irene Montero o Íñigo Errejón han dicho esta boca es mía en defensa de la niña de 14 años víctima de los abusos sexuales (juzgados, probados y condenados por un tribunal) del que fuera marido de Mónica Oltra, cometidos entre 2016 y 2017.
En este último año se enmarca la investigación sobre la presunta ocultación de estos hechos por parte de la Generalitat, que ha desembocado en un auto en el que la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ valenciano se declara competente para asumir toda la causa, con trece imputados entre funcionarios y cargos de la Consejería de Igualdad que dirige Oltra, al considerar que existe en este momento en todos ellos «una conexidad inescindible». Del mismo modo, ha llamado a declarar a la vicepresidenta autonómica como investigada el próximo 6 de julio. El escrito, notificado a las partes ayer, sostiene que la exposición razonada del Juzgado
Presidente de la Generalitat
Presidente del PPCV
de Instrucción número 15 de Valencia relata «una serie de indicios plurales que en su conjunto hacen sospechar la posible existencia de un concierto entre la señora Oltra y diversos funcionarios a su cargo, con la finalidad, o bien de proteger a su entonces pareja, el señor Luis Ramírez Icardi, o bien proteger la carrera política de la aforada». «Lo trascendente es la pantalla dispuesta con el fin de evitar contribuir a la debida investigación de los hechos y proteger como era su deber a la menor, evitando la victimización secundaria que ha provocado el tratamiento que se dio a su denuncia», detalla la Sala en su escrito.
Pese a que «no existe prueba directa», añaden los magistrados, sí hay «una serie de declaraciones públicas» de la portavoz del Gobierno de Ximo Puig en las que se atribuye la orden verbal de abrir un expediente «reservado», que se utilizó –según el instructor– para desacreditar a la víctima. Aunque ahora se desvincule de esas afirmaciones, explican, «no por ello deja de ser un elemento a considerar». De hecho, el polémico informe es el núcleo de todo este procedimiento, pues exculpaba al agresor y se empezó cuando un juez ya había dictado una orden de alejamiento entre la menor y el condenado.
Del mismo modo, califican como «increíble» que algunos de los imputados aseguraran que conocieron el parentesco de Oltra con el agresor por la prensa, cuando la consellera comunicó «tanto oralmente como por escrito» su relación con Luis Ramírez Icar
Ximo Puig
«Respeto a la Justicia. Que tome la decisión que sea más justa»
Carlos Mazón
«No entendemos por qué no asume su responsabilidad»
Ruth Merino
«Si ella no dimite, Ximo Puig debe destituirla hoy mismo»
di al inicio del mandato. Argumenta la Sala que incluso la menor conocía de este parentesco cuando denunció los hechos en junio –después de que no se diera credibilidad a su relato desde febrero– ante dos policías. Fue ese el detonante que trasladó el caso, que se mantenía dentro de la esfera de la consejería, al ámbito judicial.
Esta circunstancia, asevera el auto, «hace sospechar igualmente que en contra de lo afirmado», Mónica Oltra «conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido, con quien no olvidemos en esos momentos convivía». Ella ha insistido siempre en que no supo de lo ocurrido hasta que llegó a su casa, el 4 de agosto, una notificación judicial. El TSJ entiende por tanto que resulta procedente incoar diligencias previas, de las que será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, «con el fin de investigar hasta qué punto esa sospecha inicial tiene la entidad suficiente como para permitir que el proceso pueda continuar».
El malestar en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo por el debate jurídico abierto en el Tribunal Constitucional para amparar o no, y en su caso devolver el escaño, al que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez, es creciente. En octubre de 2021, Rodríguez fue condenado por el Supremo a 45 días de prisión por un delito de atentado contra la autoridad tras considerar probado que agredió a un policía durante unas protestas callejeras en Canarias, en 2014. Esa condena le abocó a abandonar su escaño en el Congreso de los Diputados.
A raíz de ese hecho, que provocó un severo enfrentamiento institucional entre la Mesa del Congreso y el Supremo por la resistencia de Meritxell Batet a despojar del escaño a Rodríguez, el diputado de Podemos planteó dos recursos de amparo ante el Constitucional. El primero, contra su propia condena al estimar que se había vulnerado su presunción de inocencia ya que no había pruebas concluyentes de su agresión. Y el segundo, por el forzoso abandono de su escaño, lo que afectaría a su derecho fundamental a la participación política.
Hace unas semanas, el Pleno del TC acordó admitir a trámite los dos recursos de amparo, lógicamente sin prejuzgar la decisión final de ninguno de ellos. Sin embargo, el cúmulo de debates informales que se están produciendo en el TC, y el hecho de que la magistrada progresista María
Luisa Balaguer plantee oficiosamente que se debe devolver el escaño a Rodríguez por vulneración de su derecho a la