La Xunta no pagará al Gobierno por los peajes de Rande y A Barcala
▶ El TSXG desestima la reclamación del Ministerio para que abonase 15,6 millones
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) se ha pronunciado sobre el último conflicto abierto entre la Xunta y el Gobierno central por la autopista AP-9. La administración gallega se libra así, de momento, de pagar 15,6 millones de euros, que le reclamaba el Ministerio de Transportes. La cantidad correspondía a la parte que le pedía el Estado para poder abonar la indemnización a Audasa por los peajes en la sombra del puente de Rande (Vigo) y el tramo de A Barcala (La Coruña) durante tres ejercicios. La sentencia aún no es firme.
En el año 2017, la Xunta dejó de abonar a la concesionaria de la Autopista del Atlántico los peajes en la sombra al asumir el Ministerio de Fomento la factura completa. El entonces ministro de Fomento, Íñigo de la Senra, decidió reducir a la mitad la factura que se abonaba a Audasa. La situación se mantuvo durante los años 2018 y 2019. Pero la concesionaria reclamó y el Tribunal Supremo le dio la razón a la empresa. En su sentencia el TS obligaba a abonar a Audasa las cantidades acordadas en 2006 para que los tramos de La Coruña- A Barcala y Rande
O Morrazo pasasen a ser gratuitos para los usuarios. La gratuidad de esos tramos, explica el TSXG, provocó entonces un notable incremento del número de vehículos. Por ese motivo, el Gobierno central modificó, a través de un real decreto, el sistema de cálculo del peaje en la sombra que le correspondía pagar a Audasa.
Sin embargo, en 2020 el Tribunal Supremo declaró el derecho de la concesionaria a ser indemnizada por los perjuicios causados por la implantación del nuevo sistema de retribución. Ordenó al Estado pagarle la diferencia entre lo que hubiera percibido con arreglo al sistema de retribución fijado en 2006 y lo que le había sido satisfecho de acuerdo al Real Decreto de 2017. Esa cantidad, más los intereses, fijada por el Estado en 15,6 millones, es la que le reclama a la Xunta. El TSXG, que subraya en la sentencia que «no es procedente» condenar a la Xunta a abonar directamente a Audasa la mitad o la totalidad de los pagos anuales que se devenguen de los años 2017, 2018 y 2019, y hasta el final del plazo de concesión de la AP-9. «La sentencia del Tribunal Supremo no impone condena alguna a la Xunta y, por ello, la propia ejecutante, Audasa, insta la ejecución frente a la Administración del Estado, por así disponerlo la sentencia», explica el alto tribunal gallego en la resolución. Además, incide en que «estamos ante un requerimiento que efectúa la Administración General del Estado a la Xunta para que ejecute la sentencia del Supremo en la que la Xunta no ha resultado condenada».
No pagó a Audasa
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSXG recalca que el Estado reclama ese dinero cuando «todavía no ha pagado a Audasa», tal y como ordenó el Supremo. «La Administración General del Estado justifica su incumplimiento en que parte de las cantidades reclamadas eran debidas por la Xunta», indica el TSXG. Sin embargo, el tribunal advierte que, «en ningún caso», podría «atenderse a la cantidad reclamada por la Administración General del Estado», pues recuerda que la cantidad que le tenga que abonar a Audasa es «la que determine el Tribunal Supremo en ejecución de la sentencia, sin proceder que la Xunta abone intereses de las cantidades debidas, al no tener responsabilidad en la demora». La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de casación, informa el TSXG.