Casi un centenar de franquiciados denuncian a Restalia por presunta estafa

Carne en mal estado o de distinta calidad a la ordenada; promesas de rentabilidades que no se cumplen y cláusulas ruinosas. Estas son algunas de las razones de 32 franquiciados para pedir la apertura de un proceso penal a Restalia (100 Montaditos, Sureña, TGB, etc.), a la que acusan de delitos de estafa, organización criminal, coacciones, delitos informáticos y delitos contra los consumidores. Los representantes legales de los propietarios, los despachos Cremades Calvo-Sotelo y Rafael Franco abogados, denuncian que el grupo de restauración ha llevado a cabo prácticas como la captación indiscriminada de franquiciados bajo promesas de grandes rentabilidades y rápidos retornos de inversión que, sin embargo, en casi todos los casos «han llevado a la ruina a nuestros representados».

Para ellos calculan unas pérdidas de más de 20 millones de euros (entre 300.000 y 60.000 de media), además de la entrada en concurso de acreedores de buena parte de los locales denunciantes. Pero también daños personales. En algunos casos provocando problemas de salud e incluso divorcios, según denuncian desde ambos despachos. Además de los 32 franquiciados demandantes, a la causa se unirán otros 25 locales, mientras otros 40 están a la espera de confirmación. Por lo que ya suman 97 presuntos afectados.

Los franquiciados acusan a la compañía de presentar planes de viabilidad totalmente irreales, en los que además prometían grandes calidades de producto y al mejor precio. Algo que tampoco se cumplía. Aseguran que mientras los afectados sufrían grandes dificultades para sacar adelante el negocio, veían «cómo en cualquier supermercado el precio de la carne era menor». «Puede que existan unos acuerdos que han sido silenciados y que llevan unos sobrecostes que desconocen los franquiciados», ha explicado en rueda de prensa Rafael Franco, representante del despacho que lleva su mismo nombre.

Por su parte, desde Restalia defienden su inocencia y aseguran que casi 10 días después de la aparición de las primeras noticias acerca del procedimiento, no ha sido notificada de la existencia de ningún procedimiento ni ha sido llamada a declarar por juzgado alguno. Y aseguran que emprenderán acciones legales contra estas acusaciones «en defensa de nuestros legítimos derechos».