Contra el estigma de los ingresos psiquiátricos: «Salvé la vida de mi hijo»
▶El Gobierno ha aprobado recientemente la Estrategia de Discapacidad de los próximos años en la que propone acabar con los internamientos forzosos ▶Los profesionales defienden que se trata de una medida necesaria y segura Internamientos psiquiátricos acor
Gregorio Utiel está convencido de que salvó la vida de su hijo. Fue hace unos meses, cuando Joel, de 29 años, amenazó con suicidarse. Y su padre supo que si no tomaba medidas drásticas la posibilidad de que su hijo se quitara la vida era muy alta. Al joven le dan desde hace unos años episodios de esquizofrenia en los que deja de ser él mismo. En el último, tras amenazar con tirarse por la ventana, su progenitor decidió ingresarlo en el Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón. El joven estuvo de acuerdo, hasta que se enteró de que no sería cosa de un par de días, sino que necesitaría más tiempo para su recuperación. Aunque se negó, su padre, como tutor legal, pudo internarlo.
«Todos los días, cuando le llamaba, me decía que fuera a por él, que ya estaba bien y que se quería ir a casa. Yo le decía que aún no era el momento, que era el doctor quien tenía que decir que ya estaba bien. Y me colgaba», recuerda Gregorio. Sin embargo, y aunque le angustiaba no poder cumplir con sus deseos y firmar para que abandonara el centro, este padre sabía que estaba haciendo lo correcto para Joel. «Estoy seguro de que le salvamos la vida. Cuando dijo que se iba a suicidar, que se iba a tirar por la ventana, vi que era muy posible que lo hiciera. Sé que al ingresarlo lo salvamos», recuerda en conversación con ABC. «Si tuviera que volverlo a hacer –dice–, lo haría. Claro que lo volvería a hacer. No tengo ninguna duda. Estando ingresado mejoró mucho».
Una hoja de ruta
Pero casos como el de Gregorio y Joel pueden llegar a su fin. El Gobierno ha aprobado recientemente la Estrategia de Discapacidad 2022-2025, en la que establece una hoja de ruta para los próximos años. Entre las medidas que se propone, aboga por modificar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para eliminar la institucionalización forzosa y los tratamientos por motivos de discapacidad. Este artículo sostiene que el internamiento por trastorno psíquico, aunque esté sometido a la patria potestad o tutela, necesitará autorización judicial.
El Ejecutivo también propone que se documenten los casos de internamiento forzoso, así como que España se abstenga en la adhesión al Protocolo Adicional del Convenio de Oviedo que está elaborando el Comité de Bioética del Consejo de Europa dirigido a protocolizar las medidas de ingreso y tratamiento involuntarios.
Justifican que actualmente se incumplen varios de los puntos que establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Especialmente el artículo 19, que establece que los estados «reconocen el derecho en igualdad de condiciones de 10.000 todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas». En el primer apartado se refiere además a que «tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir»; y en el segundo, a que «tengan acceso a una variedad de servicios de asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la comunidad».
Sin embargo, los expertos implicados en el proceso por el que se institucionaliza a personas con enfermedad mental contra su voluntad defienden que es una medida necesaria que se lleva a cabo «con todas las garantías». «Cualquier ingreso de una persona en una unidad de hospitalización psiquiátrica en contra de su voluntad tiene que venir autorizado por un juez», afirma Celso Arango, director del Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Gregorio Marañón y expresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental. Esta medida, explica este psiquiatra, se utiliza en casos en los que una persona se encuentra «en situación de riesgo», ya sea el enfermo o las personas de su entorno.
Alejados de la realidad
Si se hacen modificaciones en este sentido, defiende el doctor Arango, «se deberían hacer desde el punto de vista de lo que funciona». Reclama que se hable con los familiares de las personas con problemas de salud mental antes de tomar decisiones: «Que hablen con ellos, porque si alguien no es ingresado contra su voluntad y luego se suicida o hiere a alguien veremos de quién es la responsabilidad», lamenta. El problema, dice, es que las decisiones se alejen de la realidad. «A veces quienes legislan lo hacen con voluntad pero no con la practicabilidad, sin pensar lo que es factible y lo que no», apunta.
Pero el expresidente de los psiquiatras remarca también otro aspecto por el que le preocupa que se ponga el foco en la institucionalización forzosa: la estigmatización de la salud mental. Se
«Todos los días, cuando le llamaba, me decía que fuera a por él, que ya estaba bien. Yo le decía que aún no era el momento»
muestra especialmente crítico con el punto por el que se pide documentar cada caso de ingreso involuntario, algo que, defiende, ya se hace. «Destila estigma contra la salud mental y contra la Psiquiatría, porque si incluyen que se tenga que justificar el ingreso uno se pregunta si actualmente no se justifica. Y no es así, a día de hoy hay que justificar cualquier tratamiento médico, no solo el psiquiátrico, que se haga contra la voluntad del paciente», concreta.
También subraya las garantías y seguridad del proceso María Rosa Rubio Ramos, fiscal delegada de la especialidad civil y de provisión de apoyos a las personas con discapacidad para la comunidad de Canarias. «Creo que el internamiento es necesario regulado como está ahora, de manera excepcional y como medida proporcionada», apunta.
Hay dos tipos de procedimientos, dice, el ordinario y el urgente. Para el ordinario pone el ejemplo de una persona mayor con alzhéimer a la que su hija decide internar en un centro. Como la anciana no puede decidir por sí misma, su hija necesitaría autorización judicial para poder ingresarla. En ese caso, el juez debe pedir un informe médico, ver a la mujer para comprobar que no está en plenas facultades y transmitir sus impresiones al Ministerio Fiscal. Este puede oponerse o avalar los informes del juez. Si algún familiar no está de acuerdo, el magistrado también le escucha antes de confirmar su decisión.
Para el urgente, la fiscal pone el ejemplo de una persona esquizofrénica a la que le da una crisis. Se le lleva al hospital y los médicos ordenan el ingreso en la unidad de internamiento breve porque en ese momento el paciente no tiene capacidad para decidir. El psiquiatra al mando de la unidad tiene 24 horas para justificar por qué se procede al internamiento. Luego, en un máximo de 72 horas, el juez va al centro para entrevistar al enfermo y pedir informes
Tendencia ascendente
El número de internamientos psiquiátricos acordados judicialmente no ha dejado de crecer en los últimos años. En concreto, la tendencia es ascendente desde 1999, primer año del que hay cifras, según los datos facilitados a ABC por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Los ingresos solo descendieron en 2020, el año de la pandemia.
75.698
En 2021 hubo en España 75.698 internamientos psiquiátricos contra la voluntad que fueron acordados por jueces. En 2019 (porque los datos de 2020 no siguieron la tendencia por el confinamiento) hubo 72.342 casos.
Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil
La Estrategia de Discapacidad aprobada por el Gobierno para los años 2022-2025 contempla la reforma del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil para eliminar la institucionalización forzosa.
19.826
Los últimos datos disponibles, que muestran los ingresos psquiátricos acordados por la Justicia en el primer trimestre de 2022, señalan que en solo tres meses hubo 19.826 casos en los que un juez acordó la institucionalización.
médicos, tanto del doctor que trató al paciente a su llegada como de otro médico que justifique por qué debe o no seguir ingresado. Todas esas pruebas se remiten al fiscal, que las examina y manifiesta si está de acuerdo o no, y a partir de ahí el juez decide.
«Permite la dignidad»
«No vamos encerrando a todo el que tiene una esquizofrenia o trastorno», defiende María Rosa Rubio. «Es una medida que permite la dignidad de la persona y que salva vidas. Se puede vivir sin sujeciones, que no se apliquen salvo en casos muy excepcionales, pero yo creo que no podemos vivir sin esos ingresos. Si me dices que no hace falta autorización judicial te digo que es una falta de libertad enorme, pero con autorización judicial no».
Acabar con estos ingresos, considera Esther García Sánchez, miembro de la Mesa de Discapacidad y Centro de Estudios Jurídicos y Medicina Forense de la Organización Médico Colegial, es «una utopía». «Ojalá no hubiera, pero la realidad indica que hay una serie de situaciones en las que es necesaria esta medida», lamenta esta médico forense, que subraya la «garantía» de la medida y su importancia. «Salva vidas», remarca.