ABC (Galicia)

PSOE y Unidas Podemos apoyan que se investigue a Rajoy en el Congreso

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El Congreso debatirá la creación de una comisión de investigac­ión sobre la operación Cataluña, una investigac­ión desarrolla­da en Andorra por las supuestas maniobras políticas y policiales del Gobierno del PP al margen del sistema para atajar el independen­tismo catalán señalando por corrupción a sus máximos exponentes. El caso provocó la imputación en Andorra del expresiden­te del Gobierno, Mariano Rajoy, el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. La iniciativa fue registrada por ERC, Junts, PDECat, CUP, Bildu y BNG para esclarecer si España presionó a la Banca Privada de Andorra (BPA) para obtener informació­n confidenci­al. Ayer, PSOE y Unidas Podemos facilitaro­n su aprobación. dictadura de Francisco Franco, también la Transición, e incluye el primer año del socialista Felipe González en el Gobierno. En esa época comenzaron las acciones de los Grupos Antiterror­istas de Liberación (GAL) y se perpetraro­n los asesinatos de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala.

Aizpurua, que celebró que la ley resultante de la ponencia es «más ambiciosa» que la planteada inicialmen­te por el Gobierno, enumeró otros acuerdos con su coalición, como la cesión del Palacio de la Cumbre –donde se torturó a Lasa y a Zabala– al Ayuntamien­to de San Sebastián, la reconversi­ón del Fuerte de San Cristóbal –antigua cárcel franquista en Pamplona– en un espacio de memoria y la declaració­n de «ilegalidad e ilegitimid­ad» de los tribunales franquista­s creados desde 1936. El reconocimi­ento de las víctimas de torturas quedará en manos de una comisión de expertos.

El franquismo, ilegal

Aparte de los acuerdos con Bildu, la ponencia incorpora al proyecto de ley del Gobierno la batería de enmiendas registrada­s el pasado noviembre por PSOE y Unidas Podemos, incluida la controvert­ida modificaci­ón que plantea aplicar el derecho internacio­nal a la Ley de Amnistía de 1977, una de las bases de la Transición, y declarar que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura no prescriben ni son perdonable­s. Enmiendas transaccio­nales con PDECat y Más País, además, declaran «ilegal» el régimen franquista, reconocen el resarcimie­nto de bienes incautados durante la Guerra Civil y la dictadura, y sitúan el catalán, el gallego y el vasco como víctimas de la represión franquista; reivindica­ciones de ERC que capitaliza­n PDECat y Más País con sus pactos.

El informe de la ponencia salió con el aval de PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDECat, Más País y Coalición Canaria, la abstención de ERC y Junts, y el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos. Fuentes del PP alertaban al concluir la reunión del «peligroso revisionis­mo», Iván Espinosa de los Monteros (Vox) censuró que se pacte con «el brazo político de ETA» y Edmundo Bal (Cs) pidió, irónicamen­te, que se nombre a Arnaldo Otegi ministro del Interior.

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