«Cada semana supone 50.000 juicios suspendidos; si a Llop le parece irrelevante, que lo diga»
Presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia Un mes después del inicio de la huelga, los letrados judiciales vuelven a reunirse con el ministerio el viernes
Cuando Ernesto Casado llegó a la presidencia del Colegio Nacional de Letrados Judiciales el pasado año, las relaciones con el Ministerio de Justicia eran muy distintas. En abril firmaron unos acuerdos salariales de los que el departamento de Llop hoy reniega. Tras el fracaso de la primera reunión con el secretario de Estado, tres semanas después de empezar la huelga, los representantes de este colectivo piden perdón al ciudadano por los trastornos ocasionados, de los que culpan a la ministra. No darán un paso atrás, dicen, hasta que no se les escuche.
—Más de 160.000 juicios suspendidos, 130.000 demandas sin tramitar, 535 millones bloqueados. Parece que a alguien se le ha ido de las manos esta huelga...
—Pues efectivamente, cuando nosotros la convocamos no pensábamos ni que íbamos a empezarla. No creímos que el ministerio fuera tan irresponsable de dar pie a que se produjeran todos estos perjuicios sobre todo para el ciudadano y para los usuarios de los juzgados. Es un disparate.
—Venían además de dos paros puntuales en noviembre y diciembre. Vamos, que no pilló por sorpresa.
—En diciembre ya avisamos de que, si no nos recibían, iríamos a la huelga indefinida. Queríamos provocar una negociación que no comenzó hasta tres semanas después de haber empezado la huelga, una irresponsabilidad absoluta por parte del ministerio, que ha estado esperando a que los números subieran para reaccionar, igual que pasó con el ‘sí es sí’ o el resto de desgraciados proyectos que estamos viendo en tramitación parlamentaria.
—¿Cree que el Ministerio de Justicia infravaloró sus advertencias?
—El ministerio ha emprendido una estrategia que consiste en intentar desgastarnos al máximo, no solo en cuanto a los salarios, que evidentemente no los estamos cobrando, sino en cuanto a nuestra reputación. Es preocupante lo que Justicia ha dicho sobre nosotros.
—¿Qué piden exactamente?
—Algo tan simple como que se cumplan los acuerdos a los que llegamos en abril de 2022 y que ahora se nos está diciendo que no estaban firmados. A nivel salarial queremos que se haga efectiva una reivindicación que llevamos arrastrando desde el año 2009 y luego desde 2015, cuando el cuerpo cambió su configuración y empezamos a realizar una actividad de naturaleza cuasijudicial. El CGPJ ha informado favorablemente a un enganche de nuestra retribución salarial a los jueces en atención a las funciones que realizamos. —Desde el Ministerio de Justicia se les ha llegado a calificar de «golpistas» y «endiosados». Dicen que cobran ya entre un 70 y un 140 por ciento más que los funcionarios de su mismo
nivel. ¿Eso es cierto?
—Cuando el Ministerio de Justicia habla de números siempre son sesgados, incorrectos y, en algunos casos, directamente falsos. El ministerio se comprometió a una adecuación salarial en la que asumía ajustar nuestro salario a las funciones realizadas. Queremos que se nos apliquen los mismos coeficientes en uno de los complementos de los funcionarios A-1 de la Administración de Justicia.
—¿Se sienten respaldados por el resto de operadores jurídicos? Se lo digo porque los jueces se niegan a que se equiparen con ellos.
—Les recomendaría que se leyeran los informes del CGPJ, incluso la propia norma reguladora de las retribuciones de los jueces que expresamente dice que se regulen las retribuciones de los letrados de la Administración de Justicia con iguales concepto y estructura que los previstos para la carrera judicial. Pero es más, lo dice también la Ley Orgánica del Poder Judicial, que nuestro estatuto, el de los letrados, es igual que el de los jueces en materia de jubilación, de situaciones administrativas y, sobre todo, en materia de incompatibilidades y prohibiciones.
—Han pedido que asuma las riendas de la negociación la ministra Llop y no el secretario de Estado. ¿Y si esto no sucede?
—Nosotros queremos que las reuniones se puedan celebrar en condiciones favorables para la propia negociación. Si estamos ante un señor que adopta una postura inflexible y que lo único que dice a cada una de las cuestiones que le plantea el comité de huelga es que cuándo vamos a desconvocar, vemos que es absolutamente contrario al principio de buena fe negocial. Queremos tener un interlocutor capaz de desencallar este conflicto.
—¿Hasta cuándo puede seguir esto así? Porque la situación es insostenible...
—Esperamos que esta vez estemos en condiciones de hablar e intentar llegar a alguna solución que tiene que ser lo más cercana posible. Cada semana que pasa supone unos 50.000 juicios suspendidos. Si a la ministra le parece irrelevante, que lo diga, la ciudadanía tiene que saberlo.
—La cuestión es que al final quien paga los platos rotos es el ciudadano, que después de estar esperando incluso años un juicio, llega el día y se suspende.
—Queremos que los ciudadanos lo entiendan y estamos dispuestos a flexibilizar los servicios mínimos al máximo. No los hemos recurrido; lo que ha mandado hacer el Ministerio de Justicia lo estamos asumiendo de la forma lo más amplia posible. El otro día los ampliamos en materia de pensiones e intentaremos avisar a los abogados y demás profesionales de suspensiones que se van a producir ante la posibilidad de que la huelga pueda alargarse. En todas las huelgas hay consecuencias negativas. Intentaremos que sean las mínimas posibles.