La burocracia amenaza con atrasar el fondo de pensiones de Escrivá
Aún falta parte del reglamento, los pliegos del concurso público y la plataforma digital
El fondo público de pensiones, como se denomina al vehículo de ahorro impulsado por el Gobierno para fomentar el ahorro privado de los trabajadores, es una de las patas fundamentales de la reforma del sistema de Seguridad Social que actualmente está impulsando el Gobierno. Es un aspecto central, ya que sienta las bases del modelo de jubilaciones en el que gana peso la renta procedente de la previsión complementaria y en el que las prestaciones públicas pierden protagonismo.
La medida está comprometida con Bruselas como parte del Plan de Reformas que darán a España la posibilidad de recibir los próximos tramos de financiación de los fondos de recuperación –la reforma de las pensiones pasa el examen de la Comisión Europea en primavera– y buena parte del hito ya está cumplido. El Ejecutivo cuenta ya con el texto del nuevo sistema, aprobado tras un denso debate parlamentario, y ya ha introducido los aspectos clave que determinarán las características de los nuevos planes de empleo simplificados: el límite de comisiones y la estructura de los dos órganos de gobierno de los fondos.
Finales de año
Con esto, el Gobierno ya habría cumplido con el hito de la aprobación legislativa de la medida que Bruselas pedía. Sin embargo, con la aprobación del texto legal en el pasado mes de junio y del denominado «reglamento exprés» que vio la luz en los primeros días de agosto, el ministerio dirigido por José
Luis Escrivá esperaba poder pisar el acelerador para tener activo el nuevo vehículo de ahorro antes de final del pasado año. Sin embargo, el proceso de cerrar los últimos flecos se está demorando. Y es la propia legislación española sobre adjudicación de concursos públicos la que podría dar el golpe definitivo a esta espera, llevando la activación de los nuevos planes de pensiones no antes de finales de 2023. Y eso que tras la imposibilidad de poner el fondo en marcha antes del cierre de 2022, la fecha objetivo es la de mitad del presente ejercicio.
Ahora bien, el sector de gestoras y aseguradoras no es optimista sobre la idea de que el instrumento de ahorro pueda estar en funcionamiento antes del verano. Y más allá, temen que no es posible activarlo, al menos, hasta finales de 2023. Son varios los factores que esgrimen. El primero de ellos, como se ha mencionado, es que el reglamento de estos fondos aún está inconcluso. Aunque se conoce cuál será el coste máximo –la comisión de gestión tendrá un tope del 0,3% y la de depósito un 0,1%– y la estructura de los órganos de gobernanza, precisamente faltan por concretarse ambos aspectos. Según trasladan fuentes de la patronal, Inverco, a día de hoy, ni se ha terminado el reglamento en el que se deben concretar más elementos cómo la política de inversiones o el efecto sobre los convenios colectivos sectoriales, ni tampoco están todavía finalizados los pliegos del concurso para poder optar a la adjudicación de la gestión y depósito de los ahorros. «Esperemos tenerlos antes de verano», señalan estas fuentes.
La propia subdirectora General de Organización, Estudios y Previsión Social Complementaria de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, María Francisca Gómez-Jover, señalaba hace escasos días durante una jornada celebrada por KPMG que en estos momentos aún se está trabajando con el Gobierno en terminar de ajustar el reglamento, los pliegos del concurso público y algunos aspectos más como la plataforma digital y los costes asociados. Además, explicaba que otro de los aspectos que se están aún trabajando con los representantes del Gobierno es la configuración de los órganos de gobernanza y asegura que hay algunos puestos y nombres ya asignados.
Muchos flecos pendientes para haber activado ya el instrumento de ahorro en un plazo de tres meses, hasta llegar a mediados de año. «Necesitarán cuatro y ocho meses para las adjudicaciones de gestoras y depósito por la ley de contrataciones pública, que establece unos plazos», explican a ABC fuentes de la patronal de gestoras de fondos y planes de pensiones. «Esperamos el verdadero desarrollo de la ley en verano», apuntan señalando el entorpecimiento que se podría producir también por la particularidad del año electoral.
La ley de concursos públicos establece una serie de plazos para cada fase del proceso, que en su versión más extensa podría demorar la resolución en más de medio año. Solo para la presentación de ofertas se establece un plazo no inferior a 35 días naturales, pero además también se fijan para el resto de pasos: apertura por la mesa de proposiciones, adjudicación, presentación de la documentación, resolución y notificación de la adjudicación, formalización de los contratos y el anuncio final de estos.
Una vez cerrados los flecos, los pasos del concurso para la adjudicación podrían demorar hasta ocho meses más la activación del fondo