Una mala ley universitaria
Lo paradójico de este texto es que comportará la desintegración del sistema universitario que dice regular
Si la gente supiera cómo se hacen las leyes y las salchichas, ni cumpliría las leyes ni comería salchichas. Tan cínico comentario atribuido a Bismarck deja mal parados dos productos que pueden resultar nutritivos y necesarios para las sociedades. Personalmente, no tengo nada contra las salchichas y me dedico a estudiar las leyes, así que, desde el respeto a la industria cárnica, centraré mi análisis en un pésimo texto legal que estos días se aprueba en el Senado.
La opinión pública ya está acostumbrada a la mala calidad de las leyes, por desgracia. La serie de despropósitos recientes ha mostrado graves y nefastas consecuencias de la falta de análisis técnico y, peor aún, de la desconsideración a las consecuencias dañinas de los defectos en la regulación. Aquello que se publica en el Boletín Oficial del Estado repercute sobre la realidad, ha de ser aplicado, genera derechos y obligaciones al margen de la voluntad o la inconsciencia de sus redactores. ¿Qué supondrá la nueva Ley del Sistema Universitario? De entrada, cambios que exigirán mucho tiempo de dedicación para adaptarlos, esfuerzos que no podrán orientarse hacia lo más importante: el estudio, la formación de los jóvenes, la investigación y la transferencia de conocimiento. La ley también incrementará los riesgos de conflicto por la mayor politización de la Universidad que favorece este texto, sesgado hacia la ideología de sus redactores.
Lo paradójico de esta iniciativa es que comportará la desintegración del sistema universitario que dice regular, que debería ser el Sistema Universitario Español. Las concesiones a los independentistas incluyen una inaceptable atribución a las agencias autonómicas para acreditar funcionarios de los cuerpos docentes universitarios, un blindaje del modelo catalán que la ley claramente favorece, en detrimento del común para toda España. Aunque pareciere que el verdadero motivo de la ley es el cumplimiento de un compromiso con la UE, para poner una cruz en la lista de tareas que hay que realizar, lo cierto es que satisfacer a socios de gobierno es su intención oculta. Esto es de por sí lamentable porque Europa no pide cualquier reforma universitaria, sino aquella que permita alcanzar los objetivos estratégicos de la innovación, la empleabilidad y la transformación para el futuro.
La ley afecta de forma muy negativa a la autonomía universitaria, entendida ésta como libertad para la creación y difusión de conocimiento. Esta reforma no respeta la capacidad de las universidades de organizarse, dictarse sus propias normas, definir el modo más adecuado de elección de sus autoridades y la estructura de sus plantillas para ofrecer el mejor servicio a la sociedad. La verdad, lo que los hechos nos muestran, es que la ley no va a servir para actualizar el régimen de nuestras universidades, sino para que quienes tienen una posición de ventaja en las instancias de poder saquen partido y logren sus propios objetivos: debilitar el papel del Estado en el sistema universitario (español), introducir mensajes ideológicos sesgados en la Universidad, generar controversias internas en las comunidades académicas y dañar nuestras casas de estudio.