Moncloa aplaca el plan de Díaz de encarecer el despido improcedente
La Abogacía del Estado rechaza que la ley española incumpla los parámetros europeos
El Gobierno ha puesto pie en pared ante las intenciones de los sindicatos de llevar a cabo una reforma del despido improcedente en España, para encarecerlo concretamente, y que ha apoyado públicamente en las últimas semanas la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como un posible campo de negociación tras la reciente aprobación de la reforma laboral poniendo sobre la mesa la posibilidad de importar a nuestro país el modelo del ‘despido reparativo’.
Aunque no existe una planificación formal para abrir próximamente una mesa de negociación con patronal y sindicatos sobre el coste del despido en España, el ala morada del Gobierno, capitaneada por Díaz, ya ha expresado públicamente que estaría dispuesta a abrir un espacio de diálogo con CEOE, UGT y CC.OO. para tratar este punto que quedó intacto en la reforma laboral suscrita por todos los agentes sociales.
La intención del Ministerio de Trabajo es la de explorar el modelo de despido restaurativo, que descarta las fórmulas clásicas de compensación por el cese injustificado de un trabajador para ir a un modelo en el que esta indemnización depende de la situación personal de cada individuo. Por ejemplo, el coste sería mayor para los supuestos de ceses de perfiles de difícil reinserción laboral. Es decir, sería más caro, por ejemplo, despedir a una persona cercana a la edad de jubilación o con más de 50 años, momento en el que estadísticamente se reducen drásticamente las posibilidades de reengancharse a un puesto de trabajo tras un proceso de despido.
Oposición del Gobierno
En este punto, el Gobierno se enfrenta a un nuevo conflicto interno en el medio plazo entre el ala socialista y el ala morada, siempre dispuesta a elevar al máximo los planteamientos, en este caso sobre las condiciones del despido improcedente.
La cuestión se remonta al momento de negociación de la reforma laboral. Entonces, el Ministerio de Trabajo logró amansar las exigencias de los sindicatos de abordar la reforma del despido injustificado, su encarecimiento más concretamente. La idea era la de recuperar al menos el corsé existente antes de la reforma laboral del 2012 que redujo de 45 a 33 días de salario por año trabajado la cuantía de la indemnización.
Sin embargo, más valía en ese momento salvar un acuerdo amplio que además era fundamental para mantener vivo el flujo de financiación de los fondos euros que abrir un melón que podría haber echado a perder el resto de modificaciones que entraron en vigor en enero de 2022. No se abrió el melón del despido improcedente pero desde UGT, insatisfecho con este aspecto, elevaron una denuncia ante el
Comité Europeo de Derechos Sociales, encargado de regular y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la Carta Social Europea. «Se solicita que se declare la normativa española relativa a los despidos individuales sin justa causa disconforme con el artículo 24 de la Carta Social Europea en lo relativo a la previsión de un sistema de cálculo legalmente predeterminado desligado tanto de los daños reales sufridos por las personas trabajadoras a raíz de una decisión de despido abusiva, arbitraria o sin causa cuanto de efecto disuasorio», apunta el escrito de denuncia. Desde el organismo europeo, no en vano, consideran que existe causa en la queja sindical y recientemente se solicitó al Gobierno de España que realizará las alegaciones oportunas ante la denuncia. Y es aquí donde aflora la diferencia de posturas existente, también en este punto, dentro de la coalición de gobierno. Aunque la alegación del Gobierno la firma la Abogacía del Estado dependiente del Ministerio de Justicia, no escapa a la inocencia la evidencia de que el documento, que rechaza de plano el planteamiento de UGT, no está redactado precisamente desde el Ministerio de Trabajo capitaneado por Yolanda Díaz, que apoya el objeto de la reclamación.
Sin embargo, desde el sindicato prefieren no apuntar hacia una dirección concreta. «En el Ministerio de Trabajo y en el Ministerio de Seguridad Social también hay Abogacía del Estado», señala el secretario confederal de UGT, Fernando Luján. «La posición del Gobierno es la que refleja el escrito que han enviado. Lo demás está francamente bien para que pueda aparecer en los medios de comunicación. Seguramente tiene un cierto morbo, pero lo que nos importa realmente es que el Gobierno ha hecho unas alegaciones y es en las que estamos».
Por su parte, la CEOE, a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), trasladó sus alegaciones al escrito, asegurando que la legislación española ya es lo suficientemente disuasoria ante el despido injustificado y sostienen que es «incomprensible» considerar que España incumple con el artículo 24 de la Carta Social, por lo que reclaman al Comité que desestime ‘in integrum’ la demanda de UGT.