El Congreso ecuatoriano vota iniciar un juicio político a Lasso
Acusan al presidente de Ecuador de conocer una red de corrupción que no denunció
La Asamblea Nacional de Ecuador aprobó el sábado, con 104 votos de los 137 asambleistas, el informe que recomienda iniciar un juicio político al presidente Guillermo Lasso por supuestos delitos contra la seguridad del Estado
y omisión en delitos contra la Administración pública. El apoyo por gran parte de los legisladores al informe es una clara muestra de la soledad política del mandatario ecuatoriano, que ha perdido el respaldo de casi todos los grupos parlamentarios y vive bajo la amenaza de nuevas movilizaciones de sectores indígenas y gremiales.
A favor del informe votaron el bloque correísta Unión por la Esperanza (UNES); el Partido Social Cristiano (PSC), exaliado de
Lasso; el movimiento Pachakutik (brazo político del movimiento indígena Conaie); Izquierda Democrática (socialdemócrata) y algunos independientes. En contra votaron 18 legisladores de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), oficialista, y hubo tres abstenciones, incluso de cercanos al Gobierno, y algunas ausencias.
La presidenta de la comisión ocasional por la Verdad, Justicia y Lucha contra la Corrupción, Viviana Veloz, de UNES, dijo en su intervención que «Lasso prefirió cubrir los vínculos de su cuñado Danilo Carrera, cubrir a la banca, a los usureros y al narcotráfico antes que proteger los sagrados intereses de los ecuatorianos», y que ordenaba desaparecer investigaciones.
Apenas tomada la decisión, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, rechazó la decisión de la Asamblea porque, dijo, no hay méritos para un juicio político. «No es un acto de fiscalización, sino de evidente desestabilización», aseguró. Y añadió: «Una vez más, la Asamblea le haya fallado al país».
Lo aprobado por la Asamblea el sábado 4 de marzo, tras siete horas de sesión, es el preámbulo del juicio político. Ahora, el camino legal que tiene que recorrer, incluye una solicitud por escrito con el respaldo de 46 firmas (un tercio de los 137 legisladores), en el que consten los cargos que se le imputan al primer mandatario; que el Consejo de Administración Legislativo conozca y apruebe la solicitud y se envíe a la Corte Constitucional que debe emitir un dictamen de admisibilidad. Para todos estos pasos hay unos plazos que podrían sumar días y hasta semanas. Cómo se pronuncie la Corte Constitucional resulta, hasta hoy, una incógnita.
El origen de la trama
Todo comenzó el pasado enero, con la filtración de un audio en el medio digital ‘La Posta’ que daba cuenta de una supuesta trama de corrupción en el interior de las empresas públicas y que involucraría a Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso. En las conversaciones participaban el expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas Hernán Luque y Rubén Cherres, amigo de Carrera. Por investigaciones e informes de la Policía se ha conocido que Cherres tenía vínculos con la mafia albanesa, instalada en el país desde hace unos años.
En otros diálogos se les escuchaba hablar de nombramientos y contratos con empresas, de pagos de cuotas mensuales y hasta de abrir cuentas en Andorra.
La Fiscalía General del Estado realizó allanamientos en domicilios y despachos de altos cargos y denominó al caso ‘Encuentro’, aunque mediáticamente se le conoce como ‘El Gran Padrino’, y abrió una investigación penal, mientras que la Asamblea Nacional integró una comisión multipartidista, de mayoría opositora, para investigar la trama, cuyo informe fue votado y aprobado el sábado por el Pleno.
La investigación en contra de Lasso tiene calado internacional. En un comunicado publicado por un grupo de 27 expresidentes expresaron su preocupación sobre el propósito de partidos opositores, organizaciones y de la propia Asamblea Nacional de destituir al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso. Entre los firmantes figuran el expresidente de Uruguay Luis Lacalle, el expresidente español José María Aznar o el argentino Mauricio Macri.