El Gobierno de Guatemala recrudece la persecución contra la prensa independiente
Tras el caso Zamora, el juez ordena investigar a otros nueve periodistas y columnistas
La prensa independiente guatemalteca vive sus horas más sombrías desde que el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei asumió el poder, en enero de 2020. Por solicitud de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, un juez ha ordenado investigar a seis periodistas y dos columnistas de ‘elPeriódico’, uno de los diarios más importantes del país.
El juez Jimmi Bremer había dado luz verde para que el Ministerio Público pueda investigar, perseguir y enjuiciar a periodistas de medios críticos con el
Gobierno, que la Fiscalía considere que, por su trabajo, «obstruyen» la Justicia.
La decisión de Bremer surge como parte del segundo proceso penal contra José Rubén Zamora Marroquín, el galardonado periodista y fundador del diario ‘elPeriódico’, acusado de obstrucción a la Justicia y detenido desde el 29 de julio de 2022 por un supuesto caso de ‘lavado de dinero’. Su detención ha sido objeto de múltiples pronunciamientos de entidades internacionales de libertad de expresión, por las condiciones, tiempo y forma en que la Fiscalía ha llevado el proceso.
Durante la vista judicial, la fiscal a cargo del caso, Cynthia Monterroso, alegó que Zamora había creado «una campaña de desprestigio por medio de publicaciones en ‘elPeriódico’» y que para ello habría contado con la colaboración de los periodistas y columnistas señalados. Monterroso acusa a los periodistas de cometer el delito de obstrucción de la Justicia por haber «amenazado y coaccionado» a jueces, magistrados y testigos «con el fin de influir en su comportamiento u obstaculizar el cumplimiento de sus funciones», debido a la cobertura periodística del caso en los últimos siete meses.
Zamora, que en 2021 recibió de manos de Felipe VI el premio Rey de España al medio de comunicación destacado de Iberoamérica, se enfrenta a dos procesos penales. El primero, por lavado de dinero; y el segundo, por obstrucción a la Justicia. En ambos hay una figura clave llamada Ronald García Navarijo, que interviene como testigo y acusador principal. El testigo acusa al periodista de «chantaje» por, supuestamente, pedirle 200.000 quetzales (24.000 euros) a cambio de no implicarlo en un caso de lavado de dinero (caso Arca).
Pero Navarijo tiene su propio historial criminal que lo implica en tramas de corrupción, razón por la que su testimonio en contra de Zamora ha sido cuestionado por múltiples juristas y organizaciones de Derechos Humanos. Navarijo fue el gerente general del Banco de los Trabajadores y está implicado en un caso de corrupción investigado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público, quienes lo acusan del desfalco del banco. Encara un proceso judicial por los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero u otros activos y peculado en el caso Arca, una red de corrupción por la que el extinto Partido Patriota habría recibido dinero para financiar campañas electorales.
La Fiscalía sugiere que más de 26 millones de quetzales (unos tres millones de euros) fueron desfalcados al Banco de los Trabajadores y que parte fue desviado por medio de la entidad Estrategias e Inversiones (Arca) para la campaña del partido, que llevó al poder al expresidente Otto Pérez Molina en 2012 y quien renunció en 2015.