El Gobierno aprueba avales para hipotecas sin tener asegurado el apoyo de la banca

▶ La garantía pública será de hasta el 25% del préstamo, pero se limita a un plazo de hasta diez años

para aplicar las medidas, ya que es voluntario. Fuentes financieras señalan que no ha habido contactos formales para sumar a la banca a estas ayudas por el momento. Desde Transportes apuntan que «en próximas semanas» confían en que esté operativo, sin aclarar fecha; desde Asuntos Económicos dicen estar «empezando a trabajar» con las entidades.

Asimismo, el escepticismo de los bancos siguen presente. Desconocen los detalles del convenio que se les invitará a firmar y no tienen constancia de la letra pequeña. Además, tienen dudas de la efectividad de la medida, y destacan que es posible que les cueste más poner en marcha la maquinaria de los avales a nivel tecnológico que luego las hipotecas que se vayan a firmar. También queda en el aire si se fijará un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda, y si se fijará en función del ámbito territorial.

En el Consejo de Ministros de ayer también se dio luz verde a la movilización de 63.000 viviendas para alquiler social y asequible a través de dos disposiciones. Una destinada a la construcción de 43.000 viviendas sociales para la que se habilitará una línea de financiación de 4.000 millones a cargo de fondos europeos y gestionada por el ICO, a la que podrán acceder promotoras públicas y privadas; y otra con la que se pretende movilizar otras 20.000 viviendas con el mismo destino en suelos actualmente de Defensa. En el caso de la línea de financiación que gestionará el ICO, los fondos irán dirigidos a promotores públicos y privados y financiarán desde la adquisición de suelo público o privado y la construcción de vivienda nueva a la adquisición de edificios públicos y privados para rehabilitar. Las obras se podrán ejecutar en un plazo de entre cuatro y ocho años desde la formalización del préstamo, con ese periodo máximo de referencia en el caso de que los terrenos a adquirir estén en proceso de ordenación urbanística.

En cuanto a las 20.000 viviendas destinadas al alquiler social canalizadas a través del Sepes y se movilizarán en los suelos de Defensa, la ministra Sánchez dijo que dispondrá de 8 millones de m2 ubicados en 14 comunidades, además de en Ceuta y Melilla. El valor estimado de la operación es de unos 620 millones, que será la transferencia que deberá hacer Hacienda a Transportes para hacerse con el suelo que el departamento de Margarita Robles gestiona a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa .

Transportes concretó que las 20.000 viviendas estarán ubicadas en 34 municipios, pero la mitad de ellas se concentrarán en Madrid. En concreto, serán 10.500 casas las que el Gobierno pretende desarrollar en suelo cercano a donde actualmente está proyectada la operación Campamento para la que se contemplan otras 10.700 viviendas destinadas al alquiler social.

Las movilizaciones de vivienda pública forman parte del plan de 184.000 casas que el Gobierno ha comprometido para los próximos años y que Sánchez ha ido anunciando a modo de goteo en las puertas de la campaña del 28M. Raquel Sánchez aseguró ayer que 67.000 de ellas ya están en marcha.

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Depósitos a más de un año

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Diez años. Es el plazo que los gestores reclaman para poder pagar los impuestos de las herencias y evitar así los rechazos que, según sus datos, se producen en el 15% de los casos. Explica este colectivo que los años pospandemia han supuesto un crecimiento exponencial de las herencias como consecuencia de la elevada mortandad por el Covid 19. Más de 365.000 expedientes de sucesiones se tramitaron durante 2021 y 2022 con 55.000 rechazos por parte de los herederos en ambos años, según un informe del Consejo General de Gestores Administrativos de España.

Las razones para este alto volumen de rechazos de una herencia son, básicamente, de índole económica. Casos como que el pasivo de la herencia es mayor que el activo, o por falta de liquidez para pagar los impuestos derivados de la transmisión ‘mortis causa’. Existen también rechazos por la mala relación del heredero con el difunto, aunque en menor cuantía.

Ferrovial, a través de su filial de construcción en Estados Unidos, se ha adjudicado la mejora de un tramo de la autopista I-85 en Atlanta (Georgia) por 79 millones de dólares (equivalentes a unos 71 millones de euros). El proyecto refuerza la presencia de Ferrovial en el país, un mercado estratégico para la compañía y que concentra el mayor volumen de sus ingresos. El Departamento de Transporte de Georgia (GDOT) ha elegido a Ferrovial para diseñar, construir y mejorar la intersección de la autopista I-85 con la carretera SR 42/North Druid Hills.

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