Bruselas denuncia que Sánchez daña la economía al abusar del decreto
▶ También cuestiona los procedimientos de urgencia «en contraste» con otros países de la UE
La Comisión Europea considera que la deficiente calidad legislativa y la parálisis de la administración y de la Justicia son elementos que afectan directamente a la situación económica en España. El mensaje, incluido en el paquete de primavera del semestre económico europeo, podría ser el prólogo del informe sobre el Estado de derecho que Bruselas va a publicar próximamente y que se prevé especialmente crítico con la gestión del actual Gobierno al que reclama sin éxito la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el cambio de las reglas de elección de sus miembros, para evitar la politización de la Justicia.
En el informe económico, los expertos de la Comisión se han referido de modo poco habitual a cosas como la «fragmentación regulatoria, la limitada evaluación de políticas y el uso frecuente de los procedimientos legislativos de emergencia» como elementos que «debilitan la calidad de la legislación española», lo que constituye un reproche poco habitual y que roza la delicada zona de la seguridad jurídica, que es un área en la que la UE es especialmente sensible.
El informe constata que las administraciones españolas, incluidas las autonómicas, han aumentado «notablemente» su producción normativa lo que consideran que tiene efectos directos en la creación de riqueza puesto que provoca «menores tasas de creación de empresas, menor productividad, menor eficacia de la justicia, mayor volumen y complejidad de la legislación y una fragmentación regulatoria». Y, en general, la capacidad de evaluar la eficacia de ese gran volumen de legislación «está mucho menos desarrollada que en resto de la UE».
Concretamente, respecto al uso discrecional de procedimientos legislativos de urgencia, la Comisión constata que España ha sido el único país que ha utilizado este recurso durante la pandemia. «España –dice– ha adoptado leyes rápidamente en el Parlamento debido al uso frecuente de procedimientos de emergencia» y constata que ello ha sucedido «en contraste con los demás países donde la pandemia no tuvo como consecuencia un aumento en la utilización de estos procedimientos de urgencia».
También recuerdan que en el plan de reformas que España se comprometió a llevar a cabo a cambio de los fondos de recuperación deberían haber creado una agencia nacional de evaluación legislativa, además de «fortalecer la planificación de la evaluación de políticas» mientras que en los últimos meses el Gobierno ha tomado decisiones regidas por los intereses electorales y sin hacer ningún estudio sobre su eficacia, a pesar de que intervienen en campos como la vivienda o la composición de los organismos públicos y empresas privadas.
Los problemas del funcionamiento de la Justicia han llegado también a Bruselas como un elemento que lastra la economía y constata que el tiempo que se necesita para que un asunto sea resuelto por el Tribunal Supremo que es de 888 días (en 2020; ahora podría ser mayor) «sigue siendo muy prolongado» y sería el segundo peor de toda la Unión Europea, solo superado por Italia. ¿Se ha terminado la buena estrella de Sánchez en Europa? La respuesta la dará probablemente el contenido del informe sobre el respeto al Estado de derecho que publica cada año el comisario de Justicia y que se prevé especialmente crítico con la situación en España. Didier Reynders, el comisario responsable de esta cartera ha venido en persona a Madrid y ha pedido públicamente, en presencia del Rey Felipe VI, la renovación del CGPJ y la reforma inmediata de las reglas de elección de sus miembros, aunque el Gobierno ha dicho claramente que se opone a esta última exigencia.
Reynders también ha advertido que incluirá en el informe su opinión sobre la polémica reforma del delito de malversación, porque se trata de una disposición que puede perjudicar los intereses financieros de la Unión, especialmente en este periodo en el que el Gobierno está recibiendo ingentes cantidades de dinero por parte de la Comisión Europea.
Todo ello en vísperas del inicio del semestre de presidencia europea, en el que Sánchez parece haber depositado sus esperanzas para relanzar su imagen.