Caso de las niñas que fueron desescolarizadas: «Sufrían con el idioma»
▶ Los padres dicen que no se adaptaban al gallego y que por eso dejaron de ir al colegio
Los padres de dos niñas de Vigo, de 9 y 11 años, se sentaron ayer en el banquillo por un presunto delito de abandono de familia. Se los acusa de desescolarizar a las menores en mitad del curso y de inscribirlas en una academia on line de California, algo no permitido en España, que obliga a que la educación se imparta de manera presencial y en un centro autorizado. La denuncia partió del propio colegio, que se reunió en varias ocasiones con ellos para advertirlos de la ilegalidad en la que estaban incurriendo tras dar la alerta por absentismo, pero ellos lo desoyeron. Según su explicación, «querían lo mejor para sus hijas», que pasaba por «darles una educación en inglés» para que pudieran cursar estudios superiores en Estados Unidos: «Hoy estamos aquí y mañana allí, mis hijas son de Estados Unidos y quieren estar al mismo nivel que en su país» alegó la madre ante el tribunal.
En su defensa, la pareja, que se enfrenta a una multa de 6.000 euros, esgrimió que las niñas no acababan de adaptarse al gallego (pese a que llevaban cinco años residiendo en Galicia) y que el idioma desmotivaba a sus hijas. La visión de los docentes que dieron clase a las niñas fue distinta. En sus intervenciones reseñaron que las dos recibieron clases de refuerzo durante varios años hasta que dejaron de hacerlo porque había otros alumnos que las necesitaban más. Precisamente, el tutor de una de ellas aseguró que la menor no tenía problemas en clase, pero que sus malas notas se debían a falta de trabajo en casa. Por su parte, la tutora de la hermana menor defendió que la niña presentaba un rendimiento «totalmente normal». «La niña estaba muy bien en el centro. Yo particularmente hablé con la madre y le dije que no nos parecía lo mejor (sacarla del colegio)», aclaró. Los padres, afincados en España desde 2016, son de nacionalidad estadounidense pero habla hispana. Ante el tribunal admitieron que tomaron la decisión de forma conjunta porque entendían que los problemas de adaptación de sus hijas estaban afectando a su formación. En su determinación hicieron caso omiso de las advertencias del centro, con el que se reunieron en varias ocasiones, y también de la Fiscalía, que finalmente acabó denunciando el caso ante la falta de colaboración. Sobre estos encuentros, los acusados criticaron que las autoridades no les dieron «ninguna alternativa» más allá de que debían volver a escolarizar a la pequeñas en un centro autorizado, y echaron mano del artículo 27 de la Constitución que, aseguraron, avala su derecho a educar a sus hijos como consideren.
La familia también tuvo incidentes por el uso de la mascarilla obligatoria durante la pandemia derivada del Covid. Sobre el tema, la madre señaló que «no se adaptaban, sufrían en la época del virus y tenían problemas con la mascarilla». La escuela en la que las niñas fueron matriculadas en el curso 2021/2022, tras un lustro escolarizadas en España, se llama West River Academy y en su web afea que «la educación tradicional no les permite a los niños perseguir sus pasiones, viajar o aprender de forma natural, pudiendo hacer que los estudiantes se sientan aburridos, intimidados, ansiosos, deprimidos o estresados».