Armengol atribuyó las compras a Salud, pero ocultó otro «estamento externo»
▶ Rechazó mascarillas a una ONG mientras se las adquiría más caras a la trama ahora detenida e investigada
Caso Koldo
La compra de material sanitario en Baleares en plena pandemia no dependía exclusivamente de los técnicos del Servicio de Salud (IB-Salut), sino que necesitaba la «validación» de «estamentos externos» durante el gobierno de la socialista Francina Armengol. Así lo reconoce el entonces subdirector de compras y gestión de este organismo regional, Antonio Mascaró, en un correo electrónico al que tuvo acceso ABC, en el que responde en marzo de 2020 a un ofrecimiento de más de un millón de mascarillas, cuya compra califica de operación ‘fuera de la norma habitual’ –las comillas son del propio Mascaró– y que, según expone, «necesitaba la validación por estamentos EXTERNOS al servicio de salud». El subdirector de compras escribe EXTERNOS en mayúsculas.
Mascaró confirma en este email que estas grandes operaciones de compra no sólo dependían de los funcionarios del IBSalut, como defiende ahora Armengol y su entorno, sino que debían ser aprobadas por estamentos ajenos a este departamento que no concreta.
Desmiente así uno de los principales argumentos de defensa de la actual presidenta del Congreso y de su entorno, que desde hace días descargan la responsabilidad de las compras de mascarillas durante la pandemia en los funcionarios del Servicio de Salud. La socialista pretende cargar la culpa a los técnicos para eximir de toda responsabilidad a sus altos cargos y a Armengol del fraude del polémico lote de un millón y medio de mascarillas adquiridas por 3,7 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión SL, ahora investigada por la presunta trama corrupta vinculada al asesor del entonces ministro José Luis Ábalos.
«Entiendo las prisas, pero entended que no puedo cerrar una operación sin tener todos los VB [vistos buenos] previos», reconocía de forma interna en marzo de 2020 su subdirector de compras del IB-Salut, quien poco después sería el encargado de iniciar el proceso de adquisición formal de las mascarillas a la trama vinculada a Koldo García, a quien no se puso objeción alguna. El trato con Soluciones de Gestión se adjudicó a dedo el 27 de abril y sin contrato previo bajo el paraguas de la excepcionalidad del estado de emergencia y concluyó con el pago de la mercancía en solamente seis días cuando, según informó en exclusiva ABC, el periodo medio de pago del IB-Salut en ese momento era de 43 días. Ese polémico lote resultó ser defectuoso, pese a lo cual el gobierno de Armengol no reclamó a la empresa hasta pasados los tres años desde la fecha de compra y las almacenó sin llegarlas a usar nunca.
Mucho más baratas
Poco antes de esa polémica operación, ahora investigada por la Fiscalía Europea por malversación, Mascaró había rechazado un cargamento que le ofrecía una conocida entidad sin ánimo de lucro. Un millón de mascarillas quirúrgicas y otras 100.0000 FFP2 que podían transportarse sin coste adicional de Rusia a Valencia y posteriormente a Palma por un total de 580.000 euros. La ONG, a través de una empresa española sin vinculación al PSOE, había conseguido reservar de forma altruista este cargamento de cubrebocas por 0,39 euros (quirúrgicas) y 1,90 (FFP2) cada unidad, a un precio notablemente inferior que los 2,60 euros que pocas semanas después el ejecutivo de Armengol pagaría a la trama de Koldo por un material que luego resultó ser de ínfima calidad. La única petición por parte de la
ONG era quedarse con 2.000 unidades de este millón de mascarillas para proteger a personas vulnerables de su entidad, que no tenían acceso a su medicación porque no podían ir al hospital o la farmacia a recogerla sin cubrebocas para no contagiarse del virulento virus.
Tras varios contactos telefónicos y por correo electrónico desde el 12 de marzo, Mascaró confirma la operación. Sólo pone una objeción para pagar por adelantado –porque la Ley de Contratos del Sector Público no lo permite–, aunque posteriormente se hicieron excepciones saltándose esta prohibición por la emergencia que se vivía y la enorme competencia para conseguir material sanitario. Una vez avanzadas las gestiones y con el cargamento desde Rusia preparado, Mascaró cambia de opinión de forma repentina y lo descarta. El 27 de marzo envía un correo a la ONG disculpándose por la tardanza en la respuesta y paraliza el trámite alegando que necesita varios OK para seguir con esta operación. «El único pago que planteamos es vía transferencia bancaria a las 24 o 48 horas de haber recibido la mercancía», propone en el último email, donde advierte de que, aun con un acuerdo en ese punto, «todas estas operaciones fuera de la norma habitual necesitan su validación por estamentos EXTERNOS al Servicio de Salud».
«Entiendo las prisas pero entended que no puedo cerrar una operación sin tener todos los VB (vistos buenos) previos». «Me quedo con vuestros contactos y os contactaré en cuanto tenga todos los ok oportunos», se despide el subdirector de compras del IB-Salut, dando por hecho que «en tal caso ya arrancaríamos una nueva operación (e intuyo que los precios habrán cambiado)».
Nunca más volvió a contactar con esta entidad pese a la escasez de material. Y eso, pese a que el PSOE insiste en que guardó las mascarillas fraudulentas para poder reclamarlas, aunque desde el primer momento el argumento de los socialistas baleares fue que se almacenaron por la escasez de material sanitario y para poder preparar la desescalada. Este mismo martes, incluso, Armengol insistió varias veces en que el hecho de ser islas obligaba a Baleares a acumular todo el material posible. Sin embargo, en plena pandemia no tuvo reparos en rechazar 1,1 millones de mascarillas a buen precio, en una operación gestionada por una ONG.
El material que ofrecía la entidad sin ánimo de lucro costaba entre 0,39 y 1,90 euros la unidad, por los 2,60 de los socios de Koldo