Jesús de la Morena
Excomisario general de Información de la Policía ▶«Se detectó el aumento de la amenaza yihadista y se tomaron algunas decisiones. Pero en 2004, ETA aún mataba y esa era la prioridad»
Jesús de la Morena aborda en esta segunda parte de la entrevista todos los aspectos que rodearon los atentados del 11-M desde el principio: desde la fractura política y social que produjeron, hasta las acusaciones de falta de previsión, o las supuestas incógnitas que aún continúan y sobre las que todavía hoy algunos lanzan sospechas. —Tras el 11-M se acusó a las Fuerzas de Seguridad y al CNI de no haber dimensionado bien la amenaza yihadista. ¿Es justa esa afirmación?
—Si bien muchos atentados ponen de manifiesto carencias en ese sentido, en el del 11-M resultaron evidentes, y la base con la que contaba la Comisaría General desde hacia años y los relativos avances que se habían hecho, insuficientes. Me refiero a una serie de medidas que se desarrollan pero con unos hándicap que los condicionaban y limitaban. Todos los servicios, sin excepción, habíamos detectado y evaluado la elevación de la amenaza yihadista, sobre todo a partir de los atentados de Casablanca en mayo de 2003 que afectaron a personas e intereses españoles y que continuó con otros dos atentados en noviembre en los que fueron asesinados ocho agentes del CNI en Irak. Esa amenaza que crecía desde hacía tiempo y había pasado de media a muy alta en muy pocos meses. Pero las medidas preventivas, al margen como es lógico de que se contase con un mínimo indicio sobre actos preparatorios para atentar, eran muy limitadas por la deficiente legislación penal. De ahí el elevadísimo número de detenidos que quedaba en libertad y seguían engrosando la lista de radicales. Y ello, sin contar con la casi nula concienciación que tenía la sociedad en general para aportar sospechas en esa materia en comparación con el terrorismo etarra. –En el caso de Policía, ¿qué se hizo? —En nuestro caso los medios que dedicábamos a esta amenaza eran en principio adecuados a la situación que había entonces. Desde mediados de los 90 se había triplicado la estructura, pese al hándicap que suponía dedicar la mayor parte de los recursos a tratar de neutralizar el terrorismo de ETA que se manifestaba con atentados constantes. En el capítulo de los recursos humanos se había logrado cubrir las vacantes y aumentar en torno al 25 por ciento el número de especialistas en el área contrayihadista, que iban a superar ligeramente los 50, pero que contaban con funcionarios de otras unidades para determinadas gestiones, así como con la posibilidad de solicitar policías de la Unidad Central de Apoyo Operativo y del Área de Especial Seguimiento para vigilancias. Por otra parte, se había fomentado el conocimiento y sensibilizado sobre este tipo de amenaza a las unidades de Información provinciales mediante cursos y conferencias, que iban a propiciar en las demarcaciones más importantes el desarrollo de grupos con policías específicos para esa materia. Y finalmente, se dimensionó el despliegue de cara al exterior, de donde procedían hasta ese momento los principales riesgos. Otra de las prioridades era detectar a los denominados «afganos», radicales yihadistas con experiencia en armas y explosivos por haber combatido en Afganistán y que podían apoyarse y/o activar a otros radicales para llevar a cabo acciones violentas.
Roles de los terroristas