NARCOTRÁFICO El caso del mayor alijo de cocaína de la pandemia se juzga en Vigo
▶El fiscal apunta a Santórum como líder de la trama: 28 procesados para los que piden penas de hasta 19 años de cárcel ▶En la primera sesión de la vista oral, que ya se aplazó dos veces, las defensas ponen en duda la investigación policial
Tras dos aplazamientos y un ultimátum del tribunal a los acusados que no se habían presentado, ayer, por fin, comenzó en la sede de Vigo de la Audiencia Provincial de Pontevedra el juicio por el mayor alijo de cocaína intervenido en España durante el confinamiento por la pandemia de Covid: 3,8 toneladas de esta sustancia que en abril de 2020 viajaban en las entrañas del buque MV Karar. Son un total de 28 los procesados –eran 29, pero murió uno de los investigados–, supuestos partícipes de una trama presuntamente liderada por el arousano Juan Carlos Santórum. Se enfrentan a penas que oscilan entre los 19 y los 13 años de cárcel por delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal, entre otros. Ayer, sus defensas aprovecharon la primera sesión del juicio, destinada a cuestiones previas, para cuestionar la investigación policial y pedir la nulidad de algunas de las actuaciones.
Es una táctica habitual en este tipo macrocausas: que las defensas busquen los resquicios para desacreditar las investigaciones policiales que se hicieron a sus clientes para intentar evitar que sean juzgados. Ayer, según recogió Europa Press, la defensa de Santórum –y de otros seis encausados– en una extensa exposición de motivos puso en cuestión la investigación policial, argumentando que las actuaciones habían sido prospectivas y basadas en indicios débiles. Además, impugnaron varios autos e informes, e insistieron en reclamar la nulidad de las actuaciones por vulnerar «derechos fundamentales» de sus clientes.
Sus argumentos fueron los siguientes: las geolocalizaciones de los vehículos, las intervenciones telefónicas y las vigilancias se hicieron, en opinión de la defensa de Santórum, en base a informes policiales que recogían «afirmaciones arbitrarias y falsas», e incluso «tonterías». Esta abogada también pidió al tribunal que sus patrocinados declaren al final del juicio, que se alargará varios días, y no al principio, como es habitual. Otras defensas mostraron su preocupación por que uno de los principales testigos de cargo sea un exjefe policial investigado por posibles vínculos con organizaciones de narcotraficantes.
Fuga y entrega del cabecilla
Casi cuatro toneladas es mucha cocaína. Pero la operación en la que el 25 de abril de 2020 los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado abordaron el MV Karar, un buque con bandera de Togo de 60 metros de eslora, fue importante también porque permitió acorralar a Juan Carlos Santórum, al que los investigadores sitúan como cabecilla de la trama, y que nunca fue condenado por narcotráfico. Santórum se dio entonces a la fuga, pero acabó entregándose, meses después, para cumplir una pena de algo más de dos años de cárcel en el marco de una causa por un delito de revelación de secretos: fue condenado por corromper a dos agentes de la Guardia Civil, quienes le facilitaron información sobre investigaciones relacionas con narcotráfico.
Tanto los investigadores de las unidades Greco de la Policía como el fiscal señalan a Santórum como el responsable de una organización «coordinada, estable, estructurada y especializada», provista de lanchas específicamente diseñadas para el tráfico de drogas, que acudían al encuentro de buques que cruzan el Atlántico con grandes cargamentos de cocaína. La trama, supuestamente liderada por el arousano, utilizaba, como se puede ver, el 'modus operandi' tradicional de las organizaciones clásicas: recibir la droga del buque nodriza, para introducirla luego en lanchas por la costa.
En su escrito de acusación previo al juicio, y ya centrándose en el buque MV Karar, el fiscal señala a diez de los procesados por «colaborar directamente» con Santórum. Estas personas tenían el cometido, sobre todo, de preparar las narcolanchas para alijar la cocaína. Entre ellos estaba un hermano del supuesto cabecilla. La Policía localizó seis naves industriales, la mayoría ubicadas en la comarca de O Salnés, relacionadas con estas embarcaciones ilegales: unas, destinadas a acondicionarla las lanchas; otras, simplemente a esconderlas. Tres personas más, entre ellos un funcionario aduanero, fueron los encargados, según la acusación, de concertar las operaciones y distribuir luego la cocaína. Los trabajos de preparación de las lanchas, según la Fiscalía, corrían especialmente a cargo de Fidel F., un empresario del sector náutico, que supuestamente colaboraba con Santórum «de modo paralelo a su dedicación empresarial lícita». Para acondicionar las narcolanchas, se desplazaba a esas naves que controlaba Santórum.
Desde marzo de 2020 hasta el 26 de abril del mismo año, fecha en la que fueron detenidos, los acusados, supuestamente, se estuvieron preparando para desembarcar el alijo del Karar. Este operativo fue diseñado en la provincia de Pontevedra, «en comunicación y coordinación» con quienes dirigían el buque nodriza. El Karar fue abordado el 25 de abril, incautándose 3.824 kilos de cocaína. Santórum y el resto de investigados, según el fiscal, habían concertado de un «modo concreto» cómo recibirían la droga, incluso las coordenadas marítimas exactas en las que las lanchas de la trama debían salir al encuentro del buque.
El barco lo capitaneaba un individuo de Bangladesh, también detenido, junto a otros 14 tripulantes, casi todos de Bangladesh y Nepal. La operación destapó también que el funcionario de Aduanas y su mujer habían comprado dos billetes de lotería premiados, supuestamente para blanquear. Se da la circunstancia de que el 25 de abril se cumplen cuatro años desde que ingresaron en prisión los tripulantes del buque. La ley no permite superar ese plazo de prisión preventiva, por lo que saldrían en libertad provisional antes de dictarse la sentencia.
El abordaje del buque Karar Los agentes abordaron el Karar el 25 de abril de 2020, incautando a bordo del buque un total de 3,8 toneladas de cocaína
Un gran dispositivo policial en el que participaron decenas de agentes y medios aéreos se desplegó ayer desde primera hora en las provincias de Orense y Pontevedra, dentro de una operación que se desarrolla también en otras provincias españolas. Según trasladaron a Europa Press fuentes próximas a la investigación, el dispositivo desplegado en la ciudad de las Burgas forma parte de un operativo con ramificaciones en varias zonas de España y que está vinculado al crimen organizado, relacionado con el tráfico de estupefacientes. La actuación, en la que participan conjuntamente agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Orense. Según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el juzgado mantiene el secreto de las actuaciones. En el operativo también se produjeron varios registros en la provincia de Pontevedra, uno de ellos en Sisán, en el ayuntamiento de Ribadumia. En Orense, se pudo ver a agentes de la Guardia Civil tanto en la ciudad –calle Celso Emilio Ferreiro–, como en una urbanización de Pereiro de Aguiar, próxima a la capital.