“¡Papá ha matado a mamá!”, gritó Carlos, de cuatro años, corriendo a los brazos de su maestra.
mayores jugaban con petardos en los alrededores o algún tubo de escape, de las motos de los adolescentes del colegio de enfrente, explotaba cuando aceleraban de golpe. Las otras cuatro detonaciones confirmaron las peores sospechas. Cinco tiros, tres en el cuerpo y dos en la cabeza, que hicieron volar a los pájaros de los árboles cercanos. Cinco disparos que ralentizaron el tiempo y provocaron una desbandada de todo el mundo a la búsqueda de refugio. El pequeño Carlos, a sus cuatro años, corrió entre la gente hacia la escuela, mientras su madre caía al suelo desplomada.
–¡Papá ha matado a mamá! ¡Papá ha matado a mamá! –entró gritando Carlos, mientras se lanzaba a los brazos de su profesora y el corazón de su madre en la acera luchaba por no dejar de latir.
Imanol se giró y caminó, sin soltar la pistola, hasta el Seat Altea, que unos minutos antes había aparcado a 20 metros de allí. Se sentó en el asiento del conductor y aceleró a fondo pero, al intentar girar, se empotró contra el muro del mismo colegio del que hacía unos instantes había salido Jessica. Acorralado por los acontecimientos, Imanol Castillo Sánchez acercó la pistola a su boca y se disparó en la cabeza. Mientras él moría al instante, los servicios de emergencia llegaban a la puerta del colegio, donde Jessica continuaba intentando encontrar una bocanada de aire que le dejase volver a ver a su hijo.
Las puertas del servicio de urgencias del hospital se abrieron y el personal sanitario la llevó directamente al quirófano para intentar salvarla; pero poco se podía hacer por ella. En muerte cerebral, Jessica Bravo Cutillas, Yessi, la mamá de Carlos, la hija de José, fallecía 24 horas después en la UCI del Hospital de Elda.
Su corazón, el único órgano que las balas de su expareja no pudo dañar, late hoy en el cuerpo de otra persona. ras el asesinato de Jessica, el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género urgió a implantar medidas de protección a las víctimas, como imponer la libertad vigilada a los agresores, actualizar los dispositivos de seguimiento o endurecer las consecuencias de quebrantar una orden de alejamiento, además de formar y asignar a agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en exclusiva a la protección de las mujeres que denuncien a sus maltratadores.