La calle no puede dictar sentencia

Sea cual sea la calificación penal que finalmente corresponda a sus miembros, La Manada representa la brutalidad ciega, el carácter instintivo y la pretensión de posesión violenta que caracteriza a una franja de nuestra sociedad. Por otra parte, todo eso no ha caído sobre nosotros como un meteorito. Es consecuencia de vacíos culpables, de opciones educativas y mediáticas que han ido germinando en este fruto amargo frente al que ahora, con razón, nos espantamos. Bueno sería que cuanto antes nos pusiéramos manos a la obra para evitar que esa cultura de muerte se siga extendiendo, aunque resulta más fácil gritar eslóganes muchas veces vacíos.

Por lo que se refiere al caso que nos ocupa, los tribunales están cumpliendo su tarea con minuciosidad y garantías. Es lo que podemos esperar y reclamar. Tras una primera condena que muchos no han entendido, se han presentado sendos recursos ante la instancia judicial correspondiente. Afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho, cosa que no pueden decir millones de personas en el mundo. Eso significa atenernos a las leyes, a la verificación de pruebas y testimonios y al diagnóstico final de los jueces. Cada una de esas cosas es imperfecta y puede provocar decepción o irritación, pero eso no justifica que las algaradas callejeras pretendan sustituir los procedimientos del Derecho, pensados para tutelar los derechos de la víctima y de los acusados, y orientados a establecer la verdad de los hechos… en cuanto sea posible.

Es saludable el debate sobre las leyes que rigen este caso, y existen procedimientos para cambiarlas. Mientras tanto, el tribunal más imperfecto es preferible a esa suerte de «justicia popular» que sólo responde a emociones y proclamas ideológicas. En cuanto al Gobierno, su tarea es sostener la acción de la Justicia y no sembrar dudas que contribuyen a incendiar la calle. Esperemos que el Ejecutivo de Sánchez supere pronto la adolescencia.