El Gobierno improvisa y legisla en caliente ante la indignación de la calle
·El Ejecutivo estudia personarse en las causas con víctimas de delitos sexuales. Juristas consultados por ABC consideran inviable esta propuesta
El caso judicial de La Manada ha dado la vuelta como un calcetín. Por tres veces se revisó durante el proceso su posible salida de prisión, para no alargar el plazo límite de dos años de prisión preventiva que se cumpliría el próximo 8 de julio, y por tres veces se declinó hacerlo. A la cuarta, una juez del tribunal que enjuició los hechos cambió de criterio y decantó la balanza. Ayer, los cinco condenados salieron a la calle: José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero abandonaron en torno a las 18.00 horas el penal de Pamplona, y poco después, los dos uniformados, Alfonso Cabezuelo y Antonio Manuel Guerrero, pisaron la calle al salir del módulo reservado para funcionarios públicos de Alcalá Meco.
Los cinco fueron puestos en libertad tras consignar sus abogados las fianzas de 6.000 euros por reo. Cuando fueron excarcelados, los condenados a nueve años de prisión por abuso sexual con prevalimiento sobre una joven madrileña de 18 años en el momento de los hechos (los sanfermines de 2016) sabían que tenían un gran movimiento social en contra. En pocas horas, una iniciativa particular en la plataforma Change.org recabó ayer más de medio millón de firmas en contra de su puesta en libertad.
Al hilo de esta alarma social y «preocupación en las calles», el Gobierno de Pedro Sánchez se reactivó para deslizar un anuncio muy controvertido en términos jurídicos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Consciente de que todas las miradas estaban puestas en lo que diría Isabel Celaá ayer en La Moncloa, la portavoz del Ejecutivo aprovechó para dar cuenta de una medida en caliente: además de la reforma jurídica que puso en marcha el anterior Gobierno del PP para revisar el Código Penal y tipificar de otro modo los delitos sexuales, Celaá anunció que se va a «estudiar que el servicio jurídico del Estado se persone en la defensa de las víctimas».
Polémica
Esta opción, que no se ha planteado ni con las víctimas del terrorismo, resulta inviable a ojos de los expertos consultados por ABC. Fuentes jurídicas han explicado que la Justicia no permite al Estado actuar como acusación popular, una figura que busca promover la participación de los ciudadanos en la Justicia y bajo la que sí pueden personarse los entes locales en ciertos supuestos.
Como acusación particular, en defensa de la víctima, la Abogacía del Estado solo podría actuar en el caso de que el Estado sea el perjudicado, como sucede por ejemplo en un delito fiscal. Más allá, la Fiscalía es la encargada por ley de defender el interés público.
En ese escenario dibujado por Celaá, imposible para los juristas, en el caso de La Manada habría ejercido el Servicio Jurídico del Estado para defender los intereses de C., que hoy tiene 20 años, lo que hubiera chocado con la participación de la fiscal Elena Sarasate y de los abogados de las acusaciones populares que representaron al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento pamplonés.
El anuncio originó tal confusión que la titular de Justicia, Dolores Delgado, se vio obligada a los pocos minutos a aclarar algunos de los términos que
En un mensaje inédito desde La Moncloa, Celaá cuestionó el auto: «Nos ha sorprendido»
había deslizado Celaá sin mayor precisión. El procedimiento de La Manada, dijo Justicia, ya tiene «sus normas y sus reglas», aunque Delgado sí adelantó que se hará un estudio «sereno» del Código Penal para analizar cómo dar respuesta ante delitos contra la libertad sexual. Y si es posible o hay que elaborar una reforma legal, matizó.
Ayer también se conoció el contenido del auto de libertad de los miembros de la Manada, en el que los jueces explican que no aprecian los riesgos de fuga y de reiteración que pueden motivar una medida excepcional como el encarcelamiento preventivo.
La personación como acusación en los casos más graves es una antigua petición de las asociaciones y víctimas de violencia de género, que nunca ha sido satisfecha al alegarse por parte de los Ejecutivos que ya tienen su representación del Ministerio Público a través del fiscal, la acusación pública.
Los matices en el seno del Gobierno se han venido sucediendo en las úl-
timas horas, también de frente con las manifestaciones de algunos dirigentes de la Ejecutiva socialista en Ferraz, como Beatriz Corredor, que en su Twitter imploró dónde quedaba la seguridad de las mujeres con el auto de puesta en libertad de los amigos sevillanos. Por ello, ayer la portavoz del Gobierno en Moncloa se esforzó en mentar en varias ocasiones a las «mujeres» y la vocación de este Ejecutivo «por protegerlas» y garantizarles su seguridad. «Nos ha sorprendido –admitió con rotundidad Celaá, en un cuestionamiento inédito sobre una decisión judicial lanzado desde Moncloa– el auto que dicta la libertad provisional porque la regla de oro general es mantener la prisión al menos hasta el cumplimiento de la mitad de la condena», plazo que se cumpliría dentro de dos años y seis meses más.
Celaá apuntó que una sentencia condenatoria «siempre es peligrosa» en el sentido de que es «proclive a la fuga» del condenado, por lo que el Gobierno se ponía de parte de José Francisco Cobo, el presidente de la Sala que esgrimió este razonamiento para votar en contra de la salida a la calle de La Manada. El Gobierno cree que «este no es un caso más», sino un asunto «mediático» y que los «hechos probados son gravísimos».
Celaá corea: «Ella dijo no»
Recogiendo el eslogan que corean las calles, Celaá se convirtió en una manifestante más cuando esbozó ayer ante los periodistas: «Ella dijo no. Esa es la opinión que está en el ambiente social y es un hecho probado».
Celaá insistió, eso sí, en que el Gobierno respeta las decisiones judiciales, pero que el gabinete de Sánchez «está particularmente sensibilizado» en relación a los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual.