LA DEL 78, UNA GRAN CONSTITUCIÓN
«La patente mala voluntad de unos y la dejadez bien intencionada de otros no puede ocultar una realidad innegable en lo político y en lo social: el futuro en libertad de los españoles depende en buena medida de la continuidad de la Constitución que hace cuarenta años los ciudadanos apoyaron con una aplastante mayoría»
ESTAMOS celebrando los cuarenta años de la vigencia de la Constitución española de 1978 cuando el actual Gobierno de la nación lo es tras haber llegado al poder apoyándose en grupos separatistas, neocomunistas y antisistema, que tienen por aspiración común el derribarla. La imprescindible conmemoración de la efemérides debe tener muy en cuenta ese dato tan peculiar como traumático: el Gobierno socialista español depende para su supervivencia de partidos políticos que rechazan la noción de una España «patria común e indivisible de todos los españoles», que se muestran decididos a impedir que en el futuro el sistema institucional corresponda a la «monarquía parlamentaria» y que, en definitiva, apuestan por un país roto y, en sus migajas, reaccionario y dictatorial. Las pruebas del condicionamiento son evidentes: el Gobierno negocia con los separatistas catalanes culpables del golpe de estado del 1 de Octubre de 2017 para obtener apoyos a su menguada minoría parlamentaria a cambio de indultos, transacciones ilegales y cesiones de la soberanía nacional; el Gobierno negocia con los populistas neoestalinianos unos presupuestos demagógicos e inviables para la salubridad de la economía de mercado; el Gobierno introduce sordina a las manifestaciones de las víctimas en contra del grupo terrorista vasco ETA; el Gobierno presta su asentimiento a las propuestas legislativas introducidas por los grupos separatistas y de extrema izquierda para rebajar las penas del Código Penal a las injurias contra la Corona o contra los sentimientos religiosos de los ciudadanos católicos; el Gobierno, en fin, a través de las terminales locales y regionales del PSOE en Cataluña, País Vasco, Baleares, Valencia y Navarra, alienta o tolera muestras claras y perjudiciales de secesionismo y separación en contra de la cohesión política y territorial de España.
Los aniversarios de la proclamación constitucional, tanto más si se producen al cumplirse las fechas redondas de las décadas, deben resaltar lo evidente: la de 1978 es la Constitución que, en tiempos históricos, más poderosamente ha facilitado la libertad y la igualdad de los españoles; la que mejor que ninguna otra, si alguna, ha posibilitado el entendimiento y la reconciliación entre españoles de encontradas convicciones ideológicas y políticas; la que ha presidido con éxito un tiempo de crecimiento económico y de prosperidad compartida; la que ha introducido la noción de la democracia liberal en el comportamiento ciudadano; la que ha permitido que España recuperara en el mundo un lugar de normalidad e influencia conmensurados a su historia y a su cultura; la que, en definitiva, ha servido tanto de causa como de efecto para explicar dentro y fuera de las fronteras propias uno de los mayores éxitos conocidos en la transición de la dictadura a la democracia.
No todos en todo momento en el curso de las últimas cuatro décadas quisieron o supieron reconocer las cualidades de un texto bajo el cual España se había convertido en un miembro más de las democracias más avanzadas en Europa y en el mundo. Y fue por ello especialmente desgraciada la torpe insistencia con que Zapatero quiso poner en duda los éxitos del 78, igualando el texto que lleva la fecha con un negativamente calificado «régimen», cual si de nueva dictadura se tratara y por tanto necesitada de revisión y rechazo. Como innoble se ha demostrado la actitud de los separatistas catalanes y vascos, muestra acabada de la deslealtad con que sus representantes han procedido a socavar los cimientos de un acuerdo ampliamente endosado por el pueblo y bajo el cual se consagra el régimen de la autonomía para las regiones españolas. Engaño sistemático que en su momento condujo a desistimientos hoy irrepetibles y a dejaciones contemporáneas injustificables que, desembocando en la obscena escenografía del separatismo racista catalán, están arrojando una grave sombra de duda sobre el futuro de la España unida y en democracia. Pero la patente mala voluntad de unos y la dejadez bien intencionada de otros no puede ocultar una realidad innegable en lo político y en lo social: el futuro en libertad de los españoles depende en buena medida de la continuidad de la Constitución que hace cuarenta años los ciudadanos apoyaron con una aplastante mayoría. Los problemas a los que el país debe hacer frente no tienen su origen en la norma sino en su incumplimiento. Los que obcecadamente abogan por su reforma ignoran voluntaria o involuntariamente que la alianza izquierdo-separatista a la que el Gobierno Sánchez corteja no busca una España diferente sino simplemente su desaparición del mapa.
No es esta la hora de llorar sobre la leche derramada sino de proceder a buscar en la ciudadanía la adhesión y el patriotismo constitucional que la norma del 78 siempre recibió, y que seguramente sigue recibiendo, para concitar entre fuerzas políticas, organizaciones sociales, entidades empresariales y la misma sociedad civil la respuesta que nos permita democráticamente recuperar el sentido de la tarea común en beneficio de todos y cada uno de los que formamos la nación española. Que hoy exige el abandono de particularismos partidistas para conformar la coalición constitucionalista que el momento perentoriamente exige. El requerimiento incluye tanto al Partido Popular como a Ciudadanos y a Vox. Como incluye tambien, en sus respectivas responsabilidades, a todos aquellos que en la vida económica o social han creído erróneamente que peregrinando a la cárcel donde están a buen recaudo los delincuentes del golpe de estado del separatismo catalán atendían mejor sus intereses. O a los medios de comunicación, algunos tantas veces seducidos por las sirenas separatistas y a menudo tan poco atentos al futuro de la patria en libertad. O al mismo ciudadano, en cuyas manos en ultima instancia reside la posibilidad de cortar con el absceso, recuperar la iniciativa de la razón y ubicar en las cámaras legislativas y en el Gobierno fuerzas indudablemente democráticas, occidentales, constitucionales. Porque hoy, como hace cuarenta años, lo mejor que puede ocurrir en España es que sus habitantes sientan la emoción de entonar conjuntamente ¡Viva el Rey! ¡Viva la Constitución! ¡Viva España!