Casado prioriza en el Congreso el fortalecimiento del Estado de Derecho
El PP ha presentado una veintena de iniciativas para frenar el desafío separatista
MADRID
Pablo Casado se ha marcado como prioridad el fortalecimiento del Estado, para hacer frente por un lado a la deslealtad de algunas comunidades autónomas, y por otro para asegurar los diques de contención frente al desafío independentista y los ataques al Estado de Derecho, como los que ha sufrido España en los últimos años.
Por eso, una de las primeras tareas del nuevo presidente del PP ha sido poner en marcha toda una ofensiva parlamentaria dirigida a ese «fortalecimiento institucional» de España.
En una veintena de iniciativas presentadas en el Congreso, algunas ya debatidas, el PP de Casado intenta hacer un Estado más fuerte frente a los que quieren acabar con él.
Política Exterior Competencia exclusiva del Estado
En su agenda para el reforzamiento institucional de España hay media docena de proposiciones de ley. Una de ellas es la que modifica la ley de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, que tiene como fin prevenir la posibilidad de que una Comunidad pueda abrir las mal llamadas «embajadas» fuera de España o usar la acción exterior para denigrar la Constitución, la democracia y quebrar la soberanía.
El PP quiere subrayar la competencia exclusiva del Estado en política exterior. La nueva ley promueve la acción exterior de defensa de la Constitución. Su contenido se relaciona con el borrador de la ley de Concordia, una de las piedras angulares del programa de Casado.
Ley de Símbolos Un espacio público neutral
Los populares han defendido también la Proposición de ley relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales, con la que se pretende ensalzar los símbolos nacionales, pero también los autonómicos y europeos, y exigir el debido respeto y la neutralidad institucional, porque «el espacio público es de todos». La Proposición fue rechazada en el Pleno, pero tuvo el apoyo de casi la mitad de la Cámara: PP, Ciudadanos y UPN.
Rebelión y dinero público Control de la financiación de partidos
Otra iniciativa, pendiente de respuesta del Gobierno, es la Proposición por la que se modifica la ley de financiación de los partidos políticos, para suspender o limitar la financiación estatal en casos graves. Se refiere en concreto al fortalecimiento del control económico de los partidos para evitar que sus recursos sirvan para mantener a personas que hayan cometido delitos de la mayor gravedad (de forma específica, el PP se refiere a condenados por rebelión o sedición).
Referéndum ilegal Delito en el Código Penal
Casado tiene máximo interés en recuperar la figura del referéndum ilegal. Para ello, el PP ha presentado una Proposición de ley orgánica, por la que se modifica el Código Penal, «para reforzar el Estado de Derecho y las instituciones del Estado». La iniciativa está pendiente del debate sobre la toma en consideración del Pleno.
Reforma de la ley electoral Partido más votado
Con esta Proposición el PP sigue defendiendo una reforma de la ley electoral, para que la lista más votada pueda gobernar en los municipios y entes locales, mediante el establecimiento de un sistema de doble vuelta electoral, siempre dentro «del pleno respeto a los principios constitucionales y en particular el principio de proporcionalidad». La iniciativa fue rechazada por el Pleno, y los populares se ven ahora mismo con las manos libres para pactar futuros gobiernos municipales, aunque no sean el partido más votado en las próximas elecciones.
Más Estado en Cataluña Ante la inacción del Gobierno
El Grupo Popular ha presentado otras seis iniciativas, en este caso Proposiciones no de ley, para instar al Gobierno a defender de forma más efectiva el Estado de Derecho en Cataluña, y para expresar su pleno respaldo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
El PP insta al Gobierno de Sánchez a garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que están siendo acosados por grupos radicales con fines independentistas, por su defensa de la Constitución y el Estado de Derecho. También pide al Gobierno que adopte medidas en defensa de la inmunidad y la independencia de la jurisdicción española y la asistencia legal y protección a los jueces y fiscales que sufren persecución y acoso de los independentistas. En esa misma línea, insta a fomentar la permanencia y estabilidad de los cuerpos de funcionarios nacionales de Justicia en Cataluña, con mejoras retributivas.
Los populares exigen al Gobierno que investigue el uso de medios económicos públicos o de financiación de partidos con fines violentos en Cataluña, y le piden que garantice el ejercicio del derecho de manifestación, en concreto para defender las manifestaciones pro España y de policías en Cataluña. El PP defiende una enmienda para prohibir los indultos a procesados por delitos de rebelión, sedición y corrupción política. Y ha instado al Gobierno a explicar qué artículos del Estatuto de Autonomía tumbados por el Tribunal Constitucional pretende recuperar. Dentro de la agenda de regeneración, el PP exige al Gobierno que dé todas las explicaciones sobre el uso de sociedades instrumentales por parte de miembros del Ejecutivo socialista y pide la dimisión inmediata de la ministra de Justicia, y ahora también la de Borrell.
Para fortalecer el Estado, el PP ve clave la seguridad. En una iniciativa pide el refuerzo de la Guardia Europea de Fronteras y Costas, en otra pide al Gobierno que regule la situación de las unidades caninas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, propone la adecuación salarial del personal de las Fuerzas Armadas y defiende el uso de criterios objetivos en la exportación de material de defensa, para evitar el uso partidista.