Los jueces del Supremo se afean el cambio sobre el tributo hipotecario
El pleno ve «radical e inopinado» el giro de la sección segunda y los votos particulares incluyen duras críticas
El pleno de la sala tercera del Tribunal Supremo, que se reunió en noviembre para resolver el caos jurídico que el propio Alto Tribunal había generado en torno al Impuesto de AJD en las hipotecas, evidenció una encarnizada división de los jueces. Los 15 magistrados que votaron a favor de que el cliente lo pague, como dictó al final el pleno, concluyen que la sección segunda, que dos semanas antes había fallado lo contrario cambiando la doctrina vigente hasta entonces, ejecutó «un drástico viraje jurisprudencial» que califican de radical e inopinado. El resto lanza críticas feroces a la decisión última del pleno en sus votos particulares.
La quincena de jueces que firman las tres sentencias del pleno justifica que el fallo judicial de la sección se había «separado de la jurisprudencia reiterada de esta sala sin fundamento suficiente». «Este pleno», concluye, «no puede asumir ni, por tanto, ratificar el cambio jurisprudencial tan inopinado como radical como ha sido el acometido por la sección segunda de esta sala».
El argumento de los jueces favorables a mantener la doctrina de que el cliente pague el tributo, corregida por el Gobierno vía decreto, es que ese cambio debe estar lo suficientemente motivado. Al respecto, consideran que las sentencias de octubre no lo estaban y avisan de que hacerlo de esta forma «puede llevar al arbitrismo judicial».
La sección segunda había esgrimido en su fallo que el banco debe hacerse cargo del tributo porque solo a la entidad interesa elevar a escritura pública la hipoteca, que es su garantía en caso de que el cliente no pague, diferenciándola del crédito, que interesa al usuario. El pleno razona que ambas cosas son indivisibles y que, en todo caso, la garantía es accesoria y lo que cuenta a efectos tributarios es el crédito.
Los votos particulares que discrepan de esa postura mayoritaria rechazan esa falta de motivación. «Se ha de evitar que en el curso de unos pocos días el Supremo afirme una cosa y su contraria, desdiciéndose, porque entonces no transmitirá a la sociedad la imagen de que hace justicia sino la de que siembra desconcierto», dice el magistrado Pablo María Lucas. El juez Nicolás Maurandi alerta de que esas rectificaciones hacen que la confianza en la Justicia «queda gravemente quebrantada».
«Reprimenda inaudita»
«Si el propio Tribunal Supremo pone en cuestión el valor de su jurisprudencia, ¿cómo podrá pedirse el respeto a la misma por los juzgados y salas de lo contencioso de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional?», se pregunta otro de los jueces discordantes, José Manuel Sieira.
«Esta es la primera vez en la historia del bicentenario Supremo en que, de un modo indisimulado, se convierte un recurso de casación, que el pleno estaba llamado a resolver, en otra cosa distinta y sustancialmente peor: en un desinhibido repertorio de medias verdades, desahogos verbales y argumentación poco rigurosa», espeta Francisco José Navarro, quien denuncia que el «verdadero designio que preside las resoluciones es dar cauce a una reprimenda inaudita a una de las secciones de la Sala, la segunda».