Cifuentes, a juicio por falsedad documental en el caso máster
La juez procesa también a Álvarez Conde, exdirector del Instituto de Derecho Público de la URJC
Cristina Cifuentes irá a juicio por el caso máster. La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, ha procesado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid por un delito de falsedad documental tras la investigación sobre las supuestas irregularidades en el posgrado que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) en 2012. El escrito, fechado ayer, incluye al exdirector del Instituto de Derecho Público Autonómico del centro, Enrique Álvarez Conde, a la profesora que presuntamente falsificó el acta del Trabajo de Fin de Máster, Cecilia Rosado, y a la exasesora de la Consejería de Educación Maite Feito Higueruela.
El auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– da por cerrada la fase de instrucción y deja todo dispuesto para la apertura del juicio oral, que llegará en el momento en que se formulen los escritos de acusación. Contra este escrito cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, dentro de los tres días siguientes a su notificación a las partes.
El escrito es especialmente contundente en lo que se refiere al relato que la también expresidenta del PP de Madrid dio en sede judicial el pasado mes de julio, posterior al plantón que dio a la magistrada por problemas de salud. La juez considera que sus explicaciones «no resultaron creíbles» y se apoya en varios puntos. Como informó ABC, la exdirigente aseguró entonces que sí cursó el máster, pero que si no lo tenía es porque lo perdió en una mudanza. «Significativo es el hecho de que no conserve copia del trabajo, ni de los sucesivos borradores, ni de cualquier correo electrónico en el que remitiera el mismo o lo sometiera a corrección del profesor Álvarez Conde o cualquier correo electrónico de este corrigiéndolo», señala en el auto.
«Trató de ocultarlo»
También desliza sus dudas sobre cómo es posible que, dada la fecha en la que se cursó, hace apenas seis años, no conste ningún rastro digital. «No parece verosímil que en 2012 obviaran esta forma de comunicación (tan ágil, sencilla, rápida, accesible) y fuera todo manual». Así, concluye: «Hay indicios de que no defendió el trabajo de Fin de Máster en julio de 2012 y que, cuando se hizo pública la noticia con posi- bles irregularidades en su titulación, promovió que fueran ocultadas, haciendo exhibición pública del acta falsificada cuando le fue facilitada».
La última consideración remite a la complicidad y la connivencia entre Ci- fuentes y el resto de implicados para crear «ad hoc» un documento que desmontase el escándalo. La calificación de falsedad documental para todos los procesados se justifica en que no es un delito de propia mano. En ese sentido, la magistrada recuerda el papel que la jurisprudencia da al inductor en la falsificación, «siendo plenamente aplicable a los investigados en esta causa que no intervinieron materialmente en la redacción del acta».
No obstante, aunque se archiva provisionalmente la modificación de las convalidación de asignaturas en la inexistente Comisión de Garantía de Calidad del Máster, queda demostrado –según el informe pericial de caligráfica– que las firmas de las profesoras presentes fueron falsificadas, a excepción de rúbrica de Cecilia Rosado.
«No es creíble» El auto, que incluye a una exasesora y a una profesora, recela de las explicaciones de Cifuentes