La fiscal rechaza que se archive el caso Bankia dada su repercusión
Anticorrupción acusa al banco de ocultar en las cuentas el coste de romper su alianza de seguros con Aviva El juez amplía otro año y medio las pesquisas sobre el patrimonio de Rato
Exconsejeros y exdirectivos de BFABankia enjuiciados por la salida a Bolsa de la entidad en 2011, así como la propia BFA-Bankia y la auditora Deloitte, vienen pidiendo al tribunal desde el inicio de la vista oral que se aplique la llamada «doctrina Botín» y se anule el juicio contra ellos, alegando que el Ministerio Público solo acusa a cuatro de los encausados y que el único perjudicado por la presunta estafa es el FROB. La Fiscalía Anticorrupción, en cambio, considera que el impacto económico y social que el rescate del banco tuvo para el conjunto del sector financiero y para España hace que el juicio tenga interés colectivo y por tanto no se deba archivar. Toda la sociedad se vio afectada.
La «doctrina Botín», aplicada en 2007 en una causa contra el expresidente del Santander Emilio Botín, supone que no se puede sentar en el banquillo a una persona si no hay acusación particular y el Ministerio Público ha pedido archivar la causa. Es decir, si el perjudicado por el delito no ve razones para acusar.
En el caso Bankia, la Fiscalía acusa por estafa solo a Rodrigo Rato, Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella; pero no a los otros 26 exconsejeros, contra los que actúan las acusaciones particulares y populares y que son por tanto los que solicitan la aplicación de esa doctrina.
Posteriormente, en 2008, la «doctrina Botín» fue matizada en otro juicio contra el expresidente del Parlamento El juzgado que investiga a Rodrigo Rato por posible delito fiscal en el manejo de su patrimonio ha decidido prorrogar otros 18 meses, hasta junio de 2020, esa instrucción. Además, el juez ha dejado sin efecto la declaración prevista para este viernes del exvicepresidente del Gobierno, que está ya en prisión por el caso de las tarjetas «black» de Caja Madrid y Bankia, al no ser pertinente en este momento procesal. vasco Juan María Atutxa, y en la que se aclara que sí cabe enjuiciar si el supuesto delito tiene un interés colectivo. Y esta es la argumentación de la fiscal Carmen Launa para rechazar que se dé carpetazo a la vista contra Bankia y BFA por la salida a Bolsa.
Anticorrupción alega que el FROB, organismo público que sufragó el rescate de Bankia, no ha sido el único afectado por la salida a Bolsa, recordando que el posterior rescate de la entidad tuvo un coste para el Estado de 22.424 millones, puso en riesgo la del estabilidad del sistema financiero español, lastró la cotización del Ibex y disparó la prima de riesgo. Ahora será el tribunal presidido por Ángela Murillo el que decida si se aplica o no esa doctrina.
La gran novedad ayer fue la petición de la fiscal de incorporar al juicio un nuevo informe de Antonio Busquets entregado a última hora y en el que este perito –uno de los dos que en la instrucción concluyeron que las cuentas de Bankia estaban maquilladas– dice que el folleto de la ops omitía el coste que tendría que afrontar la entidad por romper su alianza de seguros con Aviva.
El perito señala que Bankia debía haber provisionado 1.100 millones por ello, pues Aviva solicitaba en arbitraje 944 millones. Es más, Busquets acusa a la actual dirección de vender después ese negocio a Mapfre, valorado en unos 3.200 millones, con un descuento de 400 millones para compensarle por la inversión que había hecho en la ops.
El banco defenderá, primero, que no se incorpore, y en todo caso que en 2011 y 2012 no estaba aún claro que esa alianza se fuese a romper; que lo que se recompró a Aviva y luego se vendió a Mapfre tenían perímetros diferentes, por lo que los importes abonados no son comparables, y que el contrato de bancaseguros con Mapfre deja más comisiones de las que aportaba Aviva.