Educación propone un tercer curso de Bachillerato para alumnos rezagados
·El sector desmonta a Celaá y niega que con el alumnado vaya a terminar ESO con un nivel óptimo de castellano
Religión La ministra dice que sí figura en el documento de reforma y que aclarará si no aparece
Recentralización El Gobierno y la mayoría de los grupos rechazan la propuesta del presidente del Partido Popular
Una «tomadura de pelo», un «paripé de negociación» y «una imposición» fueron algunas de las descalificaciones que parte de la oposición parlamentaria lanzó ayer contra el polémico anteproyecto de reforma educativa del Gobierno de Pedro Sánchez. Unas modificaciones de la Lomce, aunque después habló de derogación, presentadas por la ministra de Educación, Isabel Celaá, en su comparecencia en la Comisión de Educación del Congreso. A estas críticas se unieron las de parte del sector educativo, que acusó a la ministra de «devaluar el sistema educativo», al plantear un tercer curso de Bachillerato.
La principal novedad de la comparecencia de la ministra fue el anuncio de este tercer curso de Bachillerato, que se une a la propuesta de poder obtener el título con una asignatura suspensa, La titular de Educación explicó que esta alternativa es para los alumnos rezagados, afirmando que
«se da una oportunidad de un tercer año para completar las asignaturas. Imaginemos un alumno que pasa con alguna asignatura suspendida de primero a segundo curso. En segundo solo va con esas asignaturas suspendidas, coge algunas de segundo también. Si al finalizar segundo, le quedan asignaturas suspendidas, puede cursar un tercer año». Todo ello iría en la línea de disminuir el índice de repetición, incidió Celaá.
Estas medidas han provocado una dura reacción del sector. El presidente de ANPE (el principal sindicato de los docentes), Nicolás Fernández Guisado, aseguró a ABC que «se desmotiva al alumnado y al profesor y, de antemano, se lanza el mensaje de la facilidad para aprobar. Es imponer la cultura de que se rebajan los niveles de exigencia». A su juicio, el Gobierno «no puede cambiar la realidad a golpe de ley y se está devaluando la cultura del esfuerzo».
Por su parte, el presidente de la Con- capa (Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos), Pedro Caballero, señaló que «lo que tienen que hacer es no devaluar el sistema educativo. Poder pasar de curso con un suspenso, sin conocimiento, es no apostar por el esfuerzo y la calidad» de la enseñanza, se quejó. Otra de las cuestiones que suscitaron polémica a raíz de la intervención de la ministra fue su afirmación de que los alumnos terminarán la ESO con un nivel adecuado de castellano. Celaá insistió en que el texto del anteproyecto de ley «hace hincapié en la necesidad de que todo el alumnado termine la educación obligatoria con el nivel adecuado, y en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito, tanto en castellano como en las lenguas cooficiales».
La ministra llegó a asegurar que la ley tiene que amparar fórmulas «que contribuyan adecuadamente a lograr la competencia suficiente en el uso de ambas lenguas». Pero no hizo referencia a la cesión de las competencias lingüísticas de las lenguas cooficiales a las comunidades autónomas.
A esta cuestión respondió la portavoz de Educación del Partido Popular, Sandra Moneo, al afirmar que el sistema educativo «merece una ley que fortalezca las competencias del Estado frente a una realidad de falta de lealtad institucional, que se ha producido por parte de algunas comunidades autónomas».
Igualmente, la portavoz de Ciudadanos, Marta Martín, denunció que ceden «la educación completamente a las autonomías y hacen una dejación de funciones brutal, incluso en la cuestión de la EBAU (o antigua Selectividad)».
Desde ANPE sostienen que, en la actualidad, los alumnos de las regiones en las que se estudia en la lengua cooficial «no saben igual y no saben redactar igual que los que estudian en castellano», subraya Fernández Guisado. En este sentido, la Concapa denuncia que en los colegios donde se utilizan las lenguas cooficiales, por ejemplo en Cataluña, «se dedican cin-
cuenta minutos al catalán y nada al castellano. La Alta Inspección hace la vista gorda. No va a ser verdad que los alumnos salgan hablando con el mismo nivel las dos lenguas».
La Generalitat y ahora el Ministerio aseguran que los alumnos acaban la etapa de escolarización obligatoria con un total dominio de las dos lenguas oficiales. Sin embargo, dos estudios demuestran que no es posible obtener un mayor dominio del castellano dedicándole diez veces menos horas de estudio que al catalán, informa Esther Armora.
La tercera cuestión de la ley que ha generado más polémica es la situación en la que queda la asignatura de Religión. La ministra insistió ayer en que el tratamiento que se le da «se atiene estrictamente a los acuerdos firmados con la Santa Sede». Será de oferta obligatoria para los centros y de opción voluntaria para el profesorado, dijo.
Religión «fantasma»
Sin embargo, en el documento de la reforma no figura la asignatura de Religión en ningún lugar, a pesar de que la ministra afirmó que se encuentra en las disposiciones finales. Al finalizar su comparecencia fue interpelada por esta cuestión y afirmó que sí aparece, aunque matizó que el borrador «lo estamos articulando constantemente» y que, si no aparece en el listado de asignaturas obligatorias, «lo aclararemos». Concapa replicó que quieren que la asignatura «aparezca como obligatoria, con peso específico y a la misma altura, como se recoge en los acuerdos con la Santa Sede, y no por debajo de Educación Física». La mayoría de los grupos parlamentarios rechazaron la recentralización de competencias, del PP.