El Congreso culpa al Banco de España y a los gestores de la crisis financiera y el rescate

Cs acusa a PSOE y PP de negar la politización de las cajas y rechaza el informe de la comisión

MADRID

Año y medio después de su inicio, tras escuchar a más de 80 políticos, banqueros, supervisores y auditores durante 207 horas y media y revisar 18.560 archivos, la comisión del Congreso de los Diputados que ha investigado la crisis financiera desde el origen de la burbuja hasta el rescate y la caída del Popular, aprobó ayer sus conclusiones. La principal, que respaldan todos los grupos parlamentarios, es la dejación de funciones de los supervisores. PP y PSOE, por otro lado, niegan que la politización de las cajas fuese la clave en la quiebra de estas, lo que provocó que Ciudadanos votase en contra del texto.

El rechazo de esta formación enturbió el clima en que se había desarrollado la comisión desde su primera sesión en julio de 2017. Ciudadanos justificó su voto en que las conclusiones, aprobadas con el voto del resto de partidos y la abstención de Podemos, quitan hierro a la politización de las cajas. «Es una vergüenza que PP y PSOE quieran liberar de culpa a los políticos», criticó el diputado Toni Roldán. Sin embargo, el resto de grupos reprendieron a Ciudadanos, acusándolo de electoralismo.

La comisión concluye que las malas prácticas afectaron tanto a bancos como a cajas de ahorros y que esas se debían no al propio sistema de cajas, sino a la actuación particular de determinados gestores y al modelo de gobernanza de cada entidad. El texto, si bien admite que la influencia de los poderes públicos en estas entidades «no fue necesariamente positivo», llega a decir que la profesionalidad de sus directivos era similar a la de los bancos.

El Congreso pone como ejemplo la caída de un banco histórico como el Popular, cuya resolución achaca a una mala gestión y a una laxa supervisión, frente al buen hacer de cajas como Caixabank. En esa línea, en la debacle de Bankia el informe señala «prácticas acreditadas como delictivas» en la remuneración a sus antiguos directivos, en referencia a las tarjetas «black», así como a una mala política de riesgos.

Los partidos deslizan alguna autocrítica a su papel en la formación de la burbuja –como la regulación de las titulizaciones por el PSOE en 1992 y la posterior liberalización del suelo por el PP– y a «la inacción política», tardanza y errores del Gobierno de Zapatero al abordar el problema de las cajas.

La principal acusación de los grupos es en cambio que los supervisores, sobre todo el Banco de España, no evitaron la formación de la burbuja crediticia e inmobiliaria ni tomaron medidas para enderezar a tiempo al sector bancario. «No hicieron frente a sus obligaciones», denuncian en el texto.

Los gobernadores siempre lamentaron en su comparecencia que el Banco de España no tenía ni herramientas ni poderes suficientes para meter en vereda a la banca. La comisión rechaza esa justificación alegando que la legislación «daba margen suficiente» para tomar medidas y que «el supervisor siguió una política cuanto menos laxa».

Es más, el informe le acusa directamente de no impedir la venta de preferentes «aun cuando tenía información contrastada» de los problemas de muchas entidades. «Se permitió la colocación a pequeños ahorradores de productos complejos que finalmente les supusieron quebrantos», acusa.

Por eso las principales recomendaciones de los partidos van dirigidas a reforzar la supervisión, elevando su independencia y dotándola de instrumentos inspectores y sancionadores más potentes; revisar la legislación sobre responsabilidad y sanciones, y dar mayor protección al consumidor financiero, medidas todas ellas que ahora dependen de la voluntad política de los propios firmantes del informe.