La Moncloa vende su reforma de aforamientos, inviable sin el PP
El Ejecutivo se da un año de plazo para modificar otras normas y armonizar los casos
El Consejo de Ministros aprobó ayer su anteproyecto de reforma de la Constitución para modificar los artículos 71.3 y 102.1 para limitar los supuestos en que los diputados, senadores y miembros del Gobierno son aforados ante la Justicia. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, presentó la propuesta como una defensa de la «regeneración de la democracia». La reforma «acotará los aforamientos de los cargos públicos».
Tras recibir hace dos semanas la respuesta del Consejo de Estado el Gobierno ha construido su anteproyecto a partir del mismo. Una propuesta que el Gobierno reconoce como «cuantitativamente pequeña» ya que mantendrá el aforamiento «a las funciones del cargo que ejercemos», lo que suscitó preguntas sobre los casos de corrupción, que se cometen precisamente en el ejercicio del cargo público, que en muchos casos mantendrán la situación actual.
El texto incluye una disposición adicional que plantea que «en el plazo máximo de un año deberán aprobarse las disposiciones legales necesarias para adaptar el régimen procesal de los aforamientos». Esto se refiere a la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial donde se regula el aforamiento de otras altas magistraturas del Estado como el Defensor del Pueblo o el presidente del Tribunal Supremo. El Gobierno reconoce que no puede decir «qué tienen
Reforma limitada La propuesta no es una supresión total sino para los delitos que no tienen que ver con el cargo
que hacer» los parlamentos regionales, que regulan los aforamientos en sus estatutos para sus diputados y gobiernos regionales. Pero apuesta por esa armonización. En Canarias ya está en vigor y los estatutos de Murcia y Cantabria que contienen la reforma están en tramitación.
Pero no hay en estos momentos ninguna garantía de que la reforma vaya a aprobarse. La vicepresidenta anunció también que Sánchez va a comenzar una ronda de trabajo con el resto de partidos para buscar los apoyos para poder aprobar la reforma. El socio imprescindible es el PP, que con su mayoría absoluta en el Senado puede frenar cualquier modificación constitucional. Esta reforma necesita ser aprobada por tres quintos del Congreso y del Senado. Solo si en el Senado obtiene la mayoría absoluta, eso también depende del PP, valdría una aprobación de dos tercios en el Congreso. Es decir, nada puede suceder sin el concurso del PP.
El riesgo que se plantea también es que puedan alargarse los plazos por el planteamiento de Podemos de que cualquier cambio constitucional tiene que ser sometido a referéndum. Pablo Iglesias tiene los diputados suficientes (se requiere un 10%) para forzar la celebración de una consulta. Además de que insiste en incluir a la Familia Real en la supresión, a lo que el Gobierno se niega.