Marchena rechaza el nuevo intento de apartarle del 1-O por «inaceptable»
El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha rechazado la recusación que contra él han promovido las defensas de ocho de los procesados del 1O para apartarle del juicio del «procés». En un escrito de alegaciones Marchena recuerda que se trata de la séptima recusación a miembros de la Sala Segunda, lo que hay que enmarcar en una «estrategia defensiva» que obliga a esta Sala «una y otra vez, a razonar su distanciamiento» respecto a este procedimiento.
Se trata de la primera vez que se «escucha» a Marchena tras su renuncia a presidir el Tribunal Supremo en el marco de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Un whatsapp del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó –en el que se aseguraba que con los nombramientos se controlaría la Sala Segunda «desde atrás»–, fue el detonante para la decisión de Marchena en un gesto reivindicativo de su imparcialidad que fue muy aplaudido en el mundo judicial. Es precisamente ese mensaje al que aluden las defensas del «procés» para apartarle.
El magistrado asegura que la imparcialidad de un juez «ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones, y no puede hacerse depender de la opinión de terceros (en referencia a Cosidó) que expresan su personal criterio acerca de las consecuencias políticas de un determinado pacto entre dos fuerzas parlamentarias».
El ejemplo de Estrasburgo
Marchena reconoce que la organización del gobierno del Poder Judicial es una cuestión controvertida, pero el argumento sobre el que se construye la recusación es «inaceptable». «Cualquier conocedor de los modelos europeos de organización del poder judicial sabe a ciencia cierta que todos y cada uno de esos modelos contemplan distintas formas de contacto y relación con el poder legislativo y, en no pocos casos, con el ejecutivo».
Así, recuerda a los procesados que incluso el Tribunal de Estrasburgo, en el que continuamente se apoyan las defensas en sus distintos recursos, «no es ajeno a una participación directa del poder político en el nombramiento de sus magistrados». Lo mismo sucede con el modelo de gobierno de la justicia belga, dice Marchena, «fuertemente gubernamentalizado» y no por ello «estigmatizado» por los procesados.